Un letrado al teclado

Nos mudamos

2010-09-28T12:50:00.001+02:00

Nos mudamos a

http://antjosmg.wordpress.com/

A partir de hoy, Red y Libertad

2010-01-12T18:54:00.000+01:00

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.
Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o “ley de la patada en la puerta”). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200.000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

Los artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D, “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A, “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C, “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B, “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y delegaciones diplomáticas.

Firmado:

Antonio José Muñoz González

Red SOStenible

La Red SOStenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Guía básica de insurrección contra la normativa para cerrar webs en España

2010-01-11T20:34:00.000+01:00

Guía básica de insurrección contra la normativa para cerrar webs en España: "

Durante el pasado viernes día 8 el Gobierno de España aprobó en el primer Consejo de Ministros del año su paquete de medidas para cerrar webs de descargas, las cuales, como ya adelanté por aquí, se escapan completamente de toda lógica. ¿Y en qué va a consistir? Pues de forma resumida y sin haber podido leer la norma (ni yo ni nadie, ya que no se ha publicado, se supone que eso pasará hoy) el proceso será tal que así:

Los propietarios de derechos de autor (particulares o entidades) denunciarán ante una Comisión de Propiedad Intelectual a aquellos sitios que supuestamente infrinjan derechos de autor. Dicha comisión decidirá si infringen o no derechos de propiedad intelectual para, en los casos afirmativos, comunicárselo a los responsables de las webs. En este punto se abre plazo de alegaciones para dichos responsables tras el cual si la comisión administrativa entiende son insuficientes, se ordena la retirada del material protegido de los sitios. Finalmente si las presuntas infracciones persisten, solicitarán autorización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para bloquear o cerrar la web que toque, Sala que tendrá que resolver en un máximo de cuatro días. Recibida la autorización, la Comisión de Propiedad Intelectual hará efectiva la medida.

Esta es la explicación que más o menos han dado la mayoría de medios de comunicación sobre el nuevo procedimiento, recalcando una y mil veces que ahora aparece la figura del juez en el mismo, una de las cosas que se pedían en el #manifiesto. Pero eso, al igual que otras muchas cosas más que están saliendo en los medios de comunicación de boca de la Ministra de Cultura o algún representante de la asociación protectora de derechos de autor de turno, son verdades totalmente parcializadas y si nos ponemos a rascar un poco resulta que ante lo que realmente estamos es un galimatías administrativo y jurídico con un único objetivo: blindar, más, una industria cultural totalmente obsoleta que no es capaz a sustentar su arcaico modelo de negocio.

Pero estamos a tiempo de intentar frenar esta barrabasada, la normativa aún tiene que pasar por el Parlamento y por el Senado y además el Gobierno también necesita modificar varias leyes más si quiere ponerla en funcionamiento. Es necesario pues hacer entender al resto de fuerzas políticas y ciudadanía ante lo que realmente estamos y para eso esta pequeña “Guía básica de insurrección contra la normativa del Gobierno de España para cerrar webs”, que paso seguidamente a describir.

Tres pilares fundamentales la conforman: el primero, lo leído hasta aquí (una explicación general de la situación y la normativa), el segundo, argumentos contra la norma, el procedimiento y todo lo que les rodea y finalmente el tercero, acciones que puede emprender cualquier ciudadano con conexión a Internet para intentar que esto no llegue a aprobarse. Sin más dilación, al turrón.

Argumentos contra la normativa y el proceso

La nueva normativa carece de sentido. La Justicia española ya cuenta a día de hoy con herramientas suficientes para luchar contra los que se salten derechos de propiedad intelectual. Que esta siempre resuelva en contra de la industria no es culpa de nadie y menos de los ciudadanos

El poder ejecutivo intenta traspasarse competencias que son propias del judicial y con ello dinamita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que es la separación de poderes

Se le da rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, algo que debería ser dilucidado con mucha más calma y por varios estamentos y no solamente por el ejecutivo

Si la normativa se aprueba, supondrá un agravio comparativo con otros sectores industriales y los propios ciudadanos. ¿Por qué la industria cultural tiene que tener “juicios rápidos” y el resto no?

Se va a cargar de más trabajo a la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que se ocupa de los casos más graves, como por ejemplo los relacionados con terrorismo o corrupción

Los ciudadanos no somos los culpables de que un sector se esté muriendo por el avance tecnológico. Ha pasado lo mismo en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y en ninguna se impulsó su supervivencia a base de leyes

Quien decidirá en primera instancia si hay o no infracción será una comisión administrativa, no un juez

Los jueces pasarán por encima del asunto, no decidirán si determinada web ha vulnerado derechos de propiedad intelectual

El proceso puede utilizarse contra cualquier sitio de la red que los demandantes consideren está violando derechos de propiedad intelectual, aunque el Gobierno asegure que solamente se usará contra “no más de 100 webs”

El intercambio de archivos o enlaces en sitios para facilitar el intercambio de los mismos no es delito en España. La ley está dando por supuesto que lo anterior es un delito al establecer una comisión para investigarlo

La normativa choca o vulnera varios artículos de la Constitución (20, 24.2)

No es de recibo que para llevar la nueva norma hacia delante el Gobierno tenga que modificar nada más y nada menos que cuatro leyes, una de ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial

Acciones contra la normativa y el proceso

Si tienes acceso a medios tradicionales distribuye en ellos los argumentos citados anteriormente

Deja patente tu disconformidad con la normativa en tu cuenta de Twitter, Facebook o cualquier otro sitios social

Distribuye los argumentos aquí expuesto (u otros), en tu web o blog

Copia esta imagen donde quieras

Pide a resto de fuerzas políticas del país voten negativamente contra toda medida relacionada con la nueva normativa (vía Twitter por ejemplo: @ppopular, @iunida, @pnveaj, @ciu etc)

Inicia cualquier otra acción de lucha que se te ocurra y apoya las que conozcas

Contribuye a centralizar las quejas en determinados canales (si ya existe un grupo en Facebook de protesta, no crees otro, únete a ese)

Menea, retwittea y copia

Y poco más que añadir a lo dicho hasta aquí. Es el momento de que nosotros, los ciudadanos, actuemos. La red nos otorga un poder de presión tremendo, como ya vimos con el #manifesto el cual demostró que la línea entre la vida real e Internet ya está rota. Se consiguió forzar una reunión con la Ministra de Cultura, también hubo reuniones con representantes de otros partidos políticos y la revuelta impactó de lleno en los medios de comunicación masivos.

Aunque sea cierto que el objetivo máximo, la eliminación de la disposición primera, no se consiguió, eso no es razón para aflojar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que todo se quede como está, pero eso ya lo tenemos seguro al cien por cien si no hay movilización.

Nos toca.

En defensa de los derechos fundamentales en internet

2009-12-02T20:24:00.000+01:00

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

2009-10-05T16:55:00.000+02:00

Hoy me ha llegado una versión de Windows 7 Ultimate, Edición Limitada, cortesía de Microsft, dentro del programa "House Party" del Lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo.

Aquí dejo unas tomas de la caja, enviada desde Nueva Jersey, vía Alemania, Vitoria hasta Zaragoza, en poco más de tres días, mediante mesajería urgente.

El pack incluye la version de 32 y 64bits, diez bolsas, unas servilletas, un puzzle, un poster y material promocional.

De agradecer, si tenemos en cuenta que la versión Ultimate tiene un precio de más de 300,00 €.

Este finde semana nos dedicaremos a su instalación.

Los otros hombres de Paco

2009-05-06T18:40:00.002+02:00

Topicazo de hoy que me ha hecho sonreir.

Escenario: Brigada de estupefaccientes de la Policía, mientras asisto a un detenido por un delito contra la salud pública.

Protagonista: Un policía de paisano, ya entrado en años, vestido de manera informal: vaqueros y chaqueta de sport.

Momento: le suena su móvil particular.

Melodía del móvil: efectivamente, no podía ser otra. La del inspector Miranda de "Los hombres de Paco"

Efecto: una sonrisa tímida por mi parte y la de los otros dos policías, jóvenes, que además han compartido una mirada cómplice.

Incurable

2009-02-04T18:19:00.002+01:00

Lo que en su día escribí en mi artículo Licencia para reenviar es definitivamente el síntoma de una enfermedad incurable. Me rindo.

Otros, como en Reflexiones e Irreflexiones mantienen la espada en alto. Yo ya no puedo. Lo siento

Costas astronómicas

2009-01-29T13:51:00.003+01:00

IAbogado de Javier Muñoz, tiene nuevo ídolo, y yo me apunto al club de fans: un abogado teutón que ha conseguido -para entendernos- una condena en costas a cargo de la administración alemana por importe de 440.000 € (si, no esta mal la cifra) por una hora de trabajo, realmente por un único escrito. ¿Alguien más se apunta?

Blogs de abogados

2009-01-25T20:47:00.001+01:00

Cualquier técnico en marketing afirmará que hoy en día, la presencia de cualquier actividad profesional en Internet en fundamental e imprescindible. Y esta máxima no excluye a los abogados, ya sea a aquellos que ejercen su labor profesional en despachos unipersonales y colectivos, o aquellos integrados en una gran firma.

Casi treinta años después de la aparición de Internet como nuevo fenómeno de difícil clasificación en el panorama de nuestro país, es complicado encontrar hoy algún despacho profesional de cierta enjundia que no tenga su presencia en la red a través de una página web, mas o menos detallada y compleja, y de mejor o peor desarrollo. Poco más se puede decir. La presencia de nuestra actividad en la red se ha convertido en imprescindible, del punto de que casi se puede afirmar que aquel que no está, no existe.

Además Internet, a este nivel, ha producido un efecto socializador entre despachos. La escasa inversión económica que supone el tener un dominio propio en la red y una presencia web a través de una página, supone que el más humilde de los letrados con despacho unipersonal puede rivalizar con el mayor bufete con presencia internacional, y en algunos casos superarlo mediante contenidos web más atractivos, interesantes o actualizados.

El problema que se plantea a partir de la presencia web ya estable y conseguida, en ciertas condiciones de dignidad, es la sensación de estática que pueden producir ciertas páginas web de abogados o despachos de abogados. No hay que confundirse. No podemos considerar nuestra pagina web como una mera tarjeta de visita gigantesca, disponible veinticuatro horas al día los siete días de la semana. La red es fuente de información dinámica. Y la información cambia cada minuto. No podemos por ello consentir que nuestra presencia web se convierta en algo estático, no cambiante, corriendo el riesgo de convertirse en una pieza de museo en pocos meses.

Lo ideal sería que nuestra presencia web se actualizara de forma dinámica, como si de un periódico digital se tratase, plasmando todas las novedades o noticias que protagonice nuestro despacho, o nuestro sector de actividad, ya sean novedades legislativas, sentencias importantes, o cualquier otro asunto de interés. Incluso sería muy interesante proporcionar a nuestros clientes la posibilidad de consultar vía nuestra web, con las lógicas cautelas tecnológicas, el estado de tramitación de sus asuntos. Nada de esto es ciencia ficción. Hoy en día existe y este tipo de servicios se están prestando.

Lógicamente este despliege tiene un coste económico y de dedicación, recursos ambos de los que nadie dispone de forma sobrada, y esto de la web esta en las últimas posiciones en el listado de prioridades de muchos compañeros.

Afortunadamente, la red esta repleta de recursos gratuitos para casi todo, y eliminando el coste económico de la ecuación que antes planteaba, con sólo algo de dedicación podemos acceder a algo que mejorará nuestra presencia web y que permitirá de alguna forma suplir la estática que puede llegar a sufrir nuestra presencia corporativa en Internet. Pero no podemos olvidar, como sabiamente recuerda el refranero, que lo cortés no quita lo valiente, y la idea que desarrollamos a continuación no empece para que nuestra presencia corporativa deba sufrir un “lavado de cara” al menos dos o tres veces al año, y la actualización inmediata de cualquier dato fundamental que sufra modificaciones.

El recurso del que hablo, que quizás alguno ya haya adivinado, es el de los denominados blogs o bitácoras. La palabreja blog deriva de la unión de las inglesas web y log (weblog), teniendo la segunda un significado similar al de diario. En castellano comenzaron a denominarse en un principio bitácoras, como homenaje a a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, donde el capitán transcribe diariamente las novedades y vicisitudes de la singladura. Este término, sin haberse perdido del todo (Google da 1.400.000 resultados a la busqueda “bitácora de“), ciertamente y en la práctica ha sido fagocitado por el anglicismo “blog”.

Un blog por tanto, es algo tan simple y tan complejo como un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.

En cada artículo de un blog, “entrada” o “post” en argot técnico, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer una especie de diálogo. No obstante es necesario precisar que ésta es una opción que depende de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues las herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no todos los internautas -o incluso ninguno- puedan participar. El uso o tema de cada blog es particular, los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo , políticos, y como no, de abogados o de temática jurídica.

El fenómeno blog ha aumentado exponencialmente en los últimos años de manera que hay muchos personajes conocidos del mundo legal español que lo utilizan como complemento a su presencia corporativa, de forma que actualizan con frecuencia sus actividades, colaboraciones, noticias que protagonizan o que son de interés para la actividad de una forma simple y gratuita.
Y esto no sólo abogados. También hay procuradores, secretarios judiciales, e incluso jueces con blog. Por citar un ejemplo del último de los colectivos, el cada día más mediático juez de menores Emilio Calatayud, ha estrenado muy recientemente el suyo en la siguiente dirección http://www.granadablogs.com/juezcalatayud.

Otros ejemplos son el de la conocida abogada Paloma Llaneza http://bitacora.palomallaneza.com o el de la Procuradora andaluza Isabel Sánchez Reche

En Zaragoza, tenemos también letrados con blog, y con gran repercusión a nivel nacional e internacional, como el de nuestro compañero Pedro J. Canut, http://www.blogespierre.com que dedica fundamentalmente sus entradas a sus reflexiones sobre E-derecho y sociedad del conocimiento. También cuenta con blog, como no, el conocido abogado sevillano especializado en propiedad intelectual David Bravo, al que tuve el placer de entrevistar en su día para esta páginas, y que podemos leer en http://www.filmica.com/david_bravo, y resulta muy interesante el Blog de Derecho público de Sevach en http://www.contencioso.es.

Incluso existen ya blogs de abogados de carácter más o menos corporativo, y no nos tenemos que ir muy lejos para ver varios ejemplos, algunos muy cercanos. Entre ellos alguno de los integrados en el portal del Consejo General de la Abogacía Española, como el de María José Balda, dedicado a la violencia de género (http://www.abogados.es/portalABOGADOS/blogs/mjbalda/blogs.html), con algunos ejemplos de falta evidente de actualización necesaria, sobre todo a la vista de la temática a la que se dedican; o el temático de extranjería de nuestro compañero de Zaragoza y reputado experto en la materia a nivel nacional, Pascual Aguelo (http://www.abogados.es/portalABOGADOS/blogs/paguelo/blogs.html).

Llegados a este punto, algún lector puede pensar: bien, me has convencido de la necesidad de contar con un blog como añadido dinámico a mi presencia más o menos estática en Internet. ¿Qué es lo que hay que hacer y cuanto me va a costar? Pues respondiendo a la segunda de las preguntas y como ya avanzaba, el coste económico puede ser cero. Además, no es necesario ningún conocimiento técnico para publicar nuestro propio blog. Basta con acceder a servicios gratuitos como Blogia (http://www.blogia.com/), por cierto aragoneses; o el servicio de blogs del todopoderoso google (http://www.blogger.com) para, en unos pocos minutos tener nuestro blog en marcha siguiendo unas pocas y simples instrucciones.

Solventada la parte técnica (sin olvidar el preceptivo enlace a nuestra presencia corporativa estática), queda la intelectual, referente a los contenidos, temática, difusión, conveniencia o no de permitir comentarios, frecuencia de actualización, grado de personalización de las publicaciones, y un largo etcétera de cuestiones para las que, el que firma, le es difícil dar consejos que entienda completamente acertados, pero que otros más aventurados no han dudado publicar en internet, sirviendo este post de Maestrso del Web como un pequeño ejemplo de otros muchos cientos: (http://www.maestrosdelweb.com/editorial/consejosblog/)

En definitiva, y a sabiendas de que me repito, las líneas anteriores no son otra cosa que un pequeño acicate para aquel compañero que desee empezar a acercarse a las nuevas tecnologías, esta vez particularmente a los blogs tenga unas breves pautas que puedan despertar su interés, remitiéndome, como siempre, a la red de redes, para mayor información.

Mejor con abogado

2009-01-20T12:55:00.001+01:00

Acertadas reflexiones que leo en Logic.com

Hace 7 años que me muevo con mi propia empresa, y un recurso que he necesitado y utilizado siempre es el abogado.

Emilio Calatayud abre blog

2009-01-19T21:25:00.001+01:00

Pues eso, que el famoso y mediático Juez de Menores Emilio Calatayud ha abierto su blog, al alimón con el Periodista Carlos Morán.

Emilio Calatayud

Nueva página web del SAM-Zaragoza

2008-12-01T11:35:00.001+01:00

En el día de hoy se lanza oficialmente la página web del Servicio de Atención a la Mujer del Real e ilustre colegio de Abogados de Zaragoza, en el que el firmente tiene una humilde participación. Incluye un foro abierto a la discsusión sobre la temática abierto a profesionales y a interesados.

Todo el mundo es bienvenido

Enlaces:
Servicio de Atención a la Mujer
Foro del SAM
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

Google street car

2008-09-10T13:33:00.003+02:00

Después de haber leído en varias ocasiones sobre el "avistamiento"(1, 2, 3) de coches de Google tomando imágenes de las calles de diversas ciudades para Google Street, en el día de hoy he podido ver personalmente, y hasta tres veces en menos de media hora, uno de esos vehiculos en mi barrio (San José, de Zaragoza) haciendo uso de sus potentes cámaras. Igual me han retratado en alguna.

El acuario de la Expo Zaragoza 2008

2008-09-05T13:02:00.003+02:00

En la segunda de mis tres visitas a Expo Zaragoza de 2008, tuve la suerte, tras soportar las preceptivas colas para el fast-pass y para el acceso propiamente dicho, de visitar el acuario fluvial.

Muy bonito e interesante y una alegría que se quede en Zaragoza para siempre. Solo había un enorme "pero", que nos sorprendió profundamente tanto a mi, como a Marisol, mi mujer y a otros visitantes con los que compartimos la visita: la falta de rótulos explicativos de lo que hay en cada pecera. Vamos, que si no eres biólogo fluvial, te enteras de pocas cosas o dejas de reconoder muchas. Incluso nos planteamos presentar una reclamación, cosa que al final no hicimos por no encontrar el lugar adecuado.

Javier Armienta, en "Por la boca muere el pez" (y nunca el título de un blog fue tan adecuado) nos lo explica en su post "Circulen", y que me ha provocado una indignación de la que aún ahora me estoy reponiendo.

Por ello, si alguien pude decirme a que ejemplar corresponde el peza de la fotografía que tomé, que me lo diga.

¿Y qué hacemos con los datos?

2008-06-06T20:08:00.001+02:00

Como casi todos los avances, los tecnológicos aplicados al desarrollo profesional de la abogacía, estos vienen con una suerte de letra pequeña, de servidumbre, o de inconveniente para aquellos que nos aprovechamos de las ventajas de la innovación.

La informática aplicada al despacho de abogado no es una excepción. Los ficheros informáticos alojados en nuestro ordenador, en nuestro servidor, o en nuestra PDA contienen con frecuencia información en absoluto baladí. Comenzando por el orden penal, y terminando por los procedimientos de familia, pasando por asuntos relativos a incapacidades laborales y opciones de asignación tributaria en la declaración de la renta; manejamos datos muy sensibles.

Obviamente la prohibición de difusión de estos datos esta reglada, junto con otras cuestiones, con el secreto profesional del abogado respecto de las informaciones obtenidas de su cliente como resultado del ejercicio de la profesión.

Pero esos datos están alojados cada vez con mayor frecuencia en un ordenador, a través de archivos de distintos formatos, y además en equipos que se conectan intermitente o constantemente a internet.

Huelga decir que el equipo informático no es abogado, ni nada sabe de secreto profesional, y que entregará con eficiencia a quien sepa solicitarle de la manera adecuada los datos que aloja en los soportes a ello destinados: discos duros, cederrones o deuvedés, llaves USB, a quien le facilite la contraseña adecuada al login del acceso al servidor central de internet o de la correspondiente extranet.

Por ello es necesario proteger y custodiar los datos con una serie de medidas de seguridad que ya en su día fuimos desgranando desde estas páginas, medidas dirigidas no sólo a la protección de la integridad de aquellos, sino a impedir el acceso a la información a personas no autorizadas para ello.

Como era de prever, la ley ha entrado también a regular esta parcela de la actividad de la sociedad, implantando medidas tendentes al control de los datos personales y a regular como y de qué manera ha de conocerse la existencia de los archivos en los que se alojan, como han de custodiarse los mismos, y el funcionamiento del acceso del interesado a ellos.

Obviamente no estoy poniendo en conocimiento ninguna novedad. La regulación a la que hago referencia, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, existe como su propio nombre indica, desde el final del pasado siglo; junto con el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

No obstante, la modificación de la ley por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y la aparición del reglamento del desarrollo de la ley mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su reciente entrada en vigor, han comenzado a encender las luces de alarma en muchos despachos profesionales, no tanto respecto a cómo encarar el tratamiento de los datos personales que los clientes recopilan en su actividad, sino a hacerlo con los propios, y fruto de esta inquietud y de alguna consulta de compañeros angustiados, el letrado firmante se ha visto en la obligación de repasar un poco el status quo actual de la materia.

Partiendo de la premisa de que la ley nos dice que datos de carácter personal son cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables, algunos compañeros han sentido ante esta información sudores fríos, al darse cuenta que, excepto la grapadora, casi todo lo que hay en su despacho, desde el diploma colgado en la pared, hasta la agenda, es un dato personal susceptible de protección por la ley, y por tanto de obligada y adecuada custodia por el profesional.

Llegados a este punto, el primer paso que debemos dar de cara al cumplimiento de la ley, además de la custodia adecuada de los datos; es la comunicación de la propia existencia de los mismos bajo nuestra titularidad a través de el organismo competente, en concreto la agencia de protección de datos.

El trámite es relativamente simple y sencillo. A través de la página web de la agencia (https://www.agpd.es), desde el menú superior, en la opción RESPONSABLE FICHEROS, y en la sub-opción INSCRIPCIÓN DE FICHEROS, podemos cumplimentar online el correspondiente formulario al efecto de dejar adecuadamente registrado nuestro fichero de datos, haciendo llegar a la agencia de protección de datos el formulario autentificado mediante nuestra firma digital, obteniendo un recibo telemático de la presentación.

Si todo ha ido bien, en un par de días tendremos en nuestro buzón de correo ordinario la resolución administrativa que acuerda la inscripción de nuestro fichero. Con este simple gesto, estamos cumpliendo la ley, y además evitando una sanción por infracción que puede ser leve o grave según el caso, con una multa que pude desplazarse por una horquilla entre los 600 y los 300.000 euros, según nos informan los artículos 44 y 45 de la ley.

Pero inscribir el fichero tiene su miga. En primer lugar hay que reflexionar sobre la cualificación de los datos que tenemos en nuestro poder, ya que según sea el carácter de estos, tienen un distinto tratamiento.

La ley establece tres niveles, datos de nivel alto, medio y básico.

El nivel alto estaría constituido por ficheros con datos: de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, recabados con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas; y derivados de actos de violencia de género.

La primera en la frente. Como ya habrá descubierto más de un compañero, en un despacho profesional es el pan nuestro de cada día tratar con datos de afiliación sindical (en muchos procedimientos laborales), o recabados con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas (en cualquier atestado) y obviamente, aquellos derivados de actos de violencia de género.

El nivel medio alberga datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales; aquellos que se rijan por el artículo 29 de la LOPD (prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito); de Administraciones tributarias, y que se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias; de entidades financieras para las finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros; de Entidades Gestoras y Servicios Comunes de Seguridad Social, que se relacionen con el ejercicio de sus competencias; de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social; que ofrezcan una definición de la personalidad y permitan evaluar determinados aspectos de la misma o del comportamiento de las personas; y de los operadores de comunicaciones electrónicas, respecto de los datos de tráfico y localización.

Es decir, que si quedaba algún abogado en ejercicio que no acababa de verse en el nivel alto, habrá de reconocer que irremediablemente se encuentra en el nivel medio.

Finalmente, en el nivel básico la ley incluye cualquier otro fichero que contenga datos de carácter personal. También aquellos ficheros que contengan datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, cuando los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a entidades de las que los afectados sean asociados o miembros; cuando se trate de ficheros o tratamientos no automatizados o sean tratamientos manuales de estos tipos de datos de forma incidental o accesoria, que no guarden relación con la finalidad del fichero; y o - en los ficheros o tratamientos que contengan datos de salud, que se refieran exclusivamente al grado o condición de discapacidad o la simple declaración de invalidez, con motivo del cumplimiento de deberes públicos.

Como era de esperar, el nivel básico es la categoría residual que incluye todo aquello no abarcado en las dos anteriores, y que engloba la actividad propia de asociaciones, comunidades de propietarios, datos de facturación normal de una empresa o profesional (clientes y proveedores), relaciones para domiciliaciones bancarias de efectos.

Que cada letrado haga sus propias reflexiones, pero el que suscribe ha declarado sus datos como de nivel alto.

Esta calificación obliga a adoptar una serie de medidas de seguridad en el tratamiento que el reglamento detalla

De entrada, la distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal ha de realizarse cifrando los datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que dicha información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte (compresión y protección con contraseña, cifrado mediante firma digital, etc.). Es decir que nada de enviar un cederrón con un expediente completo por mensajero a un compañero sin tomar las precauciones pertinentes.

Los accesos a los datos protegidos han de almacenarse, conservando, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado, y en el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido. Este control que permite el registro de los datos detallados de acceso a los ficheros protegidos han de estar bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin que se deba permitir, en ningún caso, la desactivación del mismo, debiendo además conservarse de los datos de acceso al fichero durante un periodo mínimo de dos años.

Aunque esto parece muy complejo, analizando con detenimiento lo que la norma exige, puedo afirmar sin miedo a equivocarme que cualquier sistema operativo trae de serie mecanismos que permiten cumplir con este requisito de conservación de los datos de acceso a los ficheros objeto de protección. En cualquier caso, existe una amplia oferta de programas informáticos de gestión de expedientes específicos para abogados que ya incluyen esta funcionalidad de serie.

Además, el responsable de seguridad competente ha de encargarse de revisar periódicamente la información de control de acceso registrada y elaborar un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados al menos una vez al mes.

Solventado el acceso a los datos, sabiamente, la ley nos obliga a conservar no sólo una copia de respaldo o seguridad, sino otra del procedimiento de recuperación de los datos; ambas en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que tratan los datos.

Es decir, que ya nos podemos olvidar de guardar el deuvedé de la copia de seguridad en el cajón de debajo de la mesa del despacho. Como anécdota, recuerdo a un escrupuloso compañero que guarda la backup de su despacho en la caja de seguridad de una entidad bancaria, sustituyéndola semanalmente.

Este requisito está prácticamente resuelto. Hace tiempo que existen servicios remotos de copias de seguridad, y desde hace algún tiempo incluso nuestro consejo está ofreciendo esta funcionalidad a través del Servicio de Copias de Seguridad Electrónica Online que ofrece el Consejo General de la Abogacía (https://www.redabogacia.org/rabackup/home.jsp)

Finalmente la transmisión de datos de carácter personal a través de redes de telecomunicaciones (internet como norma general) se somete a requisitos de seguridad similares a la distribución de soportes, esto es, se ha de realizar cifrando los datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.

Solventamos esta exigencia con encriptación de archivos con nuestra firma digital o usando cualquiera de los numerosos programas de cifrado existentes, muchos de ellos gratuitos y prácticamente infranqueables técnicamente en un tiempo razonable.

Pero no todo iba a ser tan sencillo. No basta, por una parte, con comunicar a la agencia de protección de datos la existencia del fichero de datos y su nivel correspondiente, y por la otra adoptar las medidas de seguridad adecuadas a dicho nivel.

Además es necesario recordar que el artículo 9 de la Ley establece en su punto 1 que "el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural".

El Real Decreto de 2007 al que antes hacía referencia, aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley que, en su Título VIII, establece las medidas de índole técnico y organizativo que los responsables de los tratamiento o los ficheros y los encargados de tratamiento han de implantar para garantizar la seguridad en los ficheros, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento de datos de carácter personal.

Entre estas medidas, se encuentra la elaboración de un documento que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acorde a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos de carácter personal. Dicho documento tiene el nombre de Guía de Seguridad, y se trata de un documento que ha de encontrarse en todo centro donde se traten los datos.

Es el responsable del fichero, es decir, el letrado titular del despacho, quien ha de elaborar e implantar la normativa de seguridad mediante este documento, que el reglamente califica como de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal y a los sistemas de información.

El documento o guía de seguridad debe contener, como mínimo, los siguientes aspectos: ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos; medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Reglamento; funciones y obligaciones del personal; estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan; procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias; procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.

Todo ello sin olvidar que el documento deberá mantenerse en todo momento actualizado y debe ser revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o en la organización del mismo, debiendo adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.

En cualquier caso, y con independencia de lo que esté consignado en el documento o guía de seguridad, siempre habrá que atenerse a lo dispuesto en la Ley y en el Real Decreto de desarrollo de la misma y en el resto de previsiones relativas a la protección de datos de carácter personal, y que la utilización de esta guía debe, en todo caso, tener en cuenta los aspectos y circunstancias aplicables en cada caso concreto, sin prejuzgar el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos en el ejercicio de sus funciones.

Con estos apuntes, como siempre, pretendo dar unas indicaciones al compañero que se ha visto desbordado por la regulación del tratamiento de los datos de carácter personal. Una lectura reposada de las normas de aplicación, herramientas básicas que se pueden obtener gratuitamente por internet, un poco de paciencia y algo más de tiempo harán que nuestro fichero este protegido a los niveles requeridos legalmente, como si el mítico cancerbero se encargara de su custodia.

Licencia para reenviar

2008-03-02T20:09:00.003+01:00

Una de las mayores ventajas de las nuevas tecnologías es la facilidad y simplicidad de las comunicaciones. Me refiero ahora al correo electrónico que en ciertos ámbitos ha desterrado al envío de correo postal tradicional.

Cada vez recibimos menos correo ordinario y son más las empresas que intentan convencernos para que aceptemos sus comunicaciones electrónicas, ya sean facturas, extractos bancarios u otras comunicaciones. Las bondades de esta forma de comunicarse son fundamentalmente su coste prácticamente nulo, la inmediatez en la recepción, y la posibilidad de enviar adjunto a los mensajes todo tipo de archivos.

El paso de gigante que supondrá la implantación definitiva de LexNet en nuestra relación con juzgados y tribunales, injustificadamente demorado, hará que el papel sea algo obsoleto en nuestros despachos, y obligará a los más renuentes a subirse al tren de lo tecnológico.

Pero no es ese el tema de este artículo. El incesante goteo de personas que descubren el correo electrónico ha provocado entre otros, el auge de un fenómeno que algunos recordamos de niños: las cartas en cadena.

Aún recuerdo que en mi infancia se recibía de vez en cuando en nuestro buzón de correo un misterioso sobre sin remitente, con el destinatario escrito a mano, que contenía una inquietante misiva que nos compelía a reenviar diez o veinte copias de la misma (según las versiones) a nuestros conocidos o allegados, si no queríamos que un sinfín de males y desgracias nos acuciaran en el futuro más o menos inmediato. Y como colofón a la profecía, se nos ilustraba, a modo de ejemplo, con el fatal destino de algunos de aquellos que osaron «romper la cadena», o con las inesperadas alegrías o fortunas surgidas de la nada que recibieron quienes habían seguido escrupulosamente las instrucciones de la siniestra carta.

Este fenómeno sociológico, reeditado y reinventado, ha resurgido en la red multiplicando sus efectos y con diversas variantes. Si antaño el coste económico de la remesa de cartas era el trabajo de copiarla o fotocopiarla diez o veinte veces, comprar otros tantos sobres y sellos y depositarlas en un buzón de correos; actualmente con dos o tres clics de ratón y pulsando el botón de reenviar, tenemos el trabajo hecho a coste cero.

Obviamente ya no son sólo las cartas en cadena de carácter supersticioso, más o menos inofensivas, las que circulan a millones por los buzones electrónicos de ordenadores de todo el mundo, sino que han aparecido o se han reinventado fenómenos similares. Las estafas piramidales, la ya legendaria estafa nigeriana, las peticiones de envío de cartas o correos electrónicos a niños agonizantes o en espera de un trasplante, la recepción de infumables presentaciones de Power Point, la difamación de personajes públicos o de productos o marcas de éxito (García Márquez, el conjunto musical La Oreja de Van Gogh, Telefónica; Microsoft, Mc Donalds, y un larguísimo etc.)

La cosa no pasaría de una mera anécdota más o menos molesta si no fuera porque últimamente, y de manera más próxima, han llegado hasta mi buzón avisos absolutamente falsos, que aseguran que en Zaragoza se había instalado el violador del Valle d’Hebrón, y que desde entonces se habían producido varios intentos de violación en nuestra capital. También se me ha alertado de lo peligroso que puede ser entrar a comprar en un comercio regentado por ciudadanos chinos, ya que en el barrio de las Fuentes una mujer entró a comprar y jamás salió. O advierten de que no soltemos a nuestros niños de la mano en ningún centro comercial, pues en unos conocidos grandes almacenes zaragozanos, la policía detuvo a unos peligrosos secuestradores que habían arrebatado a una niña de seis años de sus padres, la habían introducido en el servicio, le habían cortado y teñido el pelo y cambiada la ropa, dispuestos a llevársela a su país.

Todos estos comunicados terminan con un ruego de su máxima difusión a todo tu círculo. Y como esa máxima difusión está a nuestro alcance pulsando el botón de reenviar de nuestro programa de correo electrónico, es frecuente que recibamos esos avisos multiplicados y de fuentes diversas.

La mezcla de buena fe mal entendida e ignorancia supina, hacen que este tipo de comunicaciones se multipliquen de manera exponencial, obligando en algunos momentos a la policía a emitir comunicados, como el que fue publicado en El Periódico de Aragón del pasado día doce de febrero de 2008 intentado desmentir noticias que habían corrido como regueros de pólvora: «Una mentira repetida mil veces puede convertirse en noticia. Así lo deben de creer quienes están difundiendo en las últimas semanas bulos que están provocando la alarma social en amplios sectores de la ciudad y que son tema de conversaciones en las calles y en los mercados. No es la primera vez que se propagan falsas noticias tendentes a crear el miedo entre la población en Zaragoza y en otras capitales, donde las mismas falsedades se difunden con la incorporación de algunas variantes. En la mayoría de los casos tienen una marcada orientación racista y xenófoba.»

Es decir, que nuestro buzón de correo electrónico va a ser con seguridad receptor, más tarde o más temprano de una noticia de este tipo, o de una cursilísima recopilación de poemas enviada por alguien que nos quiere, o de cualquier otro tipo de infumable contenido, siempre con el ruego de máxima difusión.

En la mayor parte de los casos nuestro remitente es alguien conocido, un familiar o amigo, que nos quiere bien y que con toda la buena voluntad del mundo quiere hacernos partícipe de una advertencia de un peligro, o compartir buenos deseos, o decirnos que nos quiere. De nada servirá entonces dirigirnos a él para hacerle ver su torpeza. Nuestra amistad se verá menoscabada y quedaremos como unos desagradecidos que ante un acto de buena voluntad han metido el dedo en la llaga de la ignorancia y el desconocimiento.

Sólo hay un remedio: romper la cadena.

Supongamos que una persona recibe un email en cadena y lo reenvía sólo a dos personas, y cada una de ellas hace lo mismo y lo reenvía a otras dos personas. Estas cuatro personas, hacen lo propio reenviando a un total de ocho. Éstas incluyen en la cadena a dieciséis personas más. Hasta este momento hay 31 personas involucradas. No tiene sentido seguir todo el hilo de pensamiento por escrito ya que creo que se puede entender la idea. Si continuamos acumulando las potencias de dos, La fórmula matemática sería: n=0-60 E 2n (siendo n la variable, y muestreando desde 0 a 63)

Si a estas alturas queremos seguir adelante con el cálculo, nos habremos percatado de que una con una calculadora normal y corriente, no llegamos a ningún resultado. Con una calculadora científica más potente. Descubriremos que el resultado se aproxima a 1,84 x 1.019.

Lo que sería lo mismo a 18.400.000.000.000.000.000.

O para que nos entendamos los de letras, más de 18 trillones de personas.

Obviamente que ese número no refleja el número real que se obtendría por tres razones.

Ante estas expectativas resulta consolador recordar que el planeta Tierra sólo tiene 6.500 millones de habitantes y no todos tienen internet.

Aunque resulta inquietante pensar que cabe la posibilidad de que el mensaje no se lo reenviáramos a dos personas solamente, sino a toda nuestra agenda de contactos, que suman ciento cuarenta personas.

También cabe la esperanza de que cada persona que reciba su copia pueda pensar de otra forma y borra el email sin más, rompiendo la cadena.

Aunque también cabe la posibilidad de que la cadena no termine en el nivel 64 sino que podría continuar indefinidamente, haciendo que el email circule por la red por millones de copias y durante años.

Como resulta frecuente, la propia red que ha fagocitado este fenómeno que existía antes que ella, nos da algunas pistas para su solución. Como la carta en cadena y sus variantes se han integrado en algo nuevo, se han encontrado nuevas definiciones.

Las cartas en cadena son ahora una cosa denominada «hoax».

Según la Wikipedia, un hoax –del inglés, engaño o bulo- es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real. A diferencia del fraude el cual tiene normalmente una o varias víctimas y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, el hoax tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva haciendo uso de los medios de comunicación, siendo el más popular de ellos en la actualidad internet y no suelen tener fines lucrativos o no son su fin primario.

Las personas que crean hoaxes tienen diversas motivaciones dentro de las que se encuentran el satisfacer su amor propio, la intención de hacer una broma para avergonzar o señalar a alguien o la pretensión de provocar un cambio social haciendo que la gente se sienta prevenida frente a algo o alguien; también suele ser característico dentro de los autores de hoax el querer mofarse y hacer evidente la credulidad de las personas y de los medios de comunicación.

Existen centenares de sitios web que recopilan los engaños o «hoax» en una cruzada intentando que se rompa su difusión. No resulta desaconsejable visitar una de ellas para consultar ese mensaje que tenemos en la bandeja de entrada que nos avisa, por ejemplo, de que cuarenta encantadores cachorros van a ser sacrificados en las próximas setenta y dos horas si no aparecen cuarenta padres adoptivos, y que nos ilustra el drama con una fotografía a color de la camada.

Si dejamos a un lado que el mensaje de los cachorros indica que es del año 2005, antes de pulsar reenviar pensando en nuestros amigos y familiares amantes de los dulces canes, deberíamos usar el sentido común, o al menos confirmar o desmentir la noticia de alguna manera.

Es cierto que, como dice, un amigo mío informático algo cascarrabias, la mayoría de los problemas informáticos se localizan entre la silla y el teclado, y se reparan aplicando sentido común. No llegaré a tanto, máxime cuando en este problema hay mucho de buena voluntad mal aplicada.

Simplemente utilicemos los medios a nuestro alcance, pensemos durante unos segundos antes de actuar, imaginemos si a quien tenemos intención de reenviar un mensaje realmente deseará recibirlo y, probablemente, con una pizca de sentido común acertaremos.

No será entonces aplicar el título de este artículo, o la propuesta de necesitar pasar por un examen o cursillo, antes de que se active en nuestro ordenador el botón de reenviar del correo electrónico: licencia para reenviar.

Verdades como puños

2007-12-30T17:50:00.000+01:00

He tenido la ocasión de ver estos dos videos con una conferencia del Juez de menores Emilio Calatayud, y que acontinuación inserto con el ruego de que lo vean todos los padres y los hijos españoles que esten preocupados por la relación entre ellos.

La verdad es que ha sido como un soplo de aire fresco que entra en una habitación cerrada. Sería importante que los políticos escucharan estas palabras y se enteraran de una vez por todas los que piensa realmente la sociedad.

Primera parte

Segunda parte

SALIENDO DEL DESPACHO

2007-12-17T17:20:00.000+01:00

Como continuación a artículos anteriores en el que comentaba las necesidades informáticas medias de un abogado, hoy voy a dedicar este espacio a la movilidad de aplicaciones, o mejor dicho, a como satisfacer las necesidades de trabajar en lugares distintos al de nuestro despacho profesional con un coste económico mínimo.

Es frecuente que muchos de nosotros nos llevemos el trabajo a casa el fin de semana, durante un viaje, o incluso en los periodos de merecidas vacaciones. Tradicionalmente era necesario cargar con el expediente, con los códigos que recogen la legislación aplicable y el resto del material de trabajo, para con todo ello en la maleta, disponer de lo necesario para trabajar fuera de nuestro despacho.

A la vuelta del descanso, era necesario trasvasar nuestro trabajo a nuestro equipo informático habitual, con la consiguiente y engorrosa duplicidad de las labores de sincronización de nuestras tareas.

Las posibilidades da la movilidad de la información han terminado con esa necesidad. Quien más y quien menos cuentan en su domicilio con un segundo equipo informático destinado al ocio, propio o de la familia, o con un ordenador portátil. Partiendo de esa premisa vamos a poder trabajar fuera del despacho con un mínimo de preparación.

Una de las opciones más simples es contar con un llavero USB, que pueda conectarse tanto al equipo de trabajo como al portátil o al de ocio de nuestro domicilio o el de nuestro destino (hotel, cibercafé, oficinas de nuestro anfitrión, sala de letrados de los juzgados, etc.). Estos llaveros, por un precio entre los 15 y los 25 €, cuentan con una capacidad cada vez más alta (hasta de 8 GB) y nos permiten hacer muchas más cosas además de usarlos como un mero diskette para transportar archivos, infrautilización muy habitual.

Existen multitud de aplicaciones ofimáticas que cuentan con una versión móvil pensaba precisamente para estos llaveros USB y que cuentan con la ventaja además de que son completamente gratuitas. Configurando nuestro llavero con unas cuantas de esas aplicaciones, podremos llevar prácticamente un pequeñísimo ordenador portátil en nuestro bolsillo, listo para conectarse al puerto USB de cualquier ordenador, sin tener que preocuparnos si el equipo anfitrión contará o no con los programas necesarios para nuestro trabajo, ya que nosotros los llevaremos en nuestro llavero USB, con la ventaja añadida de que no perturbaremos la configuración del equipo en el que trabajamos de prestado en el caso de que no podamos hacerlo, bien por deferencia al propietario o por imposibilidad técnica.

Incluso si el equipo que estamos usando tiene acceso a internet, podremos hacer uso de nuestra propia aplicación móvil para navegar por internet, con la tranquilidad de que los datos de nuestra navegación quedarán archivados en nuestro llavero USB y no en el equipo anfitrión de manera que podremos hacer uso relativamente seguro de nuestras claves de acceso a correo, páginas web de jurisprudencia, etc. sin que queden rastros de esta navegación.

También es posible que el procesador de textos de nuestro equipo anfitrión no sea compatible con el nuestro, o que este configurado en otro idioma, o que incluso no tenga procesador de textos mínimamente adecuado a nuestras necesidades de trabajo. No hay problema. Nuestra llave USB también puede llevar nuestro propio procesador de textos, configurado a nuestro gusto, para trabajar cómodamente sin tocar las aplicaciones del equipo anfitrión.

Otra posibilidad importante es llevar nuestra agenda, mejor dicho, una copia de nuestra agenda, que podamos modificar o consultar y sincronizarla vía internet, para luego desde nuestro despacho, actualizar con la versión principal. También tenemos a nuestra disposición herramientas que nos permitirán de una manera cómoda realizar esta tarea.

La posibilidad de consultar, enviar y conservar nuestro correo electrónico desde nuestro llavero USB, salvando nuestra privacidad y la seguridad de nuestros datos de acceso, es otra ventaja importante. Existen aplicaciones móviles de correo electrónico que nos permiten hacer todo ello, sin tener que tocar la configuración del programa local de correo electrónico, ni introducir en él información sensible, como claves de acceso, de la que pueden quedar rastros tras terminar con su uso.

Una vez conocidas las posibilidades, vamos a configurar nuestro llavero USB como una herramienta útil para nuestro trabajo fuera del despacho.

Vamos a partir de un llavero USB de 4 GB de capacidad (más que suficiente para nuestras necesidades) con un precio de entre 15 y 20 € en cualquier tienda de informática.

Para prepararlo necesitaremos instalar en él un mínimo de aplicaciones móviles, es decir, que permitan su ejecución directa desde el llavero USB, sin necesidad de ningún archivo suplementario en el equipo en el que “enchufamos”

Para ello, con nuestro llavero alojado en un puerto USB de nuestro equipo, nos dirigimos a la siguiente dirección de internet: http://portableapps.com/ y dentro del apartado “Applications”, descargamos e instalamos en el llavero las siguientes: de la sección Internet; Mozilla Firefox portable edition, y Mozilla Thunderbird portable edition. Con estas dos aplicaciones, la primera el conocido navegador de internet, y la segunda el cliente de correo electrónico, tendremos cubiertas nuestras necesidades de conexión a internet desde equipos distintos al habitual. Podremos navegar por la red y consultar, enviar y gestionar nuestro correo electrónico desde cualquier equipo de manera fiable y segura. Tan sólo será necesario, tras la instalación configurar adecuadamente el programa de correo electrónico con nuestros datos, y empezar a trabajar.

De nuevo en http://portableapps.com/ nos dirigimos ahora a la sección “Applications/Office” y allí descargaremos OpenOffice.org portable y AbiWord Portable. La primera aplicación es la versión móvil de OpenOffice.org, de la que ya hablamos en su momento en estas páginas, y que permite trabajar con archivos de texto, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones; todo ello compatible con los programas de la suite Microsoft Office. La segunda aplicación, AbiWord Portable, es exclusivamente un procesador de textos compatible con Microsoft Word, lo que supone una duplicación con OpenOffice.org Writer, pero que corre mejor en equipos menos potentes, por lo que por seguridad, y ante lo poco que ocupa, conviene contar también con esta herramienta.

En esta sección de “Applications/Office”, también descargaremos e instalaremos en nuestro llavero la aplicación Sumatra PDF Portable, que se trata de un simple lector de archivos en formato PDF, por si tuviéramos que acceder a alguno y el equipo anfitrión no contara con un lector adecuado (algo sorprendentemente frecuente).

Hasta el momento, todas las aplicaciones detalladas son Open Source y por lo tanto suponen un coste cero para nuestra economía.

Con ese coste cero, también resulta recomendable descargar e instalar desde “Applications/Utilities” el compresor/descompresor 7-Zip Portable, que nos permitirá gestionar archivos comprimidos en formato 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, RAR, con independencia que en el equipo anfitrión se cuento o no con un compresor de esas características.

Finalmente, para quien use la mensajería instantánea, y se encuentre con la inexistencia de su aplicación favorita en el equipo en el que se encuentra trabajando, puede descargar nuevamente desde “Aplications/Internet” un interesante programa llamado Miranda MI Portable, que nos permitirá “chatear” con nuestros contactos de los programas de mensajería instantánea ICQ, AIM, MSN, Jabber, Yahoo, IRC y otros, incluyendo desde luego (MSM) al popular y extendido “Messenger”.

Como guinda de nuestras posibilidades de movilidad, podemos además, como antes mencionábamos, trabajar y sincronizar con nuestra agenda de trabajo, con la posibilidad de consultarla allá donde nos encontremos, y además modificarla, para después sincronizar los cambios en nuestro equipo principal. Para ello es necesario que contemos con nuestra agenda principal en nuestro equipo de trabajo dentro del calendario del programa Microsoft Outlook en cualquiera de sus versiones.

Primero es imprescindible contar con una cuenta en Google Calendar (http://www.google.com/calendar/) lo que implica primero y necesariamente contar con una cuenta en Google Mail, más conocido como gmail (http://mail.google.com/mail/). Los datos de acceso de la segunda nos servirán también para la primera.

Una vez tengamos nuestra cuenta abierta, que es completamente gratuita, siguiendo las instrucciones oportunas, nos crearemos en Google Calendar un calendario. Posteriormente sincronizaremos el calendario de nuestro equipo principal con el de Google Calendar y ya tendremos en internet una copia de nuestra agenda. Esta sincronización puede hacerse de manera manual, siguiendo las instrucciones de la ayuda de Google Calendar. Pero para facilitar la sincronización automática y sencilla entre nuestra agenda principal (Microsoft Outlook 2007 en mi caso) y Google Calendar, existe un pequeño y útil programa llamado gSyncit, que podemos descargar desde aquí (http://www.daveswebsite.com/software/gsync/), que en su versión gratuita nos permite sincronizar con un click ambas agendas de manera sencilla.

De esta forma, podremos consultar a través de Google calendar desde cualquier ordenador conectado a internet nuestra agenda, modificarla y sincronizar los datos, parta que luego, ya en el equipo de nuestro despacho, con gSyncit, trasvasar a nuestra agenda principal todos los cambios o nuevas entradas que hayamos realizado en Google Calendar.

Pero ¿qué ocurre si no tenemos acceso a internet? ¿No podemos trabajar con nuestra agenda de manera remota y luego de alguna manera trasvasar los datos posteriormente a Google Calendar?

Desde luego que sí. Para ello necesitaremos de otro programa que también instalaremos en nuestro llavero USB. Esta pequeña aplicación denominada Calgoo, podemos descargarla desde (http://www.calgoo.com/). Requiere abrir una cuenta gratuita. Tras instalar este programa, lo iniciaremos desde nuestro llavero USB y configuraremos siguiendo las instrucciones la sincronización con Google Calendar. Realizada nuestra primera sincronización, dispondremos de una copia de nuestra agenda en nuestro llavero dentro de Calgoo, sobre la que podremos trabajar sin problemas y sin necesidad de tener una conexión a internet. Tan sólo deberemos tener la precaución de, una vez en el despacho o en un equipo con conexión a la red, sincronizar Calgoo con Google Calendar para salvar los cambios, y luego hacer lo propio con Google Calendar y nuestra agenda de Microsoft Outlook. Dicho asi parece completo, pero el proceso completo tan solo nos llevará unos segundos.

De esta manera, podremos, con nuestra llave USB, trabajar con herramientas similares a las que tenemos en el despacho, sin necesidad de cargar con un ordenador portátil, y tras la vuelta al trabajo, sincronizar o trasvasar nuestros archivos y datos con los del equipo habitual. Contando además con la ventaja de que hemos podido consultar nuestro correo electrónico, navegar por internet con nuestros favoritos, y consultar y modificar nuestra agenda de trabajo.

Pero ¿y si hemos olvidado nuestro llavero USB, y nos encontramos fuera del despacho con la necesidad de trabajar? Aún existen soluciones siempre que tengamos acceso a un ordenador conectado a internet.

Con Google Calendar podremos seguir, como ya hemos visto, consultando y modificando nuestra agenda sin necesidad de nuestro olvidado llavero USB. Tan sólo deberemos recordar sincronizar los datos cambiados o añadidos, manualmente o con la herramienta gSyncit, cuando lleguemos al trabajo.

Respecto al correo electrónico, con nuestra cuenta el Gmail (http://mail.google.com/mail/), podremos igualmente enviar, recibir y consultar correos, incluso simulando que lo hacemos desde nuestra cuenta corporativa, posibilidad que se detalla en la configuración de Gmail.

Respecto a nuestro trabajo, con la herramienta Google Docs (http://docs.google.com/) a la que accederemos con los mismas claves que a Gmail, tenemos la posibilidad de crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, guardarlos para seguir trabajando con ellos, organizarlos en carpetas, e imprimirlos y luego exportarlos en formato DOC, PDF, Openoffice.org, texto plano, etc. Incluso si tenemos la precaución de, como un servidor, de tener alojados en Google Docs papel de cartas, cubiertas de fax, formularios básicos, etc., podremos trabajar sin más necesidad de un acceso a internet desde cualquier lugar del mundo.

Con estas breves indicaciones, como siempre, animo a los compañeros a investigar por su cuenta en el asunto, a que encuentren sus propias aplicaciones portátiles al gusto a las necesidades de cada uno, y sobre todo a incidir en la idea de que la informática es una herramienta cada vez más imprescindible en nuestro trabajo, pero también que nos facilita y hace más cómodo nuestro trabajo dentro y fuera del despacho.

Un juez, dos perros, y Walt Disney

2007-05-30T18:54:00.000+02:00

Un juez de Barcelona ha condenado a una mujer a indemnizar a los propietarios de un perro al que mató el suyo en una sentencia en la que cita la película 'La dama y el vagabundo' de Walt Disney para proclamar que el daño que sufren los que pierden a un ser querido no tiene precio.

En el fallo, el juzgado de primera instancia número 32 de Barcelona estima la demanda que presentó una familia propietaria de un cachorro yorkshire terrier al que un pastor alemán que iba suelto mordió en el cuello hasta dejarlo sin vida, durante un paseo por la playa Nova Icaria de la capital catalana.

El pastor alemán atacó al cachorro de yorkshire terrier, de apenas ocho meses, en presencia de la dueña del perrito muerto y de sus dos hijos, de ocho y 10 años.

Para fijar la indemnización a recibir por los dueños del cachorro, el juez recuerda una frase del filme 'La dama y el vagabundo' de Walt Disney que reza que "si hay una cosa que nadie ha podido comprar con dinero, ésa es el movimiento de la cola de un perro".

En opinión del juez, "no hay dinero para compensar" a la familia propietaria del cachorro puesto que "el daño que sufren las personas que pierden a un ser querido va mucho más allá de la pérdida patrimonial que pueda representar para ellos. En realidad, no tiene precio".

"Pero, por más simbólica que sea la indemnización, hemos de evitar caer en el ridículo", prosigue el fallo, que condena a la dueña del pastor alemán a pagar 2.000 euros a la familia propietaria del cachorro.

La magia vaginal

2007-05-14T12:49:00.000+02:00

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 10/02/2003, que no merece más comentario que recomendar una atenta lectura, y guardar una palmadita en la espalda ese compañero de carrera que todos tenemos que hizo judicaturas, y que con una frecuencia mayor que la que sería recomendable se encuentran con pleitos civiles de esta catadura.

Lo único destacable es que en este caso, podría haberse hecho uso de la prueba de reconocimiento judicial, casi perdida ya en la práctica, pero prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

PRIMERO Por la representación procesal de la parte demandante, Doña Esther, se interpuso demanda de juicio ordinario por violación de los derechos de propiedad intelectual frente a la demandada Doña Julia, concretando en los hechos primero y segundo de la demanda cuál es el objeto de la misma y que consisten en que su representada, la cuál es conocida con el nombre artístico de Trinidad, creó una obra denominada " xxxxx " consiste en realizar magia con el aparato genital femenino extrayéndose diversos objetos del mismo, y que precisamente esto es la particularidad y originalidad de su obra, y este arte de extraer, mediante actos de magia, objetos de la vagina, ha sido creación de su representada.

La demandante viene efectuando esta actividad en determinados establecimientos de Benidorm, y que la demandada ha copiado la misma actuación, pretendiendo de ésta el cese en la representación, comercialización o cualquier otra utilización usurpatoria e ilícita de la citada obra.

Seguido el pleito por sus trámite se obtuvo en la instancia sentencia estimatoria parcial de la demanda por cuanto se consideró la usurpación de la obra por la demandada aunque sin contener la condena de daños y perjuicios materiales y morales y la no imposición de las costas, sentencia que es recurrida tanto por la parte demandada, pretendiendo su absolución, como por la actora pretendiendo la integración de la resolución.

SEGUNDO.- Consta debidamente acreditado en los autos cómo la demandante presentó ante la Dirección Territorial de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia solicitud de inscripción de derechos de propiedad intelectual, lo que motivó la citada inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en fecha 16 de mayo de 2000, con número 00/2000/10503, con la denominación clase de obra pantomimas y título " xxxx ", y sobre un determinado libreto confeccionado por la autora en el que desarrolla la explicación de su espectáculo; inicia el mismo con un baile acompañado con un sexy, y a continuación la magia vaginal sacando hasta catorce objetos sucesivamente, y con el último truco termina el espectáculo. Así consta en los documentos 10 y 11 de la demanda. La demandada se dedica en la localidad de Benidorm a realizar un espectáculo con el nombre de el xxxxxx, tratándose de un striptease en el que intercala algún número de magia vaginal.

TERCERO.- (...)

CUARTO.- Dice el artículo 10 que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Con todos estos elementos doctrinales y legales, la sentencia de instancia estima la demanda por la consideración que en virtud de este citado artículo 10 la demandante ha creado una obra "original",un espectáculo con contenido de magia, y que precisamente su originalidad estriba en realizar los trucos acompañados de un baile sexy y una determinada coreografía.

Como se desprende de los documentos acompañados a la contestación a la demanda (doc. 6) por el informe de 16 de junio de 2.001 del Jefe de los servicios de calificación de inscripciones del Registro de la Propiedad Intelectual, los trucos de magia no son objeto de propiedad intelectual y, por tanto, no pueden ser inscritos; en relación con los espectáculos, si la coreografía o algún otro elemento que integre el espectáculo son una creación original de carácter literario, artístico o científico, dicha coreografía estaría protegida, con independencia de los trucos que contenga el espectáculo, sobre los que no recae ningún derecho de propiedad intelectual.

Llegados a este extremo no podemos por más que acoger el recurso de apelación que se interpone por la parte demandada puesto que pudiendo admitir que la actora haya creado un espectáculo original con baile, música, coreografía, y trucos de magia vaginal, lo único que se puede achacar a la demandada es que en su espectáculo de striptease haga también determinados trucos de magia vaginal, pero esos trucos no son originales, sino que incluso los objetos que le sirven de soporte para ellos se adquieren en las tiendas especializadas. No está acreditado en los autos que la citada demandada haya copiado el mismo espectáculo, y a lo sumo, que pueda hacer con mayor o menor arte, el truco, lo que no supone una violación al derecho de propiedad intelectual. Por ello, siendo estimado el recurso, la consecuencia es la íntegra desestimación de la demanda, siendo innecesario entrar a conocer sobre el recurso de apelación de la propia parte demandante; el cuál es desestimado.

Se puede consultar la sentencia completa (pdf) aquí

Entrevista a David Bravo

2007-04-19T17:01:00.000+02:00

Para quien no lo conozca, David Bravo Bueno, es un compañero sevillano, de veintinueve años de edad, que de unos años a este parte se ha convertido en el paladín de la defensa de la cultura para todos a través del derecho a la copia privada.

Se ha especializado en propiedad intelectual y en derecho informático, y participa habitualmente en debates y mesas redondas donde defiende con su gracejo andaluz, el derecho inalienable a compartir cultura y conocimiento.

Además es autor del libro «Copia este libro», publicado mediante licencia Creative Commons, cuyo título ya nos dice mucho sobre lo que defiende su contenido. También es autor de una carta abierta al presidente Sr. Zapatero con ocasión de la aparición de la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, y del ya legendario test del disparate donde compara la aplicación del Código Penal tal y como lo sugiere la industria discográfica, con supuestos de hecho socialmente considerados como más graves.

También es colaborador del programa de televisión "Noche sin Tregua" del canal Paramount Comedy, y fundador de la asociación O.S.R. junto a Alfonso Grueso y el rapero ToteKing, del que además de amigo es, aunque se difícil de creer, abogado.

- David, aunque supongo que estas harto de esta pregunta, ¿cómo un chico como tú se mete en esto de la propiedad intelectual e internet?

Me metí de la forma menos heroica posible: de puro miedo. Hace unos años, un abogado español anunció que llevaría a los tribunales a los que intercambian ficheros a través de Internet. Por la parte que me tocaba empecé a informarme sobre estos asuntos. Cuando descubrí que según el Código Penal no iba a pasar los próximos 4 años en prisión, escribí un artículo sobre el tema que publiqué en Internet y que, en poco tiempo, tuvo una gran difusión. Aunque la amenaza de denunciar a 95.000 españoles se diluyó con el tiempo, mi interés por este tipo de asuntos no se quedó ahí y, en la actualidad, dedico la mayor parte de mi tiempo a seguir de cerca las noticias e informaciones relacionadas con la propiedad intelectual.

- Supongo que esta tendencia al mundo de la propiedad intelectual y al derecho informático irá aparejado por conocimientos informáticos no jurídicos de cierta entidad.

Mis conocimientos de informática puede que sean algo superiores a la media (teniendo en cuenta que hoy en día hay miles de personas que suelen usar el ordenador fundamentalmente para jugar al buscaminas), pero no son conocimientos realmente profundos, sobre todo si lo comparas con la gente con la que me relaciono habitualmente. Por lo tanto, más que ser un auténtico experto en informática, tengo el teléfono de los tipos que lo son.

- Y al hilo de la informática ¿cuál fue tu primer ordenador?

Un Amstrad CPC 464. Al principio intentaba programar algo con el lenguaje BASIC y me emocionaba conseguir la proeza de que los bordes de la pantalla parpadearan y cambiaran de color.

- ¿Y cuál es el que ahora utilizas habitualmente?

Tengo 4 y cada uno lo uso para una cosa distinta. El que más utilizo es quizás uno fijo que corre a 3 Ghz.

- ¿Qué sistema operativo utilizas habitualmente en tu desarrollo profesional?

Ubuntu.

- ¿Consideras que el uso de la informática y de internet es fundamental para el desarrollo de la profesión de abogado?

En la planta donde tengo mi despacho hay otros dos abogados con 30 años de ejercicio. Uno de ellos se conectó a Internet por primera vez hace un año y el otro no lo ha hecho nunca y creo que nunca lo hará. Llevan su carrera perfectamente aunque de vez en cuando, el que no tiene Internet, me pide que le busque “en ese aparato que tengo” alguna que otra información. Por lo tanto creo que Internet es muy útil pero todavía no es absolutamente fundamental para el desarrollo de esta profesión, aunque no me cabe duda de que lo será en un futuro muy próximo y de que actualmente es, como mínimo, indispensable para que mi compañero deje de pedirme que le mire la variación del IPC cada dos por tres.

- Aunque parezca una perogrullada ¿Software libre, o propietario?

Libre.

- He leído por ahí que eres un tipo meticuloso ¿es cierta la leyenda?

No. Ese adjetivo viene por la manía de algunas personas a las que les caes bien de convertir defectos en virtudes. Lo que tengo es un poco de obsesión compulsiva que hace que repase lo ya hecho miles de veces antes de lanzarlo. En el 99% de las ocasiones esos repasos no aportan nada al resultado final y son, simplemente, una pérdida de tiempo. La leyenda viene también de mis conferencias, que preparo como monólogos donde todo está previsto y en las que mido el tiempo de forma igualmente obsesiva. Como ves, no se trata de algo digno de alabanza sino más bien de una compulsión como otra cualquiera que sólo me hace desperdiciar tiempo. Mi meticulosidad no es más que la común en la profesión.

- ¿Te prodigas por las salas de vistas de los juzgados? ¿qué tipo de asuntos llevas más?

Me prodigo todo lo que puedo y mis asuntos habituales, aunque no los únicos, son los relacionados con la propiedad intelectual. Son muy comunes en mi despacho los casos de músicos que tienen algún conflicto con su discográfica, o los de webmasters de páginas desde las que se ofrecen e-links o los de autores que ven lesionados sus derechos de autor por las mismas empresas que más se golpean el pecho públicamente a la hora de autoerigirse como firmes defensoras de la sagrada propiedad intelectual.

- Si quisiera publicar esa novela que tengo a punto de acabar, que me recomiendas, ¿copyrigth o creative commons?

El copyright lleva años demostrando que es el sistema más eficaz para que los autores lleven la dieta de Mahatma Gandhi y para que el público no cuente más que con restricciones para acceder a la cultura. Ante esa situación las licencias Creative Commons ponen alas donde el copyright coloca grilletes. Las licencias libres no sólo benefician al público, sino también a los autores que necesitan que su obra se extienda lo más posible. Parece evidente que si yo hubiera restringido el acceso a mis textos y mis conferencias no estaría ahora, entre otras cosas, contestando a esta entrevista.

- Conoces la iniciativa de nuestro compañero de Zaragoza, Pero Canut, llamada Coloriuris ¿qué opinas de ella?

Creo que es interesante el debate que Coloriuris ha abierto sobre la adecuación o no de las licencias Creative Commons a la legislación española. Personalmente creo que las licencias CC son plenamente válidas y que la sentencia que alguna vez ha sacado a relucir Canut para defender lo contrario está completamente malinterpretada. Aunque no es esa sentencia su único argumento, para conocerlos todos nada mejor que descargarse de Internet su reciente libro: “Coloriuris. Una aportación independiente a la cultura libre”.

- ¿Qué opinas del canon digital a impresoras multifunción, discos duros, Ipod y otros dispositivos que se pretende imponer por la industria?

Creo que las entidades de gestión tienen un lamentable doble discurso en ese sentido. Cuando están en un debate sobre las descargas de Internet, mantienen que las copias realizadas por esa vía no son copias privadas y que son, por tanto, ilegales. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de defender el canon por copia privada, aseguran que éste faculta para realizar todas las copias que los ciudadanos quieran, incluidas las que se realizan a través de Internet.

La realidad es que mientras el canon ha ido expandiéndose cada vez más, la copia privada se ha restringido hasta tal punto que son poquitas, muy poquitas, las copias que se hacen en este país y que puedan ya considerarse, al menos sin discusión, privadas. Se paga más y, al mismo tiempo, te dejan hacer cada vez menos.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor en Julio del año pasado en España es buen ejemplo de que las exigencias de las multinacionales, a veces, se convierten en leyes. El concepto de copia privada, hasta llegar a su confusa definición actual, ha dado varios cambios en el proceso de reforma de la Ley. No hay más que echar un vistazo a los cambios para darse cuenta de los intereses a los que sirve la actual Ley de Propiedad Intelectual. La definición ahora en vigor de copia privada intenta conciliar dos intereses exclusivamente privados: por un lado es lo suficientemente restrictiva para poner en peligro las descargas vía P2P pero sin serlo tanto como para poner en grave riesgo el canon remuneratorio que se aplica a todo medio apto para contener reproducciones de obras intelectuales.

- ¿No resulta contradictorio el querer cobrar un canon con la supresión del derecho a la copia privada?

Choca con el más elemental sentido común.

- Si hay algo cierto, es que en los últimos años está cambiando la escena en el mundo de la cultura, la música y el cine. ¿Hay alguien que no se da cuenta de esto, o simplemente se intenta poner puertas al campo?

A nadie se le escapa que no es la cultura la que se muere sino simplemente un concreto modelo de negocio que ha de adaptarse a la fecha que marca el calendario. La propia SGAE, de vez en cuando, reconoce esa obviedad. Teddy Bautista, presidente de SGAE, asegura que “"Lo que está en crisis no es la música, sino un modelo concreto de negocio porque la música en vivo parece estar experimentando un momento de auge”. Pedro Farré, jurista de SGAE, también lo tiene claro: “Lo que está en crisis es el mercado del disco. La música, en cambio, está muy viva”. Pero no es eso lo que dicen cuando salen en televisión. Cuando Teddy Bautista y compañía fueron a ver al presidente del gobierno para plantearles sus quejas por lo que ellos llaman “piratería”, el slogan utilizado fue: “La música se muere, ayúdanos”. La razón de que eso se haga así es porque si el slogan fuera “Mi concreto modelo de negocio se muere, ayúdanos” la respuesta podría ser: “Vuestro fallido modelo de negocio no es mi problema”.

- ¿Has defendido alguna vez a un mantero?

Hasta ahora a ninguno.

- ¿Qué opinión te merecen las páginas de enlaces P2P que obtienen ingresos por publicidad?

Me parece que la conducta que realizan es atípica. El tipo penal del artículo 270, que es el que se usa como arma contra este tipo de páginas, no encaja con lo que se hace desde estas webs por la sencilla razón de que, independientemente de la existencia de ánimo de lucro, falta el elemento objetivo: esas páginas no realizan una comunicación pública de obras intelectuales. Las páginas de elinks no alojan ninguna obra intelectual, sino que ofrecen enlaces a las mismas y eso no es más que un mero dato fáctico. Como dice Ignacio Garrote: «Es necesario distinguir entre la posición jurídica del proveedor del enlace y la del usuario que efectivamente lo activa. Cuando se crea un enlace normal no entra en juego ninguno de los derechos de autor respecto del proveedor del enlace, puesto que meramente se está copiando una dirección URL, que es un mero dato fáctico, y por tanto no protegible por el derecho de autor. Es por tanto posible establecer enlaces en la Red de manera libre sin infringir derecho de autor alguno».

- ¿Internet es tan malo como algunos nos lo quieren hacer ver?

En lo que respecta a la difusión de obras intelectuales, el problema principal que plantea Internet es que dispersa la atención que antes estaba concentrada. Las discográficas ya se están adaptando a los nuevos tiempos probando nuevos modelos de negocio, pero ese no es sólo el problema. Mientras las discográficas ya apuntan a poner toda su música en Internet y gratis para el público, cobrando por medio de la publicidad, siguen protestando por las descargas de Internet. Creo que la razón de esto la puede explicar fácilmente mi primo. Mi primo, antes de conocer otro tipo de música a través de las redes P2P, compraba lo que le decían que tenía que comprar. Las empresas que venden discos necesitan de otras empresas, las de publicidad, para que produzcan a los consumidores de esos discos. Las discográficas y las editoriales prefieren un mercado predecible antes que disperso, heterogéneo y cambiante. La razón está clara, no quieren darse el bacatazo que supone sacar un disco que no compre nadie y eso se consigue cuando tienes a todos los consumidores pendientes de dos o tres grupos o cantantes que son valores seguros gracias a la machacona publicidad que has lanzado en medios que controlas. El hecho de que las multinacionales buscan un mercado predecible no es una suposición, sino que es un pecado confesado por ellas mismas. Cuando las estaciones de radio más minoritarias preguntaron a la RIAA por qué establecía un precio tan alto para la comunicación pública de sus obras expulsando así a cientos de emisoras, la RIAA contestó: “la verdad es que no queremos que el modelo sea el de una industria con miles de emisoras, creemos que debería ser una industria con cinco o siete grandes actores que puedan pagar una tarifa alta y que sea un mercado estable, predecible”.

Internet hace que sea más difícil dirigir y controlar la demanda de los productos culturales. Son ahora muchos los que están descubriendo músicos que ni sabían que existían porque no salían en televisión. Eso quiere decir que puede que en un futuro muy cercano el próximo disco del superventas del momento no sea ya, necesariamente, un éxito comercial asegurado.

- ¿Cómo compaginas el ejercicio profesional con charlas, conferencias, colaboraciones en programas de televisión y tu tiempo libre?

Es complicado, pero más que por la falta de tiempo, porque se trata de actividades muy distintas y que me obligan a representar papeles muy diferentes dependiendo de la situación. No descarto volverme loco.

- Me imagino que te gustará el rap, pero ¿qué otro tipo de música te gusta?

El rap no es mi tipo de música favorita, aunque muchos de mis clientes, y algún amigo, son raperos bien conocidos en ese sector. Me gusta más el rock. Soy de Led Zeppelín, Metallica o Deep Purple. Cuando estoy más tranquilo, me gusta también escuchar a Coltrane, Miles Davis o a cantautores, herencia directa de mi madre, como Silvio Rodríguez o, más cercanos a mi generación, como Ismael Serrano.

- ¿Te habían entrevistado alguna vez sin nombrar las siglas SGAE?

Hasta este mismo momento, pensaba que esta entrevista iba a ser la primera en conseguirlo.

- Por último, ¿me permites copiar tu libro?

La licencia Creative Commons que tiene permite su copia sin ánimo de lucro incluso para usos que no sean estrictamente privados. Sinceramente pienso que ese derecho a copiar sin ánimo de lucro debería ya estar claramente previsto en la legislación sin necesidad de autorización alguna por parte del titular de los derechos. Sería deseable que así fuera no sólo para proteger el derecho al acceso a la cultura sino porque prohibir algo así en el actual momento tecnológico es tan eficaz como intentar parar el agua que atraviesa una canasta de baloncesto.

Juzgados: Retrasos y falta de respeto

2007-02-26T09:31:00.000+01:00

La desatención y el comportamiento irrespetuoso de funcionarios y jueces con ciudadanos inmersos en pleitos generó en 2006 un total de 1.078 quejas y denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial. El 52% de esas protestas fueron por mal trato dispensado por funcionarios, y un 35% se las repartieron los jueces (un 23,2%) y los fiscales (un 12,4%). Estos usuarios denuncian atención deficiente y trato descortés. Las quejas y reclamaciones contra el funcionamiento en general de la Administración de Justicia ascendieron el año pasado a 12.633 (frente las 11.000 de 2005), según un informe del Consejo del Poder Judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los retrasos, las instalaciones y la deficiente atención al ciudadano son los principales motivos de queja de los usuarios de los juzgados y tribunales españoles. El 75% de las irregularidades denunciadas a la Oficina de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, 9.518, fueron por el anómalo funcionamiento de los juzgados y tribunales, y de éstas, más del 50% son porque la justicia ni es ágil (retrasos) ni tecnológicamente avanzada.

La mayoría de las quejas obedecieron a las largas demoras que se producen desde que se plantea el pleito hasta que se cierra. Sólo la Sala Civil del Tribunal Supremo acumula entre tres y cinco años de retraso antes resolver un caso con sentencia. A ello se unen las demoras en los juzgados y luego en las audiencias provinciales. Los juzgados mercantiles de Madrid están señalando vistas ahora para 2009. "El número mayor de motivos de reclamación que se registra es el relativo a la dilación de la tramitación de los procedimientos (...) Y en la mayoría de los casos tiene que ver con una deficiente dotación de las plantillas y de los mecanismos para la cobertura de bajas, vacantes y vacaciones" del personal judicial, señala el Consejo en su informe.

Hasta 4.294 quejas fueron debido a que se vulneró el derecho del usuario a una justicia rápida y a ser informado de las causas del retraso. En España hay unos 4.400 jueces y magistrados, que en 2006 tramitaron la cifra récord de más de 8 millones de asuntos. 357 quejas lo fueron por falta de transparencia en órganos judiciales. Es decir, por deficiente información sobre horarios de juicios, acceso a las diligencias, o información telefónica inadecuada; 239 personas se quejaron de que sus juicios habían sido suspendidos sin haberles informado de ello, perdiendo una mañana o un día de trabajo. Y 51, por impuntualidad de jueces y funcionarios a la hora de cumplimentar los actos prefijados.

El Consejo destaca los problemas que están sacudiendo los juzgados de primera instancia e instrucción que hacen guardias y tienen que ver sobre la marcha asuntos de violencia doméstica urgentes. Según el Consejo, la dedicación del juez a la atención de estas causas está generando retrasos fuera de lo común en otras causas más complejas que llevan estos mismos juzgados.

También abundan las reclamaciones por deficientes instalaciones, que obligan a agresores y víctimas a esperar en el mismo pasillo a que el juez les reciba. "Sigue siendo un problema", señala el informe, "la adaptación de los edificios a la necesidad de proteger a las víctimas y facilitar el acceso a los discapacitados. Llama la atención que en edificios de reciente construcción que se han rehabilitado para la ubicación de dependencias policiales", añade, "sigan existiendo barreras arquitectónicas (111 quejas ha habido por este motivo) y que no existan salas de espera diferenciadas (un total de 25)".

La oficina que se encarga de tramitar las quejas de los ciudadanos pertenece al Consejo y con ellas trata de identificar los principales defectos del servicio público de la justicia en España y buscarles una solución. Y si entiende que la queja es disciplinaria, tiene obligación de derivarla a los servicios de inspección para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables. Pero apenas si se adoptan medidas contra nadie. El año pasado sólo se tramitaron cinco expedientes disciplinarios.

Fuente El País

Sentencia del TC que estima recurso de amparo de condenado por delito contra la seguridad del tráfico (conducir bajo los efectos del alcohol)

2007-02-06T09:35:00.000+01:00

Resumen:Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena, por delito contra la seguridad en el tráfico, previsto en el art. 379 del Código penal, fundada en una prueba de alcoholemia que no acredita todos los elementos fácticos del delito (STC 145/1985). La influencia de bebidas alcohólicas constituye un elemento normativo del tipo penal que consecuentemente requiere una valoración del Juez, en la que éste deberá comprobar si en el caso concreto de la conducción estaba afectada por la ingestión del alcohol. Para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica en el conductor, sino que, aun cuando resulte acreditada esa circunstancia mediante las pruebas biológicas practicadas con todas las garantías procesales que la Ley exige, es también necesario comprobar su influencia en el conductor; comprobación que naturalmente deberá realizar el juzgador ponderando todos los medios de prueba obrantes en autos que reúnan dichas garantías. La prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede producir esa condena, ni es una prueba imprescindible para su existencia. En el acto del juicio el recurrente reconoció que había consumido alcohol con moderación, y de la declaración de los agentes que efectuaron el control se deduce que uno no recordaba nada en cuanto a síntomas externos del acusado y el otro dio una respuesta vaga e imprecisa sobre aliento, deambulación y olor, a la que no se le dio valor probatorio alguno. El Juzgado de lo Penal concluye, por tanto, que el único hecho objetivo probado es el resultado de la prueba de alcoholemia. Vacío probatorio en cuanto a la influencia del alcohol en la conducción. Voto particular.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 6598-2004, promovido por don J.C.M.F., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Rodríguez Colorado y asistido por el Abogado don Pedro Luis Alonso Magdalena, contra la Sentencia núm. 662/2004, de 22 de septiembre de 2004, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de Hecho

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 5 de noviembre de 2004, doña Pilar Rodríguez Colorado, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don J.C.M.F., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) El 3 de agosto de 2002 el recurrente fue detenido cuando circulaba con su automóvil por una carretera del término municipal de Móstoles y requerido para someterse a un control preventivo de alcoholemia. Se realizó allí mismo y arrojó un resultado de 1,16 y 1,17 miligramos de alcohol por litro expirado, respectivamente, en las dos pruebas realizadas. Ese resultado equivale a 2,32 y 2,34 mgr. por litro en sangre.

b) Como consecuencia de ello se incoó el correspondiente juicio oral, en el que se dictó Sentencia el 13 de septiembre de 2003 absolviendo al recurrente. En la fundamentación de la misma se recogía que el único hecho objetivo probado era la prueba de alcoholemia. Los resultados de la misma se tomaron conforme a la normativa que regula tales pruebas y fueron ratificados por los Guardias civiles que las habían efectuado. Sin embargo no hubo ningún otro elemento para considerar probado que el acusado tuviera sus facultades psicofísicas mermadas como consecuencia del alcohol ingerido. De acuerdo con la Sentencia, de los dos agentes que procedieron a la prueba uno no recordaba nada y el otro dio respuestas vagas e imprecisas. Asimismo el test fue practicado sin que precediera infracción alguna de la seguridad vial y los resultados del etilómetro no son suficientes por sí mismos para afirmar la influencia alcohólica en toda persona.

c) La Sentencia absolutoria fue recurrida por el Ministerio Fiscal en apelación y se elevaron las actuaciones a la Audiencia Provincial, que dictó Sentencia el 22 de septiembre de 2004 sin celebración de vista. La nueva Sentencia revocaba la de instancia y condenaba al recurrente a la pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros y privación del permiso de conducir por un año y seis meses como autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

La fundamentación de esta Sentencia descansa en que, a juicio del órgano judicial, el delito previsto en el art. 379 CP es de peligro abstracto, y no requiere el resultado de un peligro concreto: basta la conducción con las facultades mermadas por el alcohol en cuanto no requiere la existencia de un resultado de peligro concreto ni tampoco de lesión. La peligrosidad genérica exigida a juicio de la Audiencia Provincial existe por el mero hecho de conducir el vehículo con las facultades psicofísicas mermadas. A partir de ahí toma como base la STS de 22 de febrero de 1989 que, tras estudiar la influencia del alcohol en la conducción, concluye que está médicamente demostrado que un 2 por 1000 de alcohol en la sangre produce en todo caso graves disturbios en el campo de la confusión y alteraciones sensoriales. Se considera así, a efectos médico-legales, que a partir del 2,0 por 1000 la influencia de alcohol en la conducción es cierta.

3. En la demanda de amparo se alega vulneración de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por el vacío probatorio de los elementos del tipo penal que evidencia la Sentencia recurrida y en consonancia con la asentada jurisprudencia de este Tribunal. El recurrente considera que, a efectos de demostrar la afectación por la ingestión de alcohol, no resulta suficiente la remisión a una Sentencia del Tribunal Supremo que se refiere genéricamente a la afectación de una persona media por las distintas tasas de alcohol en sangre, sin incluir informes periciales ad hoc, ni siquiera valoración médica acerca de si el condenado se encuadra en una persona de constitución media o no.

Recuerda también que en el caso juzgado en la Sentencia del Tribunal Supremo que se usa como referente sí había prueba de la influencia psicosomática del alcohol en la conducción, pues el inculpado había atropellado a dos personas en el arcén, mientras que en el supuesto actual tan sólo existió un control policial preventivo. Ninguna prueba acredita en esta ocasión la afectación de las facultades del recurrente para la conducción de un vehículo a motor. Bien al contrario, el órgano judicial considera que no es necesario demostrar específicamente ninguna influencia concreta de la ingestión del alcohol, remitiéndose a las consideraciones abstractas del Tribunal Supremo sobre la afectación media de los distintos porcentajes de alcohol en sangre.

4. Por providencia de 31 de enero de 2006 la Sección Tercera del Tribunal Constitucional decidió, conforme lo previsto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio público un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (art. 50.1.c LOTC).

El 14 de febrero de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Rodríguez Coronado, en nombre del recurrente, por el que se ratifica en todo lo contenido en su demanda. El Ministerio Fiscal presentó el 24 de febrero de 2006 escrito evacuando el trámite conferido, en el que estimaba que procedía la admisión a trámite del asunto.

5. Por providencia de 4 de abril de 2006 la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid y al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Móstoles para que remitieran certificación o fotocopia de las actuaciones procedentes.

Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó por la Sala Segunda de este Tribunal Auto de 19 de junio de 2006 acordando suspender la ejecutoria núm. 435-2004 incoada en el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Móstoles en lo que afecta a la privación del permiso de conducir vehículos de motor, denegándose la suspensión respecto de la pena de multa.

6. Mediante diligencia de ordenación de 4 de julio de 2006 se dio vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por el plazo común de veinte días para que dentro de ellos pudieran presentar alegaciones conforme al art. 52.1 LOTC.

7. El Fiscal presentó sus alegaciones el 4 de septiembre de 2006. En las mismas parte de que la resolución recurrida se apoya exclusivamente en el resultado de la prueba alcoholimétrica, considerando que el simple hecho de superar una determinada tasa de alcohol en sangre constituye prueba suficiente para estimar la afectación de las facultades psicofísicas del conductor. Frente a ello, la STC 68/2004 ha señalado que, para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica del conductor sino que, acreditada esta circunstancia mediante las pruebas biológicas practicadas con todas las garantías, es también necesario comprobar su influencia en el conductor.

En el caso concreto la Audiencia Provincial desarrolla un planteamiento genérico sobre la realidad de la influencia de una determinada tasa de alcohol sin añadir ningún otro elemento de prueba que lo corrobore, apreciado a través de la propia inmediación del órgano sentenciador, por lo que en definitiva se limita a establecer un silogismo en el que vincula al valor de la impregnación etílica la afectación de las condiciones del conductor. Por ello considera el Fiscal que procede el otorgamiento del amparo solicitado.

8. Por providencia de fecha 10 de noviembre de 2006, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 15 del mismo mes y año.

Fundamentos de Derecho

1. La presente demanda de amparo impugna la Sentencia núm. 662/2004, de 22 de septiembre de 2004, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó al recurrente en amparo, como autor responsable de un delito contra la seguridad en el tráfico, previsto en el art. 379 del Código penal (CP), a las penas de cuatro meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejare de satisfacer, y a la privación del permiso de conducir vehículos a motor por un período de un año y seis meses.

El demandante de amparo imputa a la resolución judicial la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al no existir prueba directa ni indirecta de uno de los elementos que integran el tipo del delito contra la seguridad del tráfico del art. 379 CP, cual es la incidencia de la ingestión de bebidas alcohólicas en las facultades psicofísicas del conductor del vehículo a motor con una intensidad tal que su conducción ponga en peligro o riesgo la seguridad del tráfico rodado. En este sentido el recurrente en amparo se queja de que la Sentencia condenatoria se sustente en el convencimiento de que el simple hecho de superar una determinada tasa de alcohol constituye prueba suficiente para estimar acreditada la afectación de las facultades psicofísicas del conductor, a pesar de no existir ninguna otra prueba en tal sentido.

El Ministerio Fiscal apoya el otorgamiento del amparo solicitado, basándose en que el órgano judicial, a través de unas referencias genéricas sacadas de una Sentencia del Tribunal Supremo, vincula al valor de la impregnación etílica la afectación de las condiciones del conductor.

2. Es necesario, por tanto, traer a colación la reiterada jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en relación con los elementos del delito de conducción de vehículos a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 379 CP).

De la misma basta destacar que el derecho a la presunción de inocencia experimentaría una vulneración si por la acreditación únicamente de uno de los elementos del citado delito el de que el conductor haya ingerido bebidas alcohólicas se presumieran realizados los restantes elementos del mismo, pues el delito no se reduce, entre otras posibilidades típicas, al mero dato de que el conductor haya ingerido alcohol, dado que este supuesto delictivo no consiste en la presencia de un determinado grado de impregnación alcohólica, sino en la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La influencia de bebidas alcohólicas constituye un elemento normativo del tipo penal que consecuentemente requiere una valoración del Juez, en la que éste deberá comprobar si en el caso concreto de la conducción estaba afectada por la ingestión del alcohol.

De modo que, para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica en el conductor, sino que, aun cuando resulte acreditada esa circunstancia mediante las pruebas biológicas practicadas con todas las garantías procesales que la Ley exige, es también necesario comprobar su influencia en el conductor; comprobación que naturalmente deberá realizar el juzgador ponderando todos los medios de prueba obrantes en autos que reúnan dichas garantías. Por ello hemos afirmado que la prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede producir esa condena, ni es una prueba imprescindible para su existencia (SSTC 145/1985, de 28 de octubre, FJ 4; 148/1985, de 30 de octubre, FJ 4; 145/1987, de 23 de septiembre, FJ 2; 22/1988, de 18 de febrero, FJ 3.a; 222/1991, de 25 de noviembre, FJ 2; 24/1992, de 14 de febrero, FJ 4; 252/1994, de 19 de septiembre, FJ 5; 111/1999, de 14 de junio, FJ 3; 188/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 2/2003, de 16 de enero, FJ 5.b; 68/2004, de 19 de abril, FJ 2; 137/2005, de 23 de mayo, FJ 3).

3. La aplicación de esta doctrina al presente caso conlleva el necesario otorgamiento del amparo solicitado.

Según se declara probado en la Sentencia del Juzgado de lo Penal, en un relato fáctico aceptado por la Sentencia de apelación, el acusado circulaba con el vehículo de su propiedad por una carretera cuando fue detenido y requerido para someterse a un control preventivo de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,16 mgr. de alcohol por litro de aire expirado en la primera y 1,17 mgr. en la segunda prueba. En el acto del juicio el recurrente reconoció que había consumido alcohol con moderación, y de la declaración de los agentes que efectuaron el control se deduce que uno no recordaba nada en cuanto a síntomas externos del acusado y el otro dio una respuesta vaga e imprecisa sobre aliento, deambulación y olor, a la que no se le dio valor probatorio alguno. El Juzgado de lo Penal concluye, por tanto, que el único hecho objetivo probado es el resultado de la prueba de alcoholemia.

Por su parte, en la Sentencia de apelación, la influencia de la ingesta de alcohol en las facultades psicofísicas se sustenta en el estudio sobre la influencia del alcohol en la conducción contenido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1989. En la misma, entre otras consideraciones, se indicaba, aludiendo a la tendencia legislativa de otros países, que «con referencia al individuo medio se considera a efectos médico-legales que a partir de 1,5 [por mil] la influencia del alcohol en la conducción es probable y cierta a partir del 2,0». Sin embargo en el procedimiento de apelación no se intentó ni se practicó prueba alguna en relación con la circunstancia aludida de que con la tasa de alcohol que arrojó el recurrente de amparo los reflejos se encuentran objetiva y seriamente afectados para la conducción, ni sobre la aplicabilidad de esta posible consideración general a la persona del recurrente, ni tampoco sobre los posibles síntomas del recurrente asociados a ello.

La constatación de tal vacío probatorio, cuya carga corresponde obviamente a la acusación, lleva a concluir que en este caso, de acuerdo con la doctrina constitucional de la que se ha dejado constancia en el precedente fundamento jurídico, ha resultado vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido

Estimar la demanda de amparo de don J.C.M.F. y, en consecuencia:

1.º Declarar que se ha vulnerado al demandante de amparo su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

2.º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia núm. 662/2004, de 22 de septiembre de 2004, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a quince de noviembre de dos mil seis.-

Guillermo Jiménez Sánchez.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Elisa Pérez Vera.-Eugeni Gay Montalvo.-Ramón Rodríguez Arribas.-Pascual Sala Sánchez.-Firmado y rubricado.

Voto Particular

Voto particular que formula el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez respecto del fallo y la fundamentación jurídica de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6598-2004

1. Sentido del Voto que se formula.

Haciendo uso de la facultad atribuida a los Magistrados del Tribunal Constitucional por el apartado 2 del art. 90 LOTC reflejo en este Voto particular el criterio que he defendido en las deliberaciones de la Sala sobre el fallo pronunciado respecto del recurso de amparo núm. 6598-2004 y la fundamentación jurídica que lo sustenta.

La expresión de este criterio se formula, desde luego, con el mayor respeto al contrario sostenido por la mayoría, que por lo demás resulta plenamente acorde con la doctrina apuntada en anteriores pronunciamientos de este Tribunal. 2. Una base de partida esencial (que comparto sin reserva alguna) de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la cuestión central que plantea el recurso de amparo.

El Tribunal Constitucional ha establecido pacíficamente, en una serie de pronunciamientos que han quedado reflejados en la Sentencia mayoritaria, la doctrina, que comparto sin reserva alguna, de que en el caso de las condenas por delitos contra la seguridad del tráfico [art. 379 CP, antes 340 bis a) CP] la desvirtuación de la presunción de inocencia exige, no sólo que se demuestre la previa ingesta de alcohol por el acusado superando los límites legalmente configuradores de la sanción administrativa (de otra parte mudables) sino, además, prueba cumplida de que el acusado se encontraba afectado en sus capacidades para una conducción segura. En definitiva, las exigencias de nuestra doctrina sobre la presunción de inocencia se proyectan sobre la solvencia de la prueba de los elementos y requisitos fundamentales del delito tal y como ha sido configurado por el legislador e interpretado por la jurisdicción ordinaria. No en vano hemos declarado que es cuestión ajena al contenido de nuestra jurisdicción la interpretación última del contenido de los tipos sancionadores y el control de la corrección de dicho proceso de subsunción, salvo que en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento se encuentre afectado el principio de legalidad penal consagrado en el art. 25.1 CE (STC 75/2006, de 13 de marzo).

3. La posible suficiencia del índice de alcoholemia para constituir prueba de la afectación del conductor de un vehículo de motor por el alcohol consumido.

Admitida la orientación básica establecida en la doctrina que ha quedado expuesta, mi discrepancia con el fallo y la fundamentación jurídica de la Sentencia frente a la cual formulo este Voto particular radica en que, a mi juicio, la prueba de que el conductor de un vehículo automóvil se encuentra afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, esto es, que sufre una merma considerable de sus capacidades para la conducción, con el riesgo en la circulación viaria que ello implica, puede llegar a inferirse, en determinadas condiciones, del índice de impregnación alcohólica que resulte acreditado mediante las oportunas pruebas. De modo que, cuando quede acreditado que el índice de alcoholemia que presenta el acusado es lo suficientemente elevado para que, de acuerdo con criterios científicos o de experiencia, pueda afirmarse que produce en las personas una merma apreciable de sus capacidades físicas para desarrollar una conducción segura, ninguna merma del derecho a la presunción de inocencia cabría apreciar en la resolución judicial que tuviese por acreditada tal afectación como uno de los elementos del delito contra la seguridad del tráfico. En tal sentido la STC 68/2004, de 19 de abril, en la cual se abordó un supuesto que guarda notable semejanza con el presente, no descarta la tesis acabada de exponer, si bien termina otorgando el amparo debido a que en el concreto proceso que constituyó su objeto de análisis no se había practicado prueba alguna que avalase la afirmación de que por encima de cierto índice de alcoholemia la generalidad de las personas se encuentran afectadas en sus capacidades para conducir con seguridad (FJ 4 in fine).

4. La determinación de cuál es el índice de alcoholemia que permite afirmar la afectación por el alcohol de la generalidad de las personas es cuestión cuyo enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria y cuyo control constitucional no es diferente al que en general corresponde ejercer sobre la idoneidad de los medios probatorios empleados para la acreditación de los concretos hechos declarados probados.

Partiendo de la afirmación de principio anterior, considero que resulta posible que mediante una cumplida prueba se llegue a determinar que, alcanzado un determinado índice de alcoholemia, cabe afirmar que la generalidad de las personas han de ver afectada su aptitud para conducir vehículos automóviles con las condiciones de seguridad exigibles.

Claro es que, de admitirse esto, la determinación de cuál sea tal índice ha de efectuarse por los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, limitándose nuestra función, en garantía del derecho a la presunción de inocencia, al enjuiciamiento externo de la suficiencia de los medios probatorios utilizados para alcanzar tal conclusión. Pues bien, avanzando un paso más, entiendo que es posible afirmar que a tal convencimiento puede llegarse con plena eficacia, y sin que ello suscite dificultad alguna, a través de la práctica de prueba pericial sobre esta cuestión en el concreto proceso en el que se debata. Pero también parece que, al menos en principio (dejando hecha la salvedad del tratamiento especial que requerirían algunos supuestos singulares, como los de personas que por sus particulares condiciones fisiológicas tuvieran -y pudieran acreditar este extremo-una reacción frente a la ingesta de alcohol no subsumible en los parámetros ordinarios), no sería excluible la posibilidad de que los órganos judiciales apreciasen el grado en que estuviera afectada la capacidad del acusado para conducir en función de la asunción de unos criterios aceptados por la comunidad científica acerca de cuáles son los índices de alcoholemia que permiten aseverar la afectación generalizada de quienes los alcanzan. Ello no excluye (sobra quizá decirlo, dada la salvedad anteriormente apuntada) que las circunstancias concurrentes en un caso concreto puedan hacer aconsejable, o incluso exigible, separarse de los criterios generalmente fijados, pues tales criterios, precisamente por su generalidad, resultan adecuados en relación a los supuestos ordinarios, no cuando han de aplicarse a casos marginales o singulares.

5. La consecuencia a que debería haber llevado la aplicación de las conclusiones hasta aquí mantenidas en la resolución del recurso de amparo.

En el caso sometido al enjuiciamiento del Tribunal Constitucional por el recurso de amparo núm. 6598-2004, el órgano judicial, por remisión a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1989, asumió el criterio en ella expresado, según el cual «la valoración médico-legal de la alcoholemia se extiende desde el 1 por 1.000 (embriaguez inicial) hasta el 4 por 1.000 que da lugar al estado de coma, de tal modo que los grados intermedios del 2 y del 3 por 1.000 producen, respectivamente, graves disturbios con entrada en el campo de la confusión y alteraciones sensoriales, el primero, y entrada en la fase de estuporación, el segundo».

Pues bien, según las consideraciones que acabo de realizar, estimo que el fallo de la Sentencia de la que respetuosamente discrepo debió ser desestimatorio del amparo solicitado, pues la prueba de la real afectación del acusado por el consumo del alcohol se construye por el órgano judicial haciéndose eco de los criterios científicos asumidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo; criterios que resultan idóneos para la acreditación del elemento típico, y que, manteniéndonos en el análisis externo propio de la jurisdicción de amparo cuando se aduce vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no podemos reconsiderar en cuanto a su fuerza de convicción, por corresponder la apreciación de ella a la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con tan reiterada doctrina de este Tribunal que excusa su cita.

Firmo este Voto particular, reiterando la consideración y respeto que me merece la opinión mayoritaria de la que discrepo.

En Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.-

Guillermo Jiménez Sánchez.-Firmado y rubricado.

Sentencia de la AP de Málaga contra el cánon por compra de CD virgen

2007-02-06T09:32:00.000+01:00

Resumen:
Devolución del importe del "canon digital" que se cobró por la compra de un CD virgen que iba a ser utilizado para grabar un juicio. El artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece que la reproducción realizada exclusivamente para uso privado mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de percibir por razón de la expresada reproducción. Se ha probado la entrega en la secretaría del Juzgado de dicho CD-ROM virgen para la emisión de la correspondiente copia del acta del juicio y su devolución a la parte que lo entregó, ya grabado, como ordena la Ley Procesal. La compra de un concreto disco a los fines de la grabación de un acto judicial público, ordenada legalmente, no es incluíble en el supuesto que establece el mencionado precepto.

En Málaga, a diecinueve de septiembre de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio verbal procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Málaga, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de Don Jesús Manuel contra la entidad "Naylo Hardware S.L."; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada en el citado juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Málaga dictó sentencia de fecha 28 de Junio de 2005 en el juicio verbal del que este Rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:

"Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Jesús Manuel contra la entidad mercantil NAYLO HARDWARE S.L.; debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones que se contenían en su contra en la demanda presentada; ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso apelación la representación del demandante, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Hipólito Hernández Barea. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día 8 de mayo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

PRIMERO.- Considerando que por la representación procesal de la parte apelante se solicitó la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra en esta alzada que estimase íntegramente lo solicitado en la demanda. En su opinión incurre el Juez "a quo" en vulneración de lo dispuesto en el artículo 3º. 1 del Código Civil en cuanto señala que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas; y ello porque interpreta el artículo 25.1 de la Ley de Propiedad Intelectual de forma incorrecta en el marco de la realidad actual. Citó en apoyo de su pretensión revocatoria, entre otras, la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcalá de Henares (Madrid) que, resolviendo sobre demanda idéntica a la que inició este proceso, señalaba textualmente: "En todo caso, la remuneración compensatoria de los derechos de propiedad intelectual por reproducción realizada exclusivamente para uso privado tiene como presupuesto que se haya realizado una reproducción. Cierto es que tal reproducción cabe entenderla presumida, pero ello es así cuando teleológicamente no cabe otra finalidad. Pero en el caso de autos, el material adquirido, o sea, diez "CDRom" en blanco, tiene un campo de posibilidades que no viene necesariamente circunscrito a servir de soporte a obras literarias, artísticas, o científicas de ajena pertenencia. Por tanto, la repercusión de remuneración por copia privada verificada por el demandado no es conforme al artículo 25 de la L. P. Intelectual y procede, por tanto, la estimación de la demanda pues estamos en presencia de un supuesto de cobro de lo indebido". Pidió en segundo lugar la revocación de la sentencia recurrida en cuanto a lo dispuesto sobre las costas de la instancia, alegando como vulnerados los artículos 394 y 32 de la Ley Procesal , el primero por entender que el caso plantea serias dudas de hecho o de derecho y no debió condenarse al demandante al abono de las costas, y el segundo en cuanto establece que, cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3. del artículo 394 de la Ley . Por otrosí del escrito de recurso el apelante pidió que, en caso de entender el tribunal que el artículo 25.1 de la L.P.I . ha de interpretarse literalmente, se plantee la correspondiente cuestión de inconstitucionalídad de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del T.C., y ello por los motivos alegados en la demanda.

SEGUNDO.- Considerando que el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia - legislación vigente al tiempo de los hechos contenidos en la demanda, y por tanto aplicable a los mismos - establece, bajo la rúbrica "Derecho de remuneración por copia privada", que la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2. del artículo 31 de esta ley , mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b) del apartado 4. del presente artículo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes. A la luz de este texto legal puede afirmarse que en el presente proceso, derivado del cobro por la empresa demandada del canon previsto en el citado precepto y en el que la sentencia recurrida desestima la petición de su devolución al demandante, se mantiene por el apelante que la resolución judicial es contraria al contenido del citado artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Industrial , ya que se condena únicamente por el simple hecho de que el disco comprado es de los que comúnmente se destinan a la copia privada, sin tener en cuenta el destino final del concreto disco en cuestión del que puede presumirse que no se ha usado para copia privada de obra de un autor amparable por la Ley de Propiedad Intelectual, sino, como se deduce de lo actuado en el juicio verbal, que se usó para la grabación de documentos como los judiciales - actas de juicio - que no están protegidos por tal legislación. Se deduce igualmente del texto del recurso que la sentencia es contraría al propio fundamento económico de la remuneración por copia privada y vulnera también los apartados 1 y 2 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Es evidente por lo que ahora se dirá que, si la conclusión de la Sala es que el "Juez a quo" incurre en error al valorar la prueba practicada y al interpretar y aplicar al caso enjuiciado la norma sustantiva mencionada, debe desestimarse la petición alternativa de la demanda, reproducida Igualmente como subsidiaria en el recurso, de que el Tribunal "ad quem" plantee ante el Constitucional la correspondiente cuestión, que, por otra parte, no puede entenderse como Inconstitucional a tenor de la reciente evolución legislativa en la materia operada por la Ley 23/2006, de 7 de Julio , por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , en cuanto traspone diversas directivas de la Unión Europea a nuestro derecho interno incidiendo en la bondad y en la expansión del vulgarmente llamado "canon".

TERCERO.- Considerando que, como queda claro al haberse consignado más arriba textualmente, el artículo 25 de la mencionada L.P.I . se articula bajo el epígrafe "Derecho de remuneración por copia privada", y es evidente de su literalidad que excluye del canon aquellas copias destinadas a uso industrial, pero también entiende la Sala que al establecer que "la reproducción", realizada exclusivamente para uso privado, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, es la que "originará" una remuneración en favor de las personas que se expresan en el párrafo b) del apartado 4. del presente artículo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de percibir por razón de la expresada reproducción, permite acreditar el destino final de los soportes adquiridos, y demostrar que no se han usado para la definida reproducción. Aparece pues un problema meramente probatorio en el sentido antedicho que ha de resolverse sobre la presunción legal de que, en principio, la compra de los soportes es para la reproducción de obras acogidas al amparo de la Legislación Especial, pero cabe, dado el tenor legal, justificar que el soporte se ha usado para otro concreto fin distinto de la reproducción de obras de autores, que es la causa de la tributación. En este sentido aparece acreditado en autos, por la factura aportada que ha sido confeccionada por la demandada, que el demandante compró en fecha 29 de octubre de 2004 un solo "CDRom" en blanco - virgen - pagando por él un total de 0´60 euros, cantidad que se desglosó en la factura de la siguiente manera: 0´33 como precio del disco, 0´19 como canon de la Ley de Propiedad Intelectual; y 0´08 como Iva. De las conclusiones y de los informes emitidos en el acto del juicio verbal en la primera instancia, así como de los folios 133 y siguientes del expediente que atestiguan la entrega en la secretaría del Juzgado por la representación del Sr. Jesús Manuel de un "CDRom" virgen para la emisión de la correspondiente copla del acta del juicio y su devolución grabado a la parte como ordena la Ley Procesa!, se deduce sin género de duda que la compra de un concreto disco a los fines de la grabación de un acto judicial público ordenada legalmente no es incluible en el supuesto táctico que establece el artículo 25 repetido de la Ley de Propiedad Intelectual.

CUARTO.- Considerando que bajo este prisma ha de analizarse la presunción legal establecida por el precepto, y como tal afirmación de un hecho que la Ley deduce como acreditado - salvo prueba en contrario, ya que la misma norma legal en su literalidad permite la existencia de hecho alternativo exento de la sanción aplicable al presumido - se beneficia de la doctrina jurisprudencial que mantiene de siempre que tan sólo cabe la destrucción del hecho presumido si de forma adecuada se impugna la acreditación del hecho básico que lo sustenta, o bien si la deducción legal es en el caso concreto manifiesta y claramente errónea. En consecuencia, a juicio de esta Sala, la presunción de existencia de la "reproducción de obra de autor" que se deduce de la compra del soporte adecuado para ello, es presunción "iuris tantum" que es posible destruir si se declara probado que la compra obedeció a otra causa que excluiría en sí misma la aplicación del canon. La conclusión no puede ser otra que la alcanzada por la sentencia del Juzgado número 1 de Alcalá de Henares, fechada el 15 de junio de 2005 y a la que en esta resolución se ha hecho referencia: en el caso de autos, el material adquirido, o sea, un "CDRom" en blanco, tiene un campo de posibilidades que, no solo no viene necesariamente circunscrito a servir de soporte a obras literarias, artísticas o científicas de ajena pertenencia, aunque sea lo que el legislador presume, sino que en el presente caso ha servido de soporte a un documento visual y sonoro que no goza de la protección otorgada por la Ley Especial que comentamos. Por tanto, la repercusión de remuneración por copia privada verificada por la demandada no es conforme al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente al momento de los hechos, y procede en consecuencia la estimación de la demanda pues estamos en presencia de un supuesto de cobro de lo indebido. Al no solicitarse en la demanda el posible interés que, conforme al artículo 1100 del Código Civil, generaría la cantidad reclamada y concedida, solo cabe a este Tribunal expresar que en todo caso desde el dictado de esta sentencia devengará el interés de demora procesal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Considerando que asiste la razón a la parte demandante y ahora apelante cuando afirma haberse infringido por la sentencia de primer grado la disciplina relativa a las costas procesales. Y es que el artículo 394 de la Ley Procesal dispone el criterio del vencimiento objetivo en la condena en costas, en el caso de estimación total de la demanda - a cargo de la parte demandada - o de desestimación total de la misma - a cargo del demandante - dejando sin embargo un margen a la discrecionalidad judicial, siempre que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, en cuyo caso la sentencia lo debe razonar debidamente. Es evidente que la complejidad del litigio como ya ponía de manifiesto la misma demanda, aconsejaba entonces, es decir, en la primera instancia y a pesar de dar el Juez la razón a la demandada, no hacer especial declaración sobre las costas ocasionadas en dicha primera instancia. Los mismos argumentos y el tenor de la reciente modificación legal aconsejan también ahora, aun dando la Sala la razón al demandante, no hacer especial declaración sobre las costas ocasionadas en esa anterior fase del proceso. Al prosperar el recurso y ser de aplicación a esta alzada en materia de costas el artículo 398 de la misma Ley Procesal , no debe hacerse especial atribución de las causadas con la apelación. No cabe en cambio atender a la reclamación formulada en base al artículo 32 de la repetida Ley rituaria, pues, no solo es cuestión que se desvanece al no hacer esta Sala expresa atribución de los gastos procesales causados en ambas instancias, sino que en todo caso sería materia reservada a la tasación tras lo que el precepto denomina "la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales"

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLAMOS

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Jesús Manuel contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de Junio de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de los de Málaga en sus autos civiles 1362/2004, debemos revocar y revocamos dicha resolución absolutoria condenando a la demandada a la devolución al demandante del importe reclamado, es decir, la cantidad de diecinueve céntimos de euros a la que se aplicará el correspondiente interés procesal. Todo ello sin hacer especial atribución de las costas causadas en una y otra instancia, y desestimando la petición subsidiaria de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 25.1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.

Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado de su procedencia a sus efectos.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública. Doy fe.

Más de la mitad de las condenas penales se resuelven sin llegar a juicio

2007-01-27T09:37:00.000+01:00

Noticia publicada en la edición digital de "El País"

Más de la mitad de los condenados españoles han aceptado su culpabilidad antes del juicio, han asumido la pena pactada entre el fiscal y su abogado y han renunciado a pedir su absolución. Se está imponiendo el modelo de justicia negociada, muy implantada en países anglosajones como EE UU. Para el Estado las ventajas son claras: se agiliza la Administración de justicia, más que saturada, y se ahorran costes. El acusado, por su parte, obtiene una rebaja en la sanción. Pero esta práctica también tiene detractores, que aseguran que, usada de forma generalizada, disminuye las garantías del imputado.

Las cifras sobre los pactos en la justicia penal son concluyentes: en los primeros nueve meses de 2006, el 52% de las sentencias condenatorias de juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales fueron lo que en términos procesales se llama de "conformidad", según el Consejo General del Poder Judicial. En 2005 fueron el 56%. Las estadísticas antiguas no incluyen este dato, por lo que es difícil comprobar la evolución, pero el titular del juzgado de lo penal número 20 de Madrid, Ramón Sáez, indica que ha observado que las conformidades "se han generalizado".

En los juicios rápidos, que se celebran desde 2003 para enjuiciar algunos delitos (de tráfico, hurtos o algunos de violencia machista, por ejemplo), el porcentaje es aún mayor. Supera en todo caso el 50%, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005, y la Fiscalía de Guipúzcoa, por ejemplo, registra un 85%. En estos procedimientos la conformidad puede acordarse directamente en el juzgado de guardia, y la pena se rebaja de forma automática un tercio. No hace falta convocar a juicio.

Así es como se pacta antes del juicio: Antonio A. está acusado de conducir borracho y de causar daños en otro coche. Su abogada entra primero en la sala y habla con la fiscal. Negocian. Están también los abogados de la víctima y de Mapfre, aseguradora del acusado. Llegan a un acuerdo. El fiscal pedía una multa de 10 meses a 12 euros diarios (3.660 euros). Pactan que, si reconoce los hechos, el castigo sea de seis meses de multa a tres euros por día (549 en total).

La abogada sale de la sala. Habla con el cliente, y le cuenta la oferta. Cuando entran de nuevo, la juez pregunta: "¿Usted ha entendido el delito que se le imputa? ¿Le ha informado su letrada de todo? ¿Se conforma con el delito y la pena?". Él asiente. Sale de juzgado con la sentencia firme y sin posibilidad de recurso. En este juzgado, el penal número 17 de Madrid, se celebraron esa mañana ocho juicios. En cuatro hubo conformidad.

Este sistema conviene al acusado cuando las pruebas son abrumadoras. El caso típico es el de los delitos de tráfico, cuando se da positivo en alcoholemia y hay poca posibilidad de salir absuelto, como en el caso de Antonio A., pero no son los únicos. ¿Realmente hay pruebas concluyentes en un porcentaje tan alto de procedimientos? La respuesta de los expertos no es unánime. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, sólo ve bondades en las conformidades en los juicios rápidos. En la Memoria de 2005 afirma que suponen "un beneficio para el acusado, que consigue una disminución de la pena, y para la víctima, que obtiene una respuesta inmediata".

Los portavoces de las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria -moderada- y Jueces para la Democracia -progresista- aseguran que en la mayoría de los casos de conformidad la policía ha pillado al delincuente in fraganti. Subrayan, además, que esta práctica permite mantener un buen ritmo de juicios.

El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez entiende, sin embargo, que la conformidad supone una perversión del modelo jurisdiccional que recoge la Constitución. "¿Qué menos le vas a dar a un imputado que un juicio?", se pregunta. "La conformidad es un mercadeo; no se juzga seriamente si el acusado ha cometido los hechos". Asegura, además, que "estadísticamente tienden a conformarse los imputados más desprotegidos, con defensa de oficio". "Un abogado de pago, si ve cualquier resquicio de defensa, intenta la absolución. Al final, el juicio lo tiene quien lo paga". Los letrados de oficio cobran lo mismo por un juicio celebrado que por una conformidad, que exige mucho menos trabajo.

A este respecto, apunto que las conformidades muchas veces son buscadas por los propios fiscales y jueces cuando te llaman a hablar sin tu solicitarlo para intentar ofrecerte un pacto, para lo que previamente te han "inflado" la calificación porvisional por parte de la fiscalía para favorecer el acuerdo.

Luis Ruipérez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, asegura que puede haber excepciones, pero que "los abogados de oficio aceptan la conformidad sólo cuando, vistas las actuaciones, el acuerdo es lo que más beneficia al cliente".

El magistrado Ramón Sáez opina que la "justicia negociada es injusta pero cómoda para todos. El abogado no tiene que estudiar el caso, el fiscal acaba rápido y el juez sólo tiene que plasmar en sentencia el acuerdo". En su juzgado apenas las acepta. "El otro día vino una abogada quejándose de que su cliente no quería pactar. Se celebró el juicio, no había pruebas, y lo absolví. Si hubiera hecho caso a su letrada estaría condenado. Se está perdiendo el sentido de la justicia". El abogado Alberto Jabonero coincide: "Creo que la defensa es un derecho básico de los acusados". Pero no atribuye toda la responsabilidad del exceso de pactos a los abogados. "Los jueces y los fiscales tienen la obligación, en todo caso, de asegurarse de que la conformidad sea correcta".

Es obvio que la conformidad es cómoda para todo el mundo, pero so supone ni de lejos que sea algo generalizado, ni siquiera en los asuntos de turno de oficio. Si es cierto que es mas frecuente en los juicios rápidos, donde, además de la flagrancia del delito, existe la posibilidad muy interesante para el acusado de reducir en un tercio la pena más alta solicitada, por lo que al articulista se la ha olvidado añadir que la conformidad esta incentivada por ley de enjuiciamiento criminal en los juicios rápidos, algo que no ocurre en el prodedimiento abreviado ni en el sumario.

Ofender por ofender

2007-01-13T19:40:00.000+01:00

Lo que escribimos blogs, normalmente leemos blogs. Entro los muchos que yo leo se encuentra el del Teleoperador, clasificado en mi orden particular como blog personal de humor.

Hace algunos meses publicó un post en el que básicamente reproducía instrucciones caseras para que una mujer se practicara a si misma el aborto. Ese post me pareció de mal gusto, pero no dije nada y seguí visitando el blog del Teleoperador con algo más de curiosidad que de interés. Me daba la impresión de que buscaba la polémica fácil para rebañar visitas en su blog.

Mis sospechas se confirmaron ayer cuando el Teleoperador perpetró este post con fotografía incluida, al alimón con su amigo RinzeWind, que publicó otro en su línea.

Rápidamente las reacciones no se hicieron esperar.

A ambos les recordé mediante comentarios el contenido de los artículos 524 y 525 del Código Penal.

Artículo 524.

El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 525.

1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

RinzeWind reaccionó con rapidez y retiró la foto ofensiva, pero el Teleoperador dio la callada por respuesta, pero contestó en su defensa un tal Pianista en un burdel que afirmó lo siguiente:

1. Sobre el 524: ¿puede usted probar que los actos de profanación fueron, efectivamente, ejecutados? De la misma manera que el que yo afirme que "Dios no existe" no le convence a Vd. de nada, el que yo afirme que estuve en determinado sitio e hice determinada cosa no es prueba de mi presencia ni de mis actos.

2. Sobre el 525: Es obvio que el post no ha sido publicado "para ofender los sentimientos de una confesión religiosa", sino para estimular la inteligencia a través de la sátira. Es obvio que, en ciertos casos, no ha logrado su objetivo, probablemente porque no había inteligencia ninguna que estimular. Pero eso, de momento, no está penado.

3. Sobre la aplicación del 525: la jurisprudencia al respecto deja bien claro que por encima del art. 525 del Código Penal está el art. 20 de la Constitución, que protege una cosa muy graciosa que se llama "libertad de expresión", y que significa, entre otras muchas cosas, la terrible incomodidad de oír, de vez en cuando, cosas que nos tocan las narices.

Por ejemplo, que Dios no existe pero los curas pederastas sí.

A lo que no tuve más remedio que contestarle en estos términos, aunque confundiéndolo con el propio Teleoperador.:

Respondiéndote al 1: La prueba de que efectivamente has cometido lo que relatas viene dada por los comentarios que al respecto hace tu cómplice en su blog, con la diferencia que le honra de que el ha retirado, aunque sea cautelarmente, la fotografía de marras, cosa que tu no has hecho y que por lo tanto no te hace extensible dicha honra.

Respondiéndote al 2: El argumento que das de estimular la inteligencia no merece comentario. Lo que haces es ponerte al nivel de, por ejemplo, la telebasura tipo tomate, buscando visitas con polémica artificial y creada exprofeso para recibir comentarios subidos de tono.

Respondiéndote al 3: La libertad de expresión no supone una patente de corso para ofender. Puedes expresar tus creencias, tu ausencia de las mismas, o criticar a las personas que las encabezan o las defienden, ya sea el papa o un cura pederasta o un imán filo terrorista. No seré yo quien te critique por ello. Pero tu post y tu fotografía no pueden ampararse en la libertad de expresión, puesto que has buscado a conciencia la ofensa a muchos creyentes haciendo escarnio de uno de sus símbolos más sagrados. Lee más jurisprudencia.

El hecho de que Dios exista o no en principio no tiene nada que ver con la ofensa en si. Tú puedes creer que no existe y eso es algo absolutamente digno de todo respeto, pero hacer escarnio y burla en el símbolo más sagrado de aquellos que si creen no tiene ninguna justificación.

En fin. Te seguía por la gracia que tenías hasta hoy, aunque en determinadas cuestiones no estábamos de acuerdo. Pero hoy me has escandalizado, a pesar de que soy un firme defensor de la libertad de expresión que tu erróneamente invocas, y de que soy católico por educación no practicante, y tengo mis serias dudas de que Dios, o al menos el Dios que la iglesia nos quiere vender, no existe.

En definitiva, cada loco con su tema. Pero la ofensa gratuita de por sí buscando polémica puede conmigo; ya que en este caso me han ofendido particularmente, por lo que el Teleoperador ha perdido un lector y ha ganado este post.

Internet, sitios Web y publicidad de los abogados

2006-11-03T18:22:00.000+01:00

En los artículos anteriores se desarrollaba de manera sucinta lo que a juicio de quien escribe son las bondades de las nuevas tecnologías e Internet. Llegados a este punto, parece necesario dar unas breves pautas de lo que puede ser la presencia del letrado en la red a través de su propio sitio Web.

Antes de nada, como juristas que somos deberemos conocer el marco regulador en el que nos movemos previamente a cualquier paso.

La publicidad de los abogados y sus servicios históricamente no ha sido algo considerado muy digno.

Todos tenemos en la retina por las películas de Hollywood, determinadas conductas de los abogados de los EEUU persiguiendo ambulancias u ofreciendo sus servicios en hospitales o en medio de luctuosos accidentes.

En lo que a nosotros respecta, el asunto no está demasiado claro pese a las resoluciones judiciales sobre la materia.

El Reglamento de Publicidad de la Abogacía que el Consejo General de la Abogacía aprobó en su día, y que restringía de forma bastante draconiana las formas de publicitarse por los letrados, con exigencia incluso de autorización de la Junta de Gobierno competente, supuso una multa por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia por importe de treinta millones de las entrañables pesetas por considerar que el reglamento de publicidad restringía la competencia entre los abogados, fijando una serie de prohibiciones y limitaciones en cuanto al contenido de la información, vulnerando según el Tribunal la libre competencia.

En la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia se señala que el citado reglamento, que establece las condiciones en las que los abogados puedan publicitar sus servicios, fija una serie de prohibiciones y limitaciones en cuanto al contenido de la información, vulnera la Ley de Defensa de la Competencia.

El Tribunal dictaminó en su día que el Consejo General de la Abogacía Española debía cesar en su práctica restrictiva de la competencia, cometida con el citado reglamento, y a la vez que recomendaba que, en lo sucesivo, se abstuviera de adoptar decisiones semejantes.

El controvertido reglamento del Consejo prohibía hacer referencia a la retribución de los servicios profesionales, incluir fotografías, iconografías o ilustraciones, establecimiento de rótulos y letreros luminosos, a la vez que considera ilícito el envió de postales informativas o cartas genéricas conteniendo información objetiva.

Estas prohibiciones chocaban con la Ley de Defensa de la Competencia que, en su artículo primero, prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga como objeto, produzca o pueda producir el efecto de «impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional».

El Consejo General de la Abogacía Española se defendió manifestando que la única finalidad del Reglamento era «la ordenación de la profesión del abogado en su publicidad y que la regulación se dirige a preservar la ética y dignidad profesional, así como a proteger los intereses de la colectividad a la que sus servicios van destinados».

El Consejo aseguró que actuó únicamente como regulador y no como operador económico, ya que "la posible incidencia en el mercado no implica su actuación como operador económico, siendo ésta de escasa importancia".

El Consejo General de la Abogacía Española anunció en su momento un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que estimaba que el Reglamento de Publicidad, aprobado por la asamblea general del Consejo en diciembre de 1997, contenía "prohibiciones y limitaciones restrictivas de la competencia".

La Audiencia Nacional, en su día, estimó parcialmente el recurso presentado y dejo sin efecto la multa impuesta, pero confirmó la declaración respecto a que el Reglamento vulneraba la libre competencia.

Trasladado esto a la presencia corporativa del despacho de abogados en Internet, nos encontramos en nuestro caso que el apartado cuarto de las Normas de Ordenación de la Actividad Profesional de los Abogados establece:

1.- Los Abogados podrán efectuar publicidad de sus servicios y despachos conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el Reglamento de Publicidad aprobado por la Asamblea General del Consejo General de la Abogacía de 19 de diciembre de 1997, en los Reglamentos de Publicidad de los Consejos de Colegios de Abogados de las Comunidades Autónomas y en las demás normas y acuerdos colegiales.

2.- La publicidad de los Abogados y sus despachos, sea directa o indirecta, así como su intervención en consultorios jurídicos de medios de comunicación social, deberá someterse a autorización previa de la Junta de Gobierno del respectivo Colegio de Abogados, de conformidad al artículo 8.1 de la vigente Ley General de Publicidad, por referirse a derechos constitucionalmente reconocidos como los de defensa y asistencia jurídica. La autorización se entenderá concedida si en plazo de un mes no es denegada o condicionada a determinadas modificaciones, mediante resolución motivada e impugnable.

3.- No obstante, los Abogados podrán, sin necesidad de autorización previa:

a) Utilizar membretes en los que se exprese el nombre, profesión, titulación académica del Abogado o Abogados integrados en un despacho, indicación de la dirección, teléfonos y otros datos relativos al mismo, en la forma usual en cada Colegio.

b) Colocar en el exterior del inmueble donde esté instalado su despacho o vivienda, así como en la puerta de ésta o cerca de ella, un rótulo o placa indicadora del despacho, con las dimensiones y características usuales en el ámbito de cada Colegio.

c) Hacer constar su condición de Abogado, en las guías telefónicas, de fax, telex o análogas.
d) Remitir o publicar informaciones sobre los cambios de dirección, teléfono y otros datos relativos a su despacho profesional, también en la forma usual en cada Colegio.

e) Intervenir en conferencias o coloquios, publicar colaboraciones en prensa especializada o no y efectuar declaraciones ante los medios de comunicación social, haciendo constar su condición de Abogado.

4.- Los Abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas, deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar cualquier clase de publicidad que no se ajuste a lo establecido en esta norma.

De manera incomprensible, por la fecha de las normas transcritas, no se hace referencia entre las formas de publicidad de los despachos de abogados su presencia en Internet a través de una página Web.

Es necesario entonces analizar si nos encontramos ante un supuesto de necesidad de autorización previa de la correspondiente Junta de Gobierno, o si nos encontramos ante una forma de publicidad que esta excluido de dicho régimen.

A juicio de quien escribe, y por las razones que se exponen a continuación, entiendo que la presencia Web del abogado o del despacho, haciendo referencia a su condición y actividad profesional se enmarcan dentro de las actividades excluidas de autorización previa.

Y ello se debe a que Internet, en su vertiente Web o WWW, no es ni mas ni menos que un gigantesco directorio de dimensiones inabarcables, que podemos encuadrar perfectamente con unas gigantescas y virtuales páginas amarillas.

Precisamente esta empresa, la que explota las archiconocidas Páginas Amarillas, cuenta con un servicio que incluye, además de la consabida inclusión en la versión en papel, una inclusión Web para que las búsquedas de abogado en la versión en Internet den los mismos resultados que en papel.

Y la inclusión en las guías telefónicas, de fax, telex o análogas, esta expresamente excluida del régimen de autorización previa.

Obviamente, como en casi todo, debe regir el sentido común. Una presencia Web del despacho ha de cumplir determinadas condiciones que suponen que no se deberían incluir determinados contenidos: menciones a clientes o asuntos profesionales concretos, utilizar emblemas o símbolos colegiales o corporativos, expresar contenidos persuasivos, ideológicos, de autoalabanza o de comparación o hacer referencia a la retribución de los servicios profesionales, prometer resultados o inducir a creer que se producirán y que, en el caso que no se diesen, no se cobrarían honorarios.

A día de hoy, y hasta dónde tengo conocimiento, no tengo datos de que ninguna página Web de despacho profesional de abogado haga referencia a que cuenta con la autorización de la Junta de Gobierno de su Colegio.

También es cierto que la mayoría de ellas, en lo que respecta a su contenido, cumplen prácticamente las pautas que antes se han puesto de manifiesto respecto a su contenido, con sonrojantes excepciones, como aquellas que anuncian divorcios a un precio que varía entre los cuatrocientos cincuenta y los quinientos cincuenta euros todo incluido, y que no quedan muy lejanas del ámbito de nuestro Colegio.

Estos pocos, pero existentes supuestos, hacen pensar que en su día el Consejo General de la Abogacía, con mejor voluntad que acierto, intentó regular el control deontológico de la publicidad de los abogados sobre los servicios que prestan de manera que no existan trabas para la misma; pero intentando que esto no suponga un río revuelto para ganancia de avispados pescadores.

De hecho, la norma reguladora de la publicidad de 1997 constituyó el primer intento de liberalización de la publicidad en nuestra profesión en la que, hasta no hace mucho, estaba virtualmente prohibida. Y esto era, en la época en la que nos encontramos, un vano intento de poner puertas al campo.

Ya he repetido alguna vez en estas páginas, que en los extremos no suele encontrarse la posición correcta. Es evidente, y ahí el Consejo General actuó cargado de razones, que la publicidad de los abogados no puede atenerse exclusivamente a las normas generales sobre la materia.

Nuestra profesión tiene determinadas peculiaridades de las que otras carecen, el secreto profesional, sin ir más lejos, que resulta fundamental para el ejercicio adecuado de la profesión de abogado y que obliga a una cuidada redacción de cualquier anuncio o reclamo publicitario que se haga sobre nuestros servicios; sin que quepa olvidar nuestra condición de agentes colaboradores con la administración de la Justicia.

Claro que si la regulación publicitaria se excede en proteger estos deberes del abogado incurre en el riesgo de poner trabas a la actividad profesional y además encarecer el servicio que presta.

El Tribunal de la Competencia puso en evidencia el evidente conflicto entre publicidad y deontología en la abogacía, y que es necesario equilibrar ambos intereses para que ambos puedan convivir sin problemas.

En definitiva, de una cara de la moneda, los abogados, respecto a la publicidad, no podemos estar en situaciones de privilegio, pero tampoco en peores condiciones que otros profesionales, que en su actividad publicitaria viene limitados únicamente por la legislación general de publicidad y competencia desleal.

De la otra, hemos de recordar que mantenemos una relación especial de sujeción que nos obliga al cumplimiento de determinada normativa, como es el caso de la relativa a la deontología profesional, de cuya observancia no podemos sustraer ninguna de las actividades relativas al ejercicio profesional, incluida la publicidad, puesto que va en ello la tutela de valores esenciales a la relación entre abogado y cliente, y que son fundamentales para la propia jurisdicción.

Como conclusión a todo esto, podemos entender que hoy por hoy, podemos contar con una presencia en Internet a través de una página Web, en la que publicitemos nuestros servicios sin necesidad de contar con la autorización de la Junta de Gobierno, siempre y cuando los contenidos de las mismas no sean contrarios a las más elementales normas de deontología profesional y dignidad de la profesión, y que de todos son de sobra conocidas.

Sentada la vertiente estrictamente jurídica del asunto, es momento ahora de abordar los pasos meramente técnicos debemos seguir para obtener nuestra página Web profesional.

Obviamente podemos optar por la versión más sencilla aunque mas onerosa, y que no es otra sino que contratar con una empresa de alojamiento el espacio virtual en sus servidores y el diseño de la página Web.

Esta opción pude ser más o menos satisfactoria en lo que respecta a los resultados y más o menos onerosa en función de la empresa elegida. La mayor ventaja es que nos despreocupamos absolutamente de todo el proceso técnico, y el mayor inconveniente es la falta de control y el tener que vincularnos a una empresa de alojamiento cuyo funcionamiento y continuidad en el futuro nadie nos garantiza.

La otra posibilidad es hacer un poco de bricolaje informático y hacernos nosotros mismos la página Web y realizar los pasos necesarios para obtener nuestra presencia en Internet por nosotros mismos sin depender de terceros, y obviamente sin desembolso alguno.

Lo primero que vamos a necesitar es contar con un programa en nuestro ordenador que permita crear, editar y guardar archivos en formato «HTM» o «HTML», y que son los formatos más sencillos y estándares en el que los navegadores «leen» las páginas que cargamos en él. Es lo que llamamos un editor HTM.

¿Y de dónde saco yo ese programa? Tranquilo. Es muy posible que ya contemos con él sin saberlo.

Tanto Microsoft Word como Open Office.org cuentan con la posibilidad de guardar los documentos en formato «HTM» o «HTML». Es decir, nosotros podemos escribir en nuestro procesador de textos un documento, y en vez de guardarlo como hacemos habitualmente en formato «doc», con la opción «guardar como... » utilizar el formato «HTM» o «HTML».

Podemos incluir en nuestro documento texto e imágenes, enlaces a otras páginas, Existen un sinfín de recursos más que podemos incluir, pero para empezar será suficiente con eso.

Para aquellos que deseen ir más allá, existen programas específicos para crear páginas Web, como el incluido en Microsoft Office Professional, llamado Microsoft Front Page, que lógicamente contemplan muchas más opciones a la hora de crear los documentos.

El editor HTM se maneja como un procesador de texto, pero lo que vamos escribiendo es realmente el código HTML de la página, por lo que no estará de más empezar que conociéramos alguno de los fundamentos de dicho lenguaje.

La gran ventaja de estos editores es que nos permiten un control total sobre el diseño de la página y generan un código todo lo limpio que nuestra claridad de ideas permite, sin agobiarnos con el lenguaje de etiquetas que es lo que realmente se guarda en el archivo. Esta tecnología se llama WYSIWYG, que son las siglas en inglés de What You See Is What You Get, esto es «aquello que ves es lo que vas a obtener»

La aparición de estos editores ha permitido que todo el mundo, hasta con nulos conocimientos de programación, pueda crear una página Web, ya que no requiere un aprendizaje previo de HTML ni de lenguajes de programación.

Con ellos se ve constantemente la página con el formato con el que se verá a través del navegador, al menos en teoría (alguna sorpresa también dan). El diseño es mucho más fácil y entretenido porque se va viendo sobre la marcha cómo queda la página. Esto es especialmente útil cuando no se tiene la idea clara de antemano de lo que se quiere hacer. Además, al incluir algunos de ello plantillas prediseñadas, se puede ahorrar mucho tiempo y conseguir una página Web lista en pocos minutos.

Después de hacer unas pruebas editando y guardando documentos HTM, y antes de empezar en serio, es recomendable darse una vuelta por Internet y ver que es lo que hace la «competencia», y así saber que es lo que debemos incluir en nuestra página Web y que es lo que no.

Pronto nos encontraremos con una mala noticia. Una página Web no es «una página Web» sino habitualmente varias, desde cuatro o cinco hasta una veintena.

Enhorabuena, acabamos de aprender un nuevo concepto.

Ya sabemos la diferencia entre una página y un sitio Web. La página a la unidad lo que el sitio Web a la suma de unidades del mismo tipo, unidas por enlaces HTML.

Llegar a la conclusión de que nuestro trabajo se ha multiplicado por el número de páginas que va a albergar nuestro sitio Web es una conclusión apresurada. Las plantillas y la posibilidad de edición hacen que el trabajo básico haya que hacerlo sólo una vez.

Es interesante por ejemplo pensar en redactar una página de inicio, que de información básica sobre nuestro despacho; y luego otras que albergaran secciones y que por ejemplo pueden incluir nuestra especialidad o especialidades, el plano del lugar donde se encuentra nuestro despacho, la identificación de los miembros del equipo y una breve referencia curricular de cada uno.

En la parte gráfica también resulta importante incluir nuestro logotipo o anagrama si lo usamos, y fotografías de nuestro despacho, de la fachada del mismo o de los miembros del equipo.

Una vez hayamos pulido y tengamos preparada nuestro sitio Web para «colgarlo» en Internet, nos encontraremos con un nuevo desafío: como, dónde y concretamente que debemos enviar y a quien para aparecer en Internet nuestro sitio Web.

Pero esa materia es ardua y la dejamos para un próximo artículo.

Ya era hora

2006-10-20T09:33:00.000+02:00

Sólo con el título de licenciado en derecho ya no se podrá ser abogado. Serán necesarios dos años de formación extra, con un 50% de prácticas, y la superación de un examen estatal. Así lo dispone la Ley de Acceso a la Abogacía aprobada el miércoles por las Cortes y que entrará en vigor en cinco años. El presidente del Consejo de la Abogacía aseguró ayer que se fortalece con ella el derecho a una buena defensa jurídica.

Los colegios de abogados llevan más de 90 años reclamando que no cualquier licenciado en derecho pueda trabajar, sin más requisitos, como abogado, y pidiendo una formación específica. Reivindicación que ha solido toparse con la posición contraria de los estudiantes universitarios. Cada año se licencian en las facultades de derecho españolas unos 15.000 alumnos. Actualmente hay más de 110.000 abogados ejercientes -20.000 más que hace seis años-, casi la mitad en Madrid y Barcelona.

La ley aprobada el miércoles en el Senado de forma definitiva, votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios salvo el BNG, detalla cuáles deberán ser los filtros que tendrá que pasar cualquier licenciado para ponerse la toga. El texto incluye también la regulación del acceso a la profesión de procurador (representante procesal necesario en determinados procedimientos), con requisitos similares a los de los abogados.

- Cursos de formación. Una vez que la persona tenga una licenciatura en derecho, deberá realizar un curso de formación para abogados. Estos cursos se podrán impartir en universidades públicas y privadas y en escuelas de práctica jurídica de colegios de abogados que estén homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española.

- Prácticas. La mitad de los cursos de formación tendrán que ser prácticas externas, tuteladas por un abogado que lleve más de cinco años ejerciendo.

- Evaluación. Superado el posgrado, el estudiante tendrá que pasar un examen estatal de contenido común para toda España, que se celebrará al menos una vez al año. No podrá haber un número limitado de aprobados. En las comisiones evaluadoras estarán presentes personas designadas por los ministerios de Justicia y Educación, la comunidad autónoma de que se trate y el Consejo General de la Abogacía. Y en el contenido del examen participarán también las universidades.

- Entrada en vigor. El nuevo sistema entrará en vigor cinco años después de que la ley sea publicada en el BOE. No afectará a los abogados que estén colegiados en ese momento como ejercientes o no ejercientes, o que lo hayan estado en el pasado al menos durante un año. Los que ya estén licenciados en derecho cuando entre en vigor la ley y no estén colegiados, podrán hacerlo durante los dos años siguientes sin necesidad de obtener el título de abogado.

- Funcionarios. No necesitarán obtener el título de abogado los jueces, fiscales, secretarios judiciales, letrados de las Cortes o asambleas legislativas de las comunidades autónomas, miembros del cuerpo jurídico militar y funcionarios de escala A que desempeñen funciones de asesoramiento jurídico.

Recursos para abogados en internet

2006-09-07T17:58:00.000+02:00

Tras desarrollar de manera breve en los dos artículos anteriores las precauciones y los útiles adecuados para nuestro equipo ofimático en nuestro trabajo habitual y en Internet, parece que ha llegado al momento de salir a la red y empezar a utilizar adecuadamente nuestras herramientas.

Aunque parezca increíble a algunos, podemos hacer cosas útiles, ahorrar tiempo y desplazamientos, desde nuestro despacho, sentados cómodamente ante nuestro monitor y conectados a Internet, o lo que es mejor, desde cualquier ordenador conectado a la red.

Además de la información que podemos obtener por diversos canales, no todo va a ser Google o leer el periódico. La administración, en lo que se ha venido a llamar la e-administración, nos permite acceder a determinados servicios y gestiones sin salir del despacho.

También podemos acceder a determinados servicios e informaciones de carácter gratuito que nos pueden resultar muy útiles para nuestro trabajo.

En este artículo voy a destacar una selección de determinados enlaces en Internet y a comentar brevemente su utilidad. Obviamente estos enlaces son algunos de los varios cientos recopilados en muchos años, y si bien no están todos los que son, los que están, son.

Sin más dilación nos adentramos en esta pequeña muestra de links animándoos a que los probéis y comprobar personalmente que es cierto, que Internet puede resultar de gran utilidad para nuestro trabajo diario.

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (http://www.aeat.es/)

Desde este portal, con nuestro carné colegial provisto de certificado digital, podemos hacer cosas tan simples como obtener de inmediato desde nuestra impresora las etiquetas de nuestros clientes para las distintas declaraciones; o tan complejas como interponer un recurso administrativo en representación de nuestro cliente, o presentar también en su nombre casi cualquier tipo de declaración.

También podemos acceder a la lista interminable de formularios correspondientes a cada impuesto y descargarlos a nuestro ordenador, acceder a las consultas emitidas por la Dirección General de Tributos, y en definitiva, mucha información de carácter fiscal y tributaria. Lógicamente, existe una zona de descarga de programas para poder confeccionar desde nuestro equipo las distintas declaraciones: IRPF, Módulos, informativas de todo tipo.

Resulta un portal de lo más útil y recomendable, y ahorra mucho trabajo. En combinación con el acceso a Internet de nuestra entidad bancaria, podemos incluso pagar nuestros impuestos a través de los códigos NCR, sin necesidad de desplazarnos a nuestra entidad bancaria o a una delegación de la Agencia.

Ayuntamiento de Zaragoza (http://www.ayto-zaragoza.es)

Recientemente premiado como el mejor portal municipal español, el Ayuntamiento de Zaragoza también ofrece servicios muy útiles al abogado a través de su presencia en Internet.

A nivel particular, y provistos de certificado digital podemos consultar el Padrón Municipal de Habitantes, obtener información sobre nuestra situación como residente en el municipio de Zaragoza, según consta en el Padrón Municipal de Habitantes, información sobre Tributos, relación de los distintos objetos tributarios de los padrones fiscales en los que estamos dados de alta, y a partir de ellos acceder a los recibos relacionados con los mismos.

A nivel general, podemos acceder a los distintos trámites fiscales y a la descarga de los correspondientes formularios, de manera similar que en la Agencia Tributaria.

Otro servicio muy interesante que presta este portal es el acceso al mapa detallado del planeamiento urbanístico y al texto del mismo, permitiéndonos conocer con detalle las afecciones de cada parcela y edificio. También podemos acceder de manera simple al callejero, tanto cartográfico como fiscal, de la ciudad.

Gobierno de Aragón (http://portal.aragob.es)

El portal del Gobierno de Aragón, además de material informativo y legislativo de cada consejería, permite acceder a interesantes servicios, especialmente en el orden fiscal.

Además de poder descargar los programas de ayuda de los diversos impuestos cedidos, permitiéndonos preparar los correspondientes formularios desde nuestro ordenador, tenemos acceso a los datos necesarios para calcular los valores de referencia de fincas rústicas y urbanas de todo Aragón, a través de tablas o de listados, tan importantes a la hora de aconsejar la valoración de los diferentes inmuebles a nuestros clientes en sus negocios jurídicos.

También podemos acceder a las consultas en diversos niveles y profundidades de búsqueda, del Boletín Oficial de Aragón, y el Provincial de las tres provincias aragonesas.

Con la transmisión de las competencias de empleo, también resulta interesante empezar a familiarizarse con el IAEM, aunque, a fecha de hoy, sus funcionalidades telemáticas son inexistentes, más allá de comunicar la contratación o la copia básica del contrato de empleo.

Dirección General del Catastro (http://www.catastro.meh.es)

Potente portal, que nos permite, entre otras cuestiones de interés general, acceder a información básica tanto en formato de texto como cartográfica de cualquier finca española, a través, bien de sus datos de localización o número de referencia catastral.

Es especialmente potente la herramienta de localización cartográfica, con la que obtenemos por impresora documentos exactamente iguales (aunque sin valor certificativo) a los certificados gráficos catastrales. Todo ello sin necesidad de certificado de usuario.

Ministerio de Justicia (http://www.justicia.es)

El portal del Ministerio de Justicia, además de información general, nos va a permitir obtener de manera remota, certificados de nacimiento, de defunción y de matrimonio. Dichos certificados nos son remitidos por correo a la dirección que indiquemos de manera totalmente gratuita. Bien es cierto que no todos los Registros Civiles están informatizados, pero si casi todos los de las capitales de provincia, lo que facilita y acelera la obtención de estos documentos a emitir desde ciudades muy distantes a las de nuestro ejercicio profesional.

También podemos presentar al pago por vía telemática la tan manida Tasa Judicial, aunque realmente lo que hace es enlazar con el portal de la AEAT antes mencionado.

Patentes y Marcas (http://www.oepm.es)

A través del portal de la Oficina Española de Patentes y marcas, podemos, y además de obtener información general, presentar solicitudes de marca, solicitudes de Patente Europea y PCT y presentación de diversos recursos, además de operaciones relacionadas con el pago de las correspondientes tasas.

Registradores de la Propiedad (http://www.registradores.org)

¿Qué necesitamos urgentemente una nota simple de una finca en Azuqueca de Henares? A través del portal de los Registradores de la Propiedad y con una tarjeta de crédito, en unos minutos la tendremos solicitada y en nuestro correo electrónico al día siguiente hábil.

Índice de Precios de Consumo (http://www.ine.es/htdocs/daco/ipc.htm)

¿Tenemos que actualizar la renta de un alquiler de nuestro cliente datado en el año 1972? ¿Nuestro cliente quiere además que le digamos el IPC a aplicar al contrato de arrendamiento de su otro piso? Nada más fácil que acudir a la sección de IPC del portal del Instituto Nacional de Estadística, para, en unos segundos, dar la información a nuestro cliente, sin necesidad de requisito alguno.

Consejo general del Poder Judicial

Jurisprudencia Gratuita del Tribunal Supremo
http://jur.poderjudicial.es/jurisprudencia

Jurisprudencia Gratuita de los Tribunales Superiores de Justicia
http://www.poderjudicial.es/eversuite/LoginJurisTSJ?organo=TSJ&redirect=cgpj/entradaDirectaTSJ.html

Si acabas de acceder al ejercicio de la profesión y aún no dispones de base de datos de jurisprudencia, en los enlaces anteriores, es posible acceder respectivamente a sendas bases de datos, sorprendentemente actualizadas, del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, con carácter totalmente gratuito.

Jurisprudencia Aragonesa (http://www.tirantonline.com/loginPage.do)

Acceso libre a la Jurisprudencia Aragonesa con la contraseña administrativa de nuestro colegio, que permite acceder a los fondos de la Editorial Tirant lo Blanch, en virtud del convenio establecido por el colegio con esta editorial y que sustituyo hace ya unos años a los entrañables CD de jurisprudencia periódicos. Muy útil, como los enlaces anteriores, para quien no disponga de base de datos de jurisprudencia.

Noticias Jurídicas (http://noticias.juridicas.com)

Lo mismo podemos decir para quien no disponga de base de datos de legislación. Esta iniciativa, a pesar de ser comercial, permite el acceso gratuito a su base de datos de legislación, aunque con evidentes limitaciones en la búsqueda dentro de cada norma.

Fiscalia.org (http://www.fiscalia.es) (http://www.fiscal.es)

El primer enlace es la iniciativa privada de un grupo de fiscales, que, a pesar de no estar actualizada, permite el acceso y búsqueda de circulares de la fiscalía general del estado, muy interesantes para el ejercicio de la actividad profesional en todos los órdenes en los que interviene el ministerio público.

El segundo enlace, oficial, permite el acceso, cuando funciona, también a circulares de la fiscalía general del estado y otros documentos de interés.

Otrosí digo (http://www.foroabogados.com)

Otrosí digo, portal de abogados de toda España con foro muy activo, y que tiene como principios y fines, y se basa, en fomentar los lazos de la solidaridad y la ayuda mutua entre compañeros, en una profesión, según ellos manifiestan, poco corporativista y excesivamente competitiva. Su objetivo es fomentar las relaciones personales entre abogados, crear una espiral de ayuda mutua desinteresada y altruista, incentivando el desarrollo profesional solidario. Las palabras que más se repiten, son precisamente los pilares de la asociación: Ayuda, Solidaridad y Compañerismo. Se trata de una iniciativa encabezada por mi buena amiga Luna, abogada madrileña (Luncar es su nick), y viene a cubrir el hueco dejado en su día por Abog.net, con la suspensión de su legendaria Ágora

Abog.net (http://www.abog.net)

Legendario portal de los abogados españoles, pionero en su clase, y creado y dirigido por el letrado catalán y buen amigo Joaquim Roses, pero que de un par de años a esta parte se ha venido abajo con la suspensión de su área más conocida y activa, el Ágora y que últimamente no se actualiza. Contiene ya sólo información genera para abogados, pero que aún es útil. Muy interesante la sección de FAQ para abogados nóveles.

Real academia española de la Lengua (http://www.rae.es/)

Portal de la Real Academia Española de la Lengua, que permite el acceso libre a su diccionario, y por lo tanto a consultar sus entradas. Muy útil cuando en un escrito al juzgado queremos precisar el concreto significado o la acepción precisa de una palabra o término.

Whois (en inglés) (http://www.whois.net)

Nuestro cliente, explotador de la marca Ultramarinos del Noroeste, cuando, ilusionado, ha encargado a técnicos competentes que le elaboren un portal y tienda web, ha comprobado atónito, para su pesar e indignación que el dominio que le interesaba en Internet www.ultramarinosdelnoroeste.com, se encuentra registrado a nombre de un desconocido al naturalmente quiere que nosotros nos encarguemos de demandar.

Nada más simple para nosotros que acudir a este enlace para, con sólo introducir el nombre del dominio en cuestión, saber de forma instantánea a favor de quien está registrado, y su dirección postal, tanto a nivel técnico como administrativo.

Vocabulario jurídico latino (http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula00.htm)

En una sentencia que acabamos de recibir, la Ilustrísima Audiencia Provincial nos dice algo así como parum loqui multa facere y no acabamos de descifrar el latinajo. En esta Web encontraremos cientos de términos y frases en latín que nos pueden ayudar a comprender los que nos encontremos en nuestra actividad profesional, o encontrar otros para nuestros escritos

Google Maps (http://maps.google.es/)

Acceso gratuito a toda la superficie de la península en fotografías aéreas con gran resolución en las ciudades y pueblos más importantes. Nos permite tomar instantáneas aéreas de aquellas fincas y edificios que nos interesen para complementar de manera gráfica y sencilla nuestros documentos y escritos.

Web de extranjería (http://www.intermigra.info)

La premiada y laureada web de extranjería de nuestro colegio, con información, formularios, trámites, foros, cursos y en definitiva, todo lo necesario para aquellos que desarrollan su actividad profesional en esta parcela del derecho administrativo, tan en boga hoy en día.

Justicia Gratuita (http://www.justiciagratuita.es)

Portal dedicado a la Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo general de la Abogacía, que además de dar información sobre el acceso a este beneficio, incluye un simulador económico para conocer si se cumplen los requisitos de acceso, y permite solicitar la justicia gratuita online.

Consejo general de la Abogacía (http://www2.cgae.es)

Portal del Consejo, con información de interés para el abogado, pero de momento muy corto en cuanto a utilidades para el letrado. Su zona de descarga de software es de sonrojo, y los servicios, muy interesantes, para letrados, están de momento en construcción. Será necesario darle tiempo al tiempo para que acabe de desarrollarse definitivamente

Naturalmente, sería imperdonable olvidarme del portal de nuestro Colegio, cuya dirección Web (url para los más técnicos) es http://www.reicaz.com, y que también ofrece varias cosas interesantes. A pesar de ello, para algunos compañeros es un perfecto desconocido.

Desde acceder, con nuestra contraseña administrativa, a la Guía Judicial de letrados; descargar multitud de impresos y formularios: acreditaciones de turno de oficio, hojas de encargo profesional, partes de asistencia en las diversas guardias; hasta consultar la ficha de los fondos de nuestra biblioteca o charlar en diversos foros y chats temáticos.

También encontraremos selecciones de enlaces, área de descarga, miscelánea, utilidades programadas por compañeros, jurisprudencia aragonesa, circulares de los últimos años, boletines en formato digital (incluido este), normativa profesional, y noticias de última hora.

Con todos estos servicios y ademans enlaces a las diversas secciones del colegio, la nuestra, es una de las mejores y reconocidas Web de colegios de abogados de España.

Tan sólo un par de críticas. La primera, y mas leve es que el diseño empieza a ser ya obsoleto, y la segunda, y no tan perdonable, y es que las secciones de los diferentes turnos de oficio llevan sin actualizar desde el año 2005 (realmente finales de 2004), lo que lamentablemente desluce un poco el portal.

Para finalizar, hacer una breve y entristecida referencia al portal de RedAbogacía (https://www.redabogacia.org) dónde se nos prometían ríos de leche y miel con nuestro certificado digital, y que hoy, casi dos años después, tan sólo tiene activada una mínima parte de las funcionalidades prometidas (consulta censo de abogados de todas España, correo mail certificado, cursos online y documentación, pases de prisiones, comunicación de intervención profesional, firma y cifrado de correo electrónico) y desactivada las más interesantes e útil (presentación online de escritos al juzgado a través de LexNet)

Como siempre, con esta serie de artículos, pretendo animar a aquellos compañeros, aún renuentes al uso de Internet desde el punto de vista profesional, a que se animen a comprobar por ellos mismos lo fácil e útil que puede ser aventurarse por esta serie de enlaces y de otros que ellos mismos irán descubriendo en su navegación a medida que vayan tomando soltura.

Alternativas

2006-07-04T16:33:00.000+02:00

Si en artículos anteriores ponía de manifiesto determinadas cuestiones básicas sobre la seguridad del equipo informático que usamos para el desarrollo de nuestra actividad profesional, a continuación detallaré, igualmente de forma somera, las necesidades básicas de un despacho profesional en lo relativo al software o programas de ordenador fundamentales y sus alternativas mas ventajosas a mi entender.

Voy a partir quizás de una premisa falsa o no compartida por muchos usuarios avanzados, pero que no deja de ser la realidad. Dicha premisa es el uso casi generalizado, entre los profesionales del derecho, del sistema operativo de Microsoft Windows en sus diversas versiones, siendo la más habitual actualmente la versión XP de dicho sistema.

La alternativa de software libre, que pasa fundamentalmente por el uso de sistemas operativos nativos Linux, y que me consta que algún que otro abogado y procurador usan, la dejamos para otra ocasión, ya que da para más de un artículo.

A nadie se le escapa que lo primero que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestro trabajo es un procesador de textos para poder redactar y editar nuestros escritos de manera fiable y poder conservar lo escrito en archivos en formato lo suficientemente generalizado para ser compatible con los programas de terceros, permitiendo así compartir de manera simple la información.

El estándar de hecho en cuanto a procesador de textos es el programa Microsoft Word, que viene incluida en la suite ofimática Microsoft Office siendo la versión más actual la 2003 (existe una versión beta de lo que se llama Microsoft Office 2007 que estoy probando y de la que en su momento opinaré)

Las funcionalidades de esta suite informática son muy avanzadas y es posible que el usuario medio no llegue nunca a usar el programa en toda su capacidad.

El problema es el precio del editor, unido a la suite informática. La página web de Microsoft http://www.microsoft.com/spain/office/editions/howtobuy/professional.mspx informa de un precio para la versión 2003 profesional de 744 € para el usuario nuevo y 470 € para la actualización de versión anterior.

El precio, sin duda importante, incluye, además del editor de texto, los programas Microsoft Office Access 2003 (base de datos) Microsoft Office Excel 2003 (hoja de cálculo), Microsoft Office Outlook 2003 (gestor de correo electrónico, contactos tareas y citas), y Microsoft Office PowerPoint 2003 (presentaciones y diapositivas).

Existe la versión home, que es más barata, pero no incluye algunos de los programas antes señalados, como la base de datos de Microsoft Office Access 2003, ni Microsoft Office PowerPoint 2003.

La alternativa que se suele recomendar, y yo también lo hago, a la suite informática Microsoft Office es OpenOffice.org, que actualmente marcha por su versión 2.0.3, y que tiene la ventaja inmensa de que, al estar desarrollada dentro de lo que se ha venido en denominar software libre, es gratuita.

Se puede descargar desde Internet desde la web del proyecto en la dirección http://download.openoffice.org/2.0.3/index.html (94 MB, media hora de descarga con una conexión ADSL) o bien solicitar el envío de un CD.

La suite OpenOffice.org, de una manera similar a la de Microsoft, incluye, además del procesador de textos (aquí llamado Writer) los programas Calc (hoja de cálculo), Impress (presentaciones en pantalla o diapositivas), Draw (tratamiento básico de imágenes), y Base (base de datos).

Cuenta OpenOffice.org con la ventaja añadida de que es compatible con los archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, por lo que es posible compartir sin dificultades los datos entre los programas de uno u otro fabricante.

La compatibilidad, la fiabilidad, y la gratuidad del producto, deberían de hacer de OpenOffice.org el candidato ideal para el uso como herramienta ofimática, pero por desconocimiento o desconfianza, se suele preferir por pagar, o incluso por optar por una versión ilegal de Microsoft Office, antes que por una legal y gratuita de OpenOffice.org.

El motivo de este fenómeno puede variar según las personas, pero básicamente se entiende de forma errónea que si contamos con un producto que vale en el mercado más de 700 € tiene que ser forzosamente mejor que otro por el que no se molestan ni en cobrar.

Esta conclusión parte del desconocimiento sobre lo que es el software libre, y que vale tanto para OpenOffice.org, como para otros programas bajo esta filosofía.

El software libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre suele, como OpenOffice.org, estar disponible gratuitamente en Internet o al precio del coste de la distribución o el soporte, a través de otros medios; sin embargo no siempre es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente, aunque a precios sensiblemente inferiores al software puramente comercial

Análogamente, existe también el software gratis o gratuito (denominado usualmente freeware, del que hablamos junto al shreware en otro artículo en estas páginas) y que incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, valga la redundancia a menos que se garanticen expresamente los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.

No debemos confundir software libre con software de dominio público. Este último es aquel por el que no es necesario solicitar ninguna licencia y cuyos derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su autoría original.

Pero volviendo a nuestras necesidades informáticas como abogados, es posible que a algunos les baste con el procesador y no quieran perderse en una maraña de varios programas por que jamás han usado una base de datos o una hoja de cálculo.

Si no necesitamos más que un editor de texto, por que tanto Microsoft Office como OpenOffice.org nos parecen demasiado grandes y complejas, aún existen otras opciones, como AbiWord un procesador de textos más simple, que se puede descargar desde http://www.abisource.com/download.

Otra cuestión a tener en cuenta en cuanto al uso de software libre es el navegador de Internet.

Estamos acostumbrados a que este navegador venga implementado en nuestro sistema operativo, siendo habitual el uso de Internet Explorer, también de Microsoft, ya que viene incluido en todas las versiones de Windows.

Este hecho hace que, por una parte, el navegador, actualmente en su versión 6.0.29 sea el más usado; y por otra, el más estudiado para ser atacado de múltiples formas. A pesar de que esta en constante actualización a través de http://windowsupdate.microsoft.com, es famoso por sus constantes y múltiples vulnerabilidades que pueden dejar nuestros datos al alcance de cualquier atacante malintencionado.

La alternativa de software libre a Microsoft Internet Explorer es hoy en día Firefox, actualmente en su versión 1.5.04, que podemos descargar desde Internet de forma libre y gratuita en http://www.mozilla.com

Este navegador, tan veloz en su descarga de las páginas web como Microsoft Internet Explorer, tiene además funcionalidades y ventajas que vienen dadas por su integración en la filosofía del software libre.

Entre otras cuestiones, permite la implementación de lo que se ha venido a denominar extensiones, que no son otra cosa que pequeños programas gratuitos que nos permiten acceder a información o hacer determinadas cosas muy concretas desde el navegador.

Desde conocer en todo momento la temperatura de nuestra ciudad y la de los días siguientes, hasta tener disponible un pequeño bloc de notas en el navegador, hay miles de estas pequeñas utilidades también accesibles desde http://www.mozilla.com.

También cuenta con la ventaja de permitir la navegación por pestañas. La navegación por pestañas consiste en abrir pequeñas pestañas dentro del mismo navegador para navegar sin tener que abrir tantas ventanas, algo que de momento Microsoft Internet Explorer no permite, pero que al parecer estará implementado en su versión 7.0 del que ya existe una beta 3 circulando por Internet.

Otra cuestión a tener en cuenta es que Firefox está desarrollado a partir de software de código abierto, es decir que los programadores informáticos externos al proyecto tienen acceso a las «tripas» del producto y pueden sugerir modificaciones, mejoras, y observar y vigilar atentamente que no se incluyan opciones que puedan poner en riesgo la privacidad del usuario, lo que no ocurre con Microsoft Internet Explorer, dónde el código es blindado y secreto.

Podemos hablar también de alternativas al gestor de correo electrónico incluido con el sistema operativo de Microsoft, denominado Microsoft Outlook Express, y que según algunos, quizás exagerando algo, es aún más peligroso que Microsoft Internet Explorer, ya que el noventa y cinco por ciento de los virus aprovechan los fallos que tiene este programa para expandirse por Internet e infectar los ordenadores.

Lo dicho para Microsoft Internet Explorer vale para Microsoft Outlook Express, existiendo también un amplio abanico de alternativas de software libre y gratuito.

Quizás la más destacable sea Mozilla Thunderbird, que podemos descargar en castellano y de manera libre y gratuita en http://www.mozilla.com/thunderbird

Esta utilidad es el cliente de correo de Mozilla, programado con la misma tecnología que el navegador Firefox, conteniendo filtros avanzados para luchar contra el correo no deseado y varias protecciones contra virus en su diseño.

Ocurre con el gestor de correo algo similar que con los navegadores. Además de un diseño transparente y ofrecer una mejor protección contra virus, sufre menos ataques por parte de hackers ya que estos tienden a dirigir sus esfuerzos a sabotear los productos de Microsoft, dejando a un lado sus esfuerzos para atacar el software libre, que incluso ellos mismos suelen usar.

En cualquier caso, y como todo lo relacionado con la informática, nada sirve para todos.

Existen personas que no se despegan de su navegador Internet Explorer, o que no desean hablar de OpenOffice.org; como otros parecen encabezar una cruzada contra lo que denominan el imperio del monopolio de Microsoft y no desean ensuciarse tocando ni un solo programa de esta empresa.

Como casi siempre, en los extremos no suele estar la posición correcta. Microsoft u otras empresas de software comercial, tienen muy buenos y sólidos programas informáticos, con un buen soporte y actualizaciones constantes, y, ejerciendo un legítimo derecho, cobran por ellos.

En el otro extremo de la balanza, mediante el software libre, existen alternativas para quien no quiere o no puede pagar los precios que Microsoft y las otras grandes compañías de software piden por sus programas, ofreciendo prácticamente las mismas funcionalidades, soporte y actualizaciones y ofreciendo plena compatibilidad con los productos de Microsoft.

Ofrecida la alternativa, es el usuario quien probando el software libre y el comercial, puede y debe decidir entre las diversas opciones que se le presentan, con la ventaja de que probar el software libre no te cuesta –en todos los sentidos de la palabra- nada.

Por último señalar que se están fraguando importantes novedades en lo que respecta al uso compartido de la información en Internet en su faceta ofimática. Ya existen ciertas iniciativas aún en pañales, pero que provienen casi todas ellas de la misma fuente: Google.

Entre ellas podemos destacar http://spreadsheets.google.com/ o la hoja de cálculo en línea y gratuita de Google, accesible desde cualquier ubicación, http://www.google.com/notebook/?utm_campaign=gnb&utm_source=us-et-labs o el bloc de notas en línea de Google, que nos permite dejar nuestras anotaciones en Internet y acceder a ellas desde cualquier ordenador conectado, Google Calendar, accesible desde http://www.google.com/calendar/render?pli=1 y que permite acceder desde cualquier sitio a citas, tareas y recordatorios.

Todo lo anterior junto al correo electrónico en línea de Google, denominado Google Mail accesible desde http://mail.google.com/mail nos permiten atisbar en que consiste el futuro de la informática, con la nada desdeñable ventaja de que todos los programas citados de Google son total y absolutamente gratuitos (aunque la mayoría está en desarrollo o se necesita invitación para acceder)

Quien desee más información de este y otros proyectos, puede encontrar toda la información en http://labs.google.com/

Pero los fans del software comercial no deben de entristecerse. Microsoft, ahora si, parece que se ha subido a tiempo al tren del futuro ofimático a través de su futura versión Office 2007 OnLine.

La estupidez de la Junta de Andalucía

2006-03-23T12:29:00.000+01:00

La Junta ignora en la Ley del Gobierno aprobada ayer las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) sobre el uso del lenguaje no sexista, en las que esta entidad rechaza desdoblamientos del tipo «el presidente o la presidenta, el diputado o la diputada, por ser innecesarios y artificiosos desde el punto de vista lingüístico».

Algo tan obvio choca al parecer con la estupidez esa que se ha dado en denominar «lenguaje no sexista»

Según un fámulo de la Junta de Andalucía, la redacción de la nueva norma se ha adaptado de forma «rigurosa y escrupulosa» al uso de un lenguaje no sexista e incluye los desdoblamientos «el presidente o la presidenta, el consejero o la consejera», pese a haber sido desaconsejados expresamente por la Real Academia.

Pues si van a hacer lo que les venga en gana ¿para qué consultan con la más alta entidad en matería linguistica?

Y es que hay políticos que sólo piden informes a los expertos en diversas materias para que les den la razón.

La institución recibió recientemente una consulta, realizada por un miembro del Parlamento andaluz, al que aconsejaron evitar dichas fórmulas.

Fuentes de la RAE calificaron en un informe, que la Junta ha califizado de inmovilista, que el uso de desdoblaminetos «tiene su origen, en unos casos, en el desconocimiento de lo que gramaticalmente se define como uso genérico del masculino gramatical y, en otros, en la voluntad de determinados colectivos sociales y políticos de suprimir este rasgo inherente al sistema de la lengua, como si fuese una consecuencia más de la dominación histórica del varón sobre la mujer».

Según la Real Academia, «el uso genérico del masculino gramatical tiene que ver con el principio básico de la economía lingüística, que supone la materialización en el ámbito comunicativo de la tendencia general del ser humano a obtener sus fines con el menor esfuerzo posible».

Pero hay algunos a los que, el árbol de lo políticamente correcto, les impide ver el bosque de lo elemental.

El escudo de Aragón

2006-02-03T17:53:00.000+01:00

Ya al transcribir la historia de la bandera de Aragón advertí que esta tenía además otro elemento muy importante: su escudo. Es ahora entonces el turno de recordar su historia y el significado de los elementos que lo conforman.

El escudo del Reino de Aragón es el que campeaba en la Diputación General de Aragón. Se conserva un ejemplar del siglo XVI que todos los zaragozanos podemos contemplar en la fachada de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, más conocida como San Cayetano, en la calle Manifestación, junto a la efigie del Justicia Mayor de Aragón Juan de Lanuza. Esta nuestro escudo dividido en cuatro cuarteles o divisiones. El superior derecho es la cruz patada y palada de Iñigo Arista, que personificaría los orígenes míticos de la separación de Navarra y el nacimiento de la dinastía aragonesa. Tiene influencia carolingia y su denominación de patada y palada se debe a la forma de los brazos de la cruz y a la terminación en punta del brazo inferior para ensartar en un palo, respectivamente. Esta cruz palada se utilizó a modo de estandarte en la lucha contra los musulmanes. En el cuartel superior izquierdo nos encontramos con el árbol de Sobrarbe, encina o querqus, árbol abundantísimo en los Monegros, nombre que deriva de la contracción de "Montes negros" debido a la abundancia de encinas que no dejaban a la vista superficie alguna sin arbolar. Estos extensísimos encinares fueron arrasados por la tala indiscriminada en tiempos de Felipe II para la construcción de la Armada Invencible, que tuvo el desgraciado final que todos conocemos. Posteriormente, Fernando VII, ya en el siglo XVIII, termino con los pocos árboles existentes para la construcción de sus naos, dejándonos como recuerdo el desierto actual de los Monegros. Pero volviendo al árbol de Sobrarbe, esta comarca es origen de una leyenda según la cual se sitúan allí los orígenes supuestamente democráticos del Reino de Aragón según Jerónimo de Blancas, creador de la leyenda: En Aragón el mismo reino y la ley están por encima del rey. La nobleza de Sobrarbe tiene tanta fuerza como el mismo rey y elige a este democráticamente. Como vemos, los aragoneses tenemos una institución similar al árbol de Guernica vasco pero que es desconocida por la mayoría. En el cuartel inferior derecho aparecen las barras verticales o gules en campo de oro. Son signo originario del rey de Aragón, y el hecho de estar colocadas en posición vertical y no horizontal se debe a que esta era la manera de indicar, mediante la simple visión del pendón real, que este se dirigía a la batalla. Aparecen en el reinado de Ramón Berenguer IV, tras sus esponsales con Petronila en el siglo XII, pero no son de origen catalán ni mucho menos. Ramón Berenguer IV importa las gules de Aragón en 1.134. En el cuartel inferior izquierdo nos encontramos con la cruz de San Jorge. Su origen lo encontramos en la primera cruzada, ya que su primera bula se predica en Aragón en 1.096 en la batalla de Alcoraz, en plena conquista de Huesca. En las intersecciones de sus brazos aparecen cuatro moros decapitados, uno por cada muralla de Huesca, donde colocaban las cabezas decapitadas como signo de derrota del infiel. Al parecer, San Jorge se apareció al rey Pedro I y le prometió la posterior victoria. Posteriormente, Pedro II en 1.201 creó la primera orden militar de San Jorge, la de San Jorge de Aljama. En Cataluña, como siempre a remolque de Aragón, aparece la cruz de San Jorge a finales del siglo XIII, debido a la admiración -y probablemente a la envidia- que producen en los barceloneses los pendones de lo cruzados. En la actualidad, los catalanes también pregonan con exclusividad su patronazgo en pugna con los aragoneses, celebrándose su festividad el 23 de Abril. Las estrechas miras, tan características de nuestros vecinos geográficos, les impiden constatar que San Jorge es uno de los patronos mas internacionales que existen junto con San Antonio de Padua. Su fiesta no solo se celebra en Aragón y Cataluña, además de en alguna otra localidad hispánica, es además patrón nacional de Inglaterra y local de Génova, Macedonia y Rusia.

LA BANDERA DE ARAGON

2006-02-03T17:44:00.000+01:00

Todos conocemos la bandera de Aragón, pero frecuentemente se desconoce su verdadero origen o incluso se tiene una idea errónea de este. También todo el mundo sabe que nuestra bandera regional es igual a la de las comunidades catalana y valenciana -o casi igual- pero muy pocos conocen las motivaciones de esta multiplicidad de comunidades con una misma bandera. A través de estas breves líneas voy a intentar aclarar algunas ideas principales. La bandera aragonesa esta compuesta de dos elementos principales: la bandera propiamente dicha y el escudo que campea en su centro. La bandera aragonesa es cuatribarrada y lógicamente tiene cuatro barras y no ocho, como se suele decir. Estas barras se denominan en la ciencia de la heráldica gules, que quiere decir barra roja, y se plasman en nuestra bandera sobre campo de oro, dando así la apariencia de ocho barras rojas y oro alternativas.

El origen y la paternidad de la bandera aragonesa es polémico. Durante muchísimos años se dio verosimilitud a una leyenda del historiador catalán Muntaner según la cual, en el siglo IX, el Conde catalán Carlos el Calvo, conmovido ante las heridas sufridas en combate de su servidor Wifredo el Velloso, introdujo cuatro dedos de su mano en las heridas y, manchadas sus yemas en sangre, dibujo en la pared de la estancia cuatro trazos rojos, dándoselos como enseña a él y a sus descendientes. Es en esta historia donde se apoyan los historiadores catalanes para atribuir a su comunidad la paternidad de la bandera cuatribarrada. Ya en este nuestro siglo, historiadores aragoneses demostraron la falsedad de la leyenda de Muntaner. La tesis es demoledora: Carlos el Calvo y Wifredo el Velloso no fueron contemporáneos, e incluso vivieron en siglos distintos. Sorprendentemente, los ridículos políticos catalanes de la actualidad, ignorando los hechos científicamente demostrados se empecinan en mantener el supuesto origen catalán de nuestra bandera. Estos mismos historiadores aragoneses, después de larguísimas investigaciones y de recopilar datos en fuentes históricas conservadas de la Alta y de la Baja Edad Media, expusieron su tesis sobre el origen de la bandera cuatribarrada, aportando además datos abrumadores.

Tenemos conocimiento por primera vez de la bandera cuatribarrada a mediados del siglo XI y, hasta 1.707 representará a la Casa Real de Aragón . Sólo a partir del siglo XIII representará a un territorio, el de la Corona de Aragón. Nuestros vecinos y sin embargo queridos catalanes no podían disponer de pendón o bandera, ya que esta era prerrogativa exclusiva de reyes, y Cataluña, como condado, no disponía de ese privilegio.

Pero el origen primero de los gules es muy épico, muy de acuerdo con el carácter aragonés. Los guerreros aragoneses se defendían con un escudo circular de madera. Lógicamente, por muy resistente que sea la madera con la que el infante confeccionaba su escudo, este se quebraba fácilmente ante los envites y golpes de las armas metálicas del enemigo. Para evitar esta complicación, los guerreros aragoneses reforzaban su escudo con cuatro tiras metálicas colocadas paralelamente. Si a esto unimos la costumbre de pintar la impedimenta de batalla de colores vivos y agresivos, ya podemos imaginar de que color pintaron los soldados aragoneses las tiras metálicas de sus defensas, de rojo, el color que mas agresividad representa.

Respecto al campo o fondo en oro de la bandera, su origen se encuentra en el enfeudamiento o vasallaje del rey aragonés Sancho Ramírez con la Santa Sede. Era costumbre que el Papa concediera a sus vasallos el campo dorado, que era de mayor dignidad que el plateado.

Como conclusión a estos esbozos históricos, señalar que la representación de nuestra bandera mas antigua conocida se encuentra en unos frescos del castillo de Alcañiz, datados de entre finales del siglo XII y principios del XIII. Señalar también que algunos historiadores encuentran en nuestra bandera regional el origen de nuestra bandera nacional. En un principio, nuestra bandera nacional fue la enseña de la Marina Real, y una de las candidatas fue la bandera cuatribarrada. Si bien su diseño era muy atractivo, no fe finalmente seleccionada porque en las distancias marinas, mayores habitualmente que las terrestres y debido a un efecto cromático, asemejaba ser de color naranja. Finalmente, y tomando como base a la bandera cuatribarrada se diseño la bandera de la Marina Real con dos gules en campo de oro, o lo que es más conocido hoy, la bandera roja y gualda española.

Shareware y derecho

2006-02-03T17:42:00.000+01:00

Artículo publicado en en número 24 de la revista Hot Shareware (Editorial Hobby Press)

A estas alturas todos nosotros tenemos una más o menos acertada idea de lo que es el shareware. Posiblemente la mayoría de nosotros podemos incluso ilustrar a los legos en la materia sobre las diferentes modalidades, denominaciones, canales de distribución…etc. Lo que es posible que no todos conozcamos es las implicaciones legales que puede tener el shareware desde el punto de vista del autor o del usuario final. Es muy frecuente, al instalar en nuestro PC un programa shareware de origen estadounidense, encontrarnos con advertencias de tipo legal, contratos electrónicos donde nos comprometemos de una determinada manera al hacer click sobre un botón, grandes rótulos de Warnig, e incluso alusiones al FBI.
Si los autores americanos tienen bastante claro cuales son sus derechos y obligaciones en relación a sus creaciones, no ocurre lo mismo con los españoles, donde, como he podido comprobar existe bastante desconocimiento en esta materia.
¿A qué se obliga un autor de shareware cuando distribuye su programa? ¿Debe responder por los daños que pueda sufrir el usuario? Y si es así ¿Cómo y en qué condiciones? Estas preguntas y muchas más son las que pueden plantearse en relación a este tema, y a algunas de ellas voy a intentar dar respuesta en estas líneas.
Podemos pensar que el shareware es una modalidad de venta reciente, algo que ha surgido del avance tecnológico o de las nuevas vías de comunicación. Nada más lejos de la realidad. El shareware no deja de ser lo que tradicionalmente se ha conocido en nuestro Ordenamiento Jurídico como la venta en calidad de ensayo. Así la recoge el Código Civil, un texto legal de 1.888, en su artículo 1.453. Se refiere en concreto a la venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, o la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas. Dentro de los dos conceptos que nos ofrece el Código Civil, el shareware tal y como nosotros lo, conocemos, en sus innumerables variantes, puede encuadrarse en ambos, pero la idea inicial del mismo, tal y como la concibió Jim Knopk en 1.981 parece adaptarse más a la categoría de venta a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida.
De esta interpretación podemos extraer las siguientes ideas. El shareware se encuadra en el Ordenamiento Jurídico español como una venta bajo condición suspensiva hecha a calidad de ensayo o prueba. Esto supone que el usuario final puede probar, ensayar y gustar la cosa sin que ello suponga para el ningún compromiso de compra. La jurisprudencia, es decir los tribunales superiores españoles han interpretado esta concepción señalando que la venta en calidad de ensayo o prueba se perfecciona, es decir, hace surgir en el comprador y en el vendedor sus obligaciones legales, cuando el usuario final o comprador, una vez comprobada la cualidad de la cosa y su utilidad para el destino previsto, la considera aceptable ya sea expresa (mediante el correspondiente registro) o tácitamente (simplemente continuando el uso de la aplicación tras el periodo de evaluación).
La conclusión a esta reflexión es que los autores de shareware español también ven protegido su trabajo por nuestro Ordenamiento Jurídico.
En cuanto al periodo de prueba o ensayo, si bien normalmente lo determina unilateralmente el autor, este ha de ser lo racionalmente suficientemente para comprobar la calidad y utilidad de la cosa.

Pero no solo los usuarios finales tienen obligaciones legales al usar un programa shareware, también los autores se ven sometidos a la ley. Si decíamos que el shareware es una venta a calidad de prueba o ensayo, no olvidamos que, jurídicamente, también es otras cosas. Lo primero que emana del programa shareware, cuando lo instalamos en nuestro PC, es que alguien, más o menos lejano, nos esta haciendo una oferta. Esto supone el principio de la formación del contrato de compraventa. El autor hace llegar a su potencial usuario final una declaración de voluntad encaminada a lograr el establecimiento de un acuerdo contractual. Esta declaración de voluntad u oferta ha de ser clara, precisa, completa y definitiva, revelando inequívocamente el propósito del autor de vincularse contractualmente.
Si a la oferta del autor, concurre la aceptación del usuario final, se concluye el contrato de forma inmediata, quedando ya obligadas ambas partes.
El problema es que la oferta, en todo su contenido (precio, producto, calidad, forma de entrega, descuentos a determinados colectivos…etc) obliga a quien la hace cuando esta se realiza al público en general, que es lo habitual en el shareware. Esto supone debemos contar con mantener las condiciones que incluimos en nuestro programa durante un tiempo prudencial. La doctrina señala que se deben mantener las condiciones durante el tiempo en el que razonablemente pueda llegar la aceptación, pero como bien sabemos, en el shareware los programas pueden circular por los diversos canales durante largo tiempo, por lo que no estaría de mas, si se considera conveniente de hacer constar en el la información al usuario una fecha de caducidad de la oferta, a partir de la cual pueden cambiar condiciones y precios.
Con esta breve exposición he intentado aclarar algunas dudas que desde el punto de vista jurídico pueden plantearse, y que si bien no son las únicas, si parecen ser las que afectan directamente a todos los autores

Licenciando nuestro shareware

2006-02-03T17:37:00.000+01:00

Artículo públicado en el número 26 de la revista Hot Shareware (Editorial Hobby Press)

Una vez que tenemos nuestro producto shareware listo para distribuir, puede surgirnos la idea de adjuntar al mismo una licencia de usuario que recoja nuestro compromiso con el mismo, así como todos aquellos aspectos legales que incidan en la nueva relación contractual.
La redacción de la licencia de usuario no es algo que deba tomarse a la ligera. No en vano las grandes compañías de software cuentan con nutridos departamentos de asuntos legales que se encargan de redactar estos documentos de forma minuciosa, revisando cada punto y cada coma, de manera que el texto prevea todas las eventualidades posibles y conceda al fabricante del software una posición lo mas ventajosa posible dentro de la relación contractual. No obstante esto, no hay que caer en el error de distribuir nuestro producto con una cláusula general de exoneración que suponga que el distribuidor no se responsabiliza de ningún efecto, en ninguna circunstancia, del producto. Esta política, además de generar desconfianza en el usuario, cae dentro de lo que jurídicamente se denominan cláusulas abusivas, que resultan nulas de pleno derecho, provocando exactamente el efecto contrario al deseado.
Ya recogí en estas páginas en otra ocasión que nuestro producto ha de incluir una oferta, que supone una declaración de nuestra voluntad de contratar dirigida al usuario en general, y que esta ha de ser necesariamente precisa completa y definitiva revelando nuestro propósito de vincularnos contractualmente de acuerdo con las condiciones que recoge nuestra licencia. En síntesis, nosotros ofrecemos al usuario final un contrato o licencia de uso de nuestro software de manera unilateral. Esto se denomina técnicamente contrato de adhesión. Este contrato se caracteriza por que se propone a la aceptación de una gran masa de público, fijando la condiciones del mismo unilateralmente la parte proponente, mediante una formula única a imponer a los eventuales contratantes, de modo que a estos no les cabe sino aceptar o rechazar el modelo que se les propone.
Esta manera de contratar presenta indudables ventajas para la parte que impone su fórmula, sobre todo por que permite una cautelosa protección de sus intereses. Pero también resulta patente que conlleva desventajas para la masa anónima y dispersa de los usuarios finales, obligada a aceptar las cláusulas impuestas o a rechazarlas. No obstante es importante tener en cuenta que la legislación española en la actualidad ha limitado esta situación de desventaja con una regulación especial de las condiciones generales de contratación y de la defensa del consumidor y usuario.
De acuerdo con esta normativa, las cláusulas generales han de ser concretas, claras y sencillas en su redacción, haciendo posible su comprensión directa y quedando prohibida la remisión o reenvío a textos o documentos que no se faciliten. Es muy importante hacer hincapié en esto, ya que la ley de defensa del consumidor y usuario prevé expresamente que las cláusulas obscuras o que presenten dudas en su interpretación se resolverán contra quienes las hayan causado. También es requisito legal que las cláusulas, condiciones o estipulaciones deban ajustarse al requisito de la buena fe y no han de alterar el equilibrio de las prestaciones entre las partes. La ley entiende por cláusulas abusivas las que perjudican de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o usuario final, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor o usuario. La inclusión de este tipo de cláusulas abusivas, de acuerdo con el artículo 10.4 de la Ley 26/84 de Defensa del consumidor y usuario supone la nulidad de las mismas, que se tendrán como no puestas.
Supongo que muchos de vosotros, al llegar a este punto estaréis pensando que muchos de los programas shareware, o incluso comerciales incluyen cláusulas o condiciones de este tipo. Efectivamente, este error es muy común cuando no se cuenta con el asesoramiento profesional adecuado o simplemente cuando el producto se dirige a un mercado de usuarios poco informados. Ahora vosotros estáis en posesión de la información adecuada que os permitirá no solo licenciar vuestras creaciones de forma profesional, sino además, y desde vuestra posición de consumidores, conocer vuestros derechos y de que manera los ampara la ley en este loco mundo de la informática.

Una vez que hemos dejado claro que es lo que no tenemos que incluir en nuestra licencia, pasemos a ver lo que necesariamente debemos recoger en ella.
Si decíamos que el destinatario de nuestro producto shareware es el público en general y por lo tanto es una masa anónima, nosotros, como autores y distribuidores, si debemos de estar perfecta y legalmente identificados en nuestra licencia. Y no sólo eso, además debemos de contar con la capacidad legal necesaria para contratar. Si en el tráfico mercantil lo habitual es que un creador o fabricante cuente con la capacidad necesaria, en este mundo nuestro no resulta sorprendente encontrarnos con creadores menores de edad, que deben estar representados legalmente por sus padres o tutores. Otro fenómeno frecuente es el de las denominadas sociedades irregulares. Muchas distribuciones vienen con el sello de sociedades que no están legalmente constituidas, y que aparecen por motivos estéticos. Es frecuente que, por ejemplo, un autor hipotético llamado Carmelo Pérez prefiera distribuir su software bajo la firma de Carmel Soft, algo mas comercial y que da una imagen dinámica, pero que puede dejarnos en una situación de desventaja a la hora de reclamar la propiedad intelectual de nuestros productos, y que tampoco nos servirá para exonerarnos de posibles reclamaciones, pues de la sociedad civil irregular responden los particulares que se hallan tras de ella . No obstante si distribuimos nuestro software bajo nuestro nombre y somos mayores de edad, contamos con la capacidad legal y de obrar necesaria para entrar en el mercado, disfrutando de la correspondiente cobertura legal.

Una vez hemos constatado que contamos con la capacidad de obrar necesaria, pasamos a determinar los elementos que compondrán nuestro contrato de licencia. Es necesario destacar que el contenido del mismo será obligatorio para nosotros siempre que concurran en el las condiciones esenciales para su validez. De los tres elementos esenciales que conforman todo contrato, quizás el más interesante para nosotros sea el objeto. Los otros dos, consentimiento y causa no plantean en principio problemas desde el punto de vista que ahora nos interesa.
Es evidente que cuando nosotros ofertamos nuestro producto shareware no pretendemos vender nuestro ejecutable como tal, ni siquiera los archivos de instalación que hacemos llegar al usuario final. Lo que realmente estamos vendiendo es el derecho a usar nuestra creación dentro de los límites que estipulará nuestra licencia. Este derecho de uso ha de ser, por razones obvias, personal e intransferible, pues de otra manera estaríamos perjudicando nuestros intereses comerciales. Junto a este derecho de uso puede, en su caso, añadirse un soporte técnico más o menos amplio, manuales de usuario, derecho a una o varias actualizaciones futuras gratuitas o en condiciones especiales, etc, pero en ningún caso se trata de ceder nuestro derecho de propiedad sobre nuestra creación o su código, ya este compilado o no.
Este derecho de uso, como ya apuntábamos, corresponderá únicamente al usuario registrado con nombre y apellidos, siendo él, y solamente él, el legitimado para el uso. Este derecho a usar nuestro programa, y que es objeto de regulación en nuestra licencia, suele ser de carácter indefinido y no incluirá, salvo que el autor lo considere oportuno, derecho alguno sobre futuras versiones.

Una descripción minuciosa del objeto de licencia es fundamental para evitar futuras reclamaciones. Además de testear minuciosamente nuestros archivos para comprobar que no producen daños en la o las plataformas operativas en las que están destinados a funcionar y, como no, al cuidadoso chequeo en busca de posibles infecciones virales, es conveniente que la licencia recoja un listado de los archivos originales de instalación y los finales de ejecución, sus tamaños así como los de y la carpeta o directorio donde quedarán correctamente ubicados. Junto a esta información debemos incluir una invitación al usuario para que compruebe si estos datos coinciden con los que el recibe, en el caso de archivos de instalación, y con los que definitivamente quedan copiados en su disco duro, respecto a los de ejecución. Se ha de hacer constar en la licencia que se declinará toda responsabilidad sobre los posibles efectos negativos del programa si falta algún archivo o estos no coinciden con el tamaño original.
Es importante además incluir un archivo que explique minuciosamente los pasos de la instalación y el uso de la aplicación, incluso cuando esta sea muy intuitiva, pues este será nuestro descargo en caso de daños producidos por una mal uso del programa. La importancia de estas instrucciones aumenta progresivamente en proporción directa a la posibilidad de que el uso inadecuado de nuestro programa pueda causar daños en el sistema o en los datos: no es lo mismo una utilidad que, por ejemplo, calcule las amortizaciones de un préstamo, que otra que gestione la memoria, la BIOS o cualquier otro elemento delicado de los equipos donde esta destinada a funcionar.

Una vez aclarados todos los puntos más importantes podemos pasar ya a la redacción de nuestra licencia, pero sin olvidar una última importante referencia: todo aquello que en su día incluimos en la oferta que nuestro usuario, entonces potencial, ahora ya registrado, aceptó, es exigible por parte de este, aunque no incluyamos los datos de la oferta en la licencia.

A continuación os presento una especie de plantilla de licencia que podréis utilizar para incluir junto a vuestros productos, una vez que la adaptéis convenientemente y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto. Lo mas normal es que acompañe siempre a nuestro producto en forma de archivo de texto junto a los de instalación y, cuando sea posible, impreso en papel, a veces en forma de sobre, junto con el soporte de la instalación. Es frecuente también hacer aparecer la licencia en pantalla previamente a la instalación o al final de la misma. De lo que se trata es de que, en un momento u otro, el usuario lea la licencia o que si no la lee, sea por voluntad propia.

LICENCIA DE USUARIO

El propietario del software que se licencia en este documento, cede en favor del usuario final registrado una licencia de uso de su producto denominado comercialmente .

Esta licencia de uso es personal e intransferible, y referida únicamente a la versión actual del software cuyo uso se cede, sin que otorgue ningún derecho sobre futuras versiones.

El usuario final reconoce que el programa informático al que se refiere esta licencia es de exclusiva propiedad de y que el tan sólo adquiere el derecho de uso personal e intransferible, en una sola máquina o equipo informático, comprometiéndose a no cederlo a terceros, gratuitamente o no, a no modificarlo o descompilarlo de forma conocida o no, y a no hacer uso de el en red sin la expresa autorización del propietario.

El programa al que hace referencia la presente licencia se hace llegar al usuario final registrado en forma de archivos de instalación, junto con dos archivos de texto, uno de ellos conteniendo esta licencia y otro las instrucciones necesarias para una correcta instalación y uso. Estos archivos no contienen virus en origen y su nombre y tamaño son los siguientes.

NOMBRE TAMAÑO DESCRIPCION

Setup.exe 1.234 Kb Archivo de instalación.
…. ….. ……………..
…. ….. ……………..
…. ….. ……………..
Licencia.doc 32 Kb Licencia de usuario
Instalar.doc 134 Kb Manual instalación y uso

Una vez ejecutados los archivos de instalación y descomprimidos para su operatividad, el programa quedara conformado por defecto de la siguiente manera, salvo que el usuario cambie manualmente la configuración, en cuyo caso los nombres de las carpetas o directorios de destino pueden variar.

CARPETA NOMBRE TAMAÑO DESCRIPCION

C:\utilidad
programa.exe 1345 kb Ejecutable
datos.dbf 409 kb Base de datos
licencia.doc 32 kb Licencia de usuario
instalar.doc 134 kb Manual de instalación y uso

C:\windows\system

vbrun400.dll 3456 kb DLL
…… ….. ….

El propietario del software objeto de esta licencia no responderá de ningún efecto negativo del programa en caso de que los archivos de instalación o de ejecución no coincidan en su nombre, tamaño y número con los anteriormente expuestos.

Esta licencia se concede por tiempo indefinido, no obstante el incumplimiento del usuario final registrado de alguna de las condiciones de la misma supondrá su extinción.

El usuario se compromete a seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación y uso que el distribuidor recoge en el archivo instalar.doc, donde se encuentran las peculiaridades de la instalación y del uso en condiciones normales, y la resolución a posibles problemas.

El uso del software amparado por esta licencia por el usuario final implica la aceptación tácita e incondicional de este del contenido de esta licencia.

Las partes en esta licencia, con expresa renuncia del fuero que pudiere corresponderles, acuerdan someter las controversias que potencialmente puedan surgir a los juzgados y tribunales de .

Denominaciones sociales, identidad, y nombres comerciales

2006-02-03T17:35:00.000+01:00

La Sentencia del Tribunal Supremo que se va a estudiar expone un problema entre denominaciones sociales, identidad, y nombres comerciales. Previamente a entrar a analizar mas detalladamente la cuestión entraré a exponer un marco general de los elementos del problema jurídico que se plantea.

Partimos de que la Sociedad Anónima tiene una denominación que la identifica. Esta denominación es libremente elegida, pudiendo ser de pura fantasía, tal y como lo recoge la ley de Sociedades Anónimas, bien adecuada a la naturaleza de la empresa social o incluso simplemente en un nombre o nombres personales de los propios socios. Tan solo se exige que tras la denominación figure la indicación de Sociedad Anónima o su abreviatura S.A.

Este principio de libertad en la denominación social se ve limitado lógicamente por la imposibilidad de que exista identidad entre la denominación social de dos o más sociedades, aunque sean de diferente tipo, es decir que se adopte una denominación social idéntica a la de otra sociedad preexistente. Además existen otros límites, como por ejemplo el que la denominación social no incluya términos o expresiones contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, las denominaciones oficiales o aquellas que induzcan a error. Cabe incluso actualmente la posibilidad de incluir en el Registro Mercantil entidades normalmente no inscribibles en él, a los solos efectos de proteger su nombre social, siempre y cuando estén inscritas en sus registros correspondientes. (artículo 396 del Reglamento del Registro Mercantil )

El problema se plantea con el alcance de la prohibición de identidad y el concepto exacto de esta. Hasta la reforma del Reglamento del Registro Mercantil, el concepto de identidad era absoluto, es decir, para que existiera identidad, tal y como recoge el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, debía darse una absoluta coincidencia entre las denominaciones, lo que permitía la coexistencia de denominaciones sociales muy similares, pero no estrictamente idénticas. Un ejemplo claro de esta situación se da en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21de octubre de 1.994 (RJ 9036) propuesta para su estudio, cuando el Tribunal, a este respecto dice:

"Ahora bien la problemática del posible confusionismo de nombres sociales exige, según el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se dé situación de identidad entre los confrontados, pues lo que se prohibe es la estricta identidad o igualdad nominal, lo que en el supuesto de autos no se da y así lo declaró el Tribunal de apelación como hecho firme, no debidamente combatido, pues la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es sólo de los apellidos Pérez Hermanos, pero no plena, ya que en ambas denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte m s amplia, pues contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud (artículo 1) y semejanza (artículo 31.1), pero con referencia sólo para las marcas, los nombres comerciales (artículo 81) y los rótulos (artículo 85). La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica"

Esta parece una correcta aplicación de la literalidad de la Ley de Sociedades Anónimas al supuesto de hecho, pero el problema se agrava al entrar en juego la posibilidad o no del uso de la denominación social, llamémosla "no exactamente idéntica" como marca, nombre comercial, o como rótulo de establecimiento.

Efectivamente, en el supuesto de hecho que da lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo citada, ambas sociedades, con denominación "no exactamente idéntica" según el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a usar su denominación social como marca, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Marcas. Pero sucede que en el régimen de marcas, rótulos y nombres comerciales el problema de la identidad no se queda sólo en un concepto meramente estricto, sino que va mucho más lejos. En la legislación de marcas se prohibe no sólo la mera identidad exacta, sino también la similitud o la semejanza en un régimen de protección mucho más rígido de cara a proteger, no sólo los intereses de las partes en el conflicto, sino especialmente los de los consumidores.

Ante esta eventualidad, el Tribunal Supremo, en la sentencia citada anteriormente, opta por una sorprendente decisión, que casi me atrevo a calificar como salomónica. Mantiene el derecho de ambas sociedades a su denominación no estrictamente idéntica, aplicando el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, pero al mismo tiempo prohibe a la sociedad demandada el uso de su denominación social como nombre comercial, rótulo de establecimiento o marca, al amparo de la Legislación de marcas, pero olvidando el artículo 76 de la propia Ley de Marcas, que permite especialmente a las sociedades utilizar su denominación social como nombre comercial.

"La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y as¡ la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda a empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominación social, que no obstante conserva y a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores"

A mi entender esta decisión del Tribunal Supremo cercena a la sociedad demandada sus posibilidades de actuar en el tráfico en igualdad de condiciones jurídicas con sus competidores. Además cabe preguntarse ¿con qué denominación social actuará la sociedad en el tráfico? Lógicamente con la denominación social que origina el conflicto, por lo que la medida que toma la sentencia no evitará situaciones de confusión en el ámbito contractual mercantil. En este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 11 de octubre de 1.984 señala que:

"…toda persona jurídica tiene un derecho subjetivo a la propia identidad personal y a que sea reconocida su individualidad en el ámbito del contexto social el que opera mas allá de las exigencias peculiares de su actividad"

Más lógica parece, a pesar de ser anterior, la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 4 de diciembre de 1.968, pues ante un supuesto de hecho similar, es decir una "no exacta identidad", entiende sin embargo que el elemento diferenciador no es suficiente y por lo tanto califica como idénticas las denominaciones sociales "Cerámica San José", "Cerámicas San José", y "Cerámica de San José". Así, la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado entiende:

"Que en el presente caso es forzoso estimar que se está ante una situación de identidad, pues la simple variación en cuanto a la primera de las palabras que componen la denominación elegida -Cerámica- del singular por el plural, con la supresión de la letra "s" y total igualdad en las dos restantes de carácter específico no establecen variación apreciable en cuanto al nombre elegido, y lo mismo habría que decir respecto de la otra Sociedad preexistente, pues aquí la semejanza es total a excepción de la preposición "de" intercalada, que tampoco viene a introducir suficiente diferenciación."

No obstante, las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado son vacilantes con este problema, pues la de 2 de septiembre de 1.982, bastante posterior a la anteriormente citada, viene a exigir, para imposibilitar la inscripción de una sociedad por tener una denominación social idéntica a otra preexistente, de nuevo el concepto estricto de identidad, pues recoge expresamente que:

"…aquellos otros nombres, que, aún parecidos o de cierta semejanza, por no ser idénticos, no deben impedir la inscripción."

Con la reforma del Reglamento del Registro Mercantil de 1.996, se amplía el concepto de identidad, viniendo a solucionarse este problema en lo relacionado a la denominación social. Efectivamente, el artículo 408 del Reglamento del Registro Mercantil entiende como identidad no sólo y exclusivamente la coincidencia total y absoluta de denominaciones, o concepción estricta de la identidad, sino también una serie de supuestos o circunstancias:

La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación.
La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética.

Estos criterios no se aplican cuando la sociedad que pretende la inscripción de la denominación social susceptible de identidad cuente con la autorización de la sociedad afectada.

Luego el problema de la identidad lo resuelve el legislador a través de un concepto más amplio de la identidad entre denominaciones, y mas cercano a la similitud.

Pero queda pendiente aún la relación existente entre denominación social, nombre comercial , marcas y rótulos de establecimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1.994 propuesta para su estudio, opta por una decisión que antes comentaba como excesivamente apegada al texto de la ley, dando como resultado de la aplicación una solución no muy practica para las partes.

Parece difícil de entender que se limite el campo de acción en el tráfico de una Sociedad, no permitiéndole hacer uso de su denominación como marca y al mismo tiempo se perjudiquen los intereses de otra, permitiendo la coexistencia de dos sociedades, en una misma rama del tráfico y con un origen común además, con una denominación social similar y por lo tanto fuente de confusión y de inseguridad en el tráfico a nivel de personas jurídicas.

Parece lógico que exista cierta relación entre los registros de Sociedades y de Patentes y Marcas para evitar situaciones confusas como esta, pero la norma no recoge expresamente esta coordinación, aunque si la jurisprudencia, por lo que resulta mucho más equilibrada la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1.985, anterior a la estudiada, que ofrece una solución más acorde con los intereses tanto del tráfico mercantil al nivel de la contratación entre o con sociedades, como del consumidor.

En este caso se trata ya directamente del conflicto entre un nombre comercial preexistente y una denominación social posterior. El fallo en instancia sigue la línea jurisprudencial anteriormente estudiada, basada en la aplicación estricta del artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y sostiene que no cabe entender exista incompatibilidad entre una denominación social y una marca, a pesar de ser idénticas exactamente, lo que es confirmado en apelación.

El Tribunal Supremo, en casación, entiende sin embargo que no se ha llevado a cabo una interpretación teleológica de las dos normas aplicables al supuesto de hecho, a saber, Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Marcas. De esta aplicación teleológica se desprende que el Ordenamiento Jurídico pretende en cualquier caso evitar la confusión o el error, no ya sólo entre las actividades y productos, sino también entre las propias personas jurídicas. De esta forma entiende el Tribunal Supremo que lo correcto es obligar a la sociedad a modificar su denominación social, tal y como solicitaba la sociedad titular de la marca afectada por esta identidad.

"…la decisión rigorista de la instancia, así fundada, es improsperable ya que prescinde de la obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas en juego -Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- en cuanto tienden, ambas, a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, es este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquella ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la m s antigua denominación -por cierto de pura fantasía- a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno."

"...concluyendo en que la mera comprobación, en el Registro Mercantil, por una sociedad anónima, del dato de que no existe registrada una denominación idéntica a la elegida por ella, no agota las posibilidades de que se declare la improcedencia de la denominación social pretendida cuando exista un obstáculo, de sentido contrario a esta pretensión, con entidad ético-jurídica suficiente, tal y como sucede en el presente caso en el que se impone erradicar el riesgo de error o confusión en el mercado, provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos amparados, entre una marca preexistente, notoriamente conocida y una denominación social a la que, por cuanto va dicho y por cuanto obra en autos y más atrás se indica, faltan los principios de novedad y veracidad que, con tanta reiteración como acierto, vienen exigiendo, en interés de la seguridad y celeridad del tráfico…"

También se puede acudir a otras cuestiones que no sean estrictamente registrales, como por ejemplo la notoriedad de la denominación social que se pretende inscribir, aunque no aparezca en ningún registro.

Es el caso que ocupa una serie de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado de entre 11 de octubre de 1.984 y de19 de octubre de 1.984 (RJ 5187 y siguientes), que entiende que la sola presentación de la certificación negativa expedida por el Registro General de Sociedades no es suficiente para aceptar la denominación elegida, pues puede haber otros obstáculos, como por ejemplo, que la denominación elegida sea coincidente con una Entidad deportiva notoriamente conocida.

"…la certificación negativa expedida por el Registro General de Sociedades, y que es necesaria acompañar a la escritura de constitución para que la Sociedad pueda ser inscrita en el Registro Mercantil, sirve como elemento más a tener en cuenta en el juicio que ha de verificar el Registrador en su función calificadora al advertir por una parte que no existe ninguna Sociedad mercantil con una denominación idéntica a la que quiere inscribirse, pero ello no agota todas las posibilidades de su calificación, pues aparte las normas de desarrollo que sobre la expedición de certificaciones se contiene en la resolución de 14 de mayo de 1.968 y que han de tener presente al calificar, también, habrá de apreciar si existe un obstáculo que impida pueda aceptarse la denominación elegida."

En definitiva, parece que existe una íntima relación entre la denominación social y otras figuras como las marcas, rótulos de establecimiento, nombres comerciales, entidades no comerciales de carácter notorio… etc. que han tenido como consecuencia la necesaria práctica de proceder a la consulta previa a otros registros diferentes al de sociedades para ver si existen problemas de identidad o de similitud con otras figuras, presentes o no el tráfico.

La solución, lejos de ser la más perfecta, tiende al menos a cierta seguridad en el tráfico y a la protección de los consumidores.

RESOLUCION: SENTENCIA de 21-10-1994, núm. 917/1994, RJ 1994\9036

JURISDICCION: CIVIL (TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Civil)

"H. P. Hermanos, SA" formuló demanda, en juicio declarativo ordinario de menor cuantía sobre propiedad industrial y modificación del nombre o denominación social, contra "José P. H. e Hijos, SA", quien se opuso y formuló reconvención.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Murcia dictó Sentencia el 30-5-1991 estimando parcialmente la demanda y desestimando la reconvención.

En grado de apelación, la Audiencia dictó Sentencia el 14-11-1991 confirmando la del Juzgado y "adicionando a sus pronunciamientos la prohibición que se señala a la demandada inicial Jos‚ H. P. e Hijos, S.A. de utilizar su razón social como rótulo de establecimiento, debiendo cesar en

el que viene haciendo...".

La actora interpuso recurso de casación.

El TS declara no haber lugar al recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sociedad recurrente, "Hernández Pérez Hermanos, SA" -parte actora en el pleito-, fue constituida por escritura pública de 1 de junio de 1973, viniendo a utilizar dicha denominación como titular de las marcas registradas números 772631, 772632, 772633, 772634 y 772635 y del nombre comercial 70101, para sus actividades de tráfico mercantil y productos conserveros que comercializa, así como rótulos de sus establecimientos.

La entidad recurrida y demandada -"Hernández Pérez e Hijos"- que se segregó de la anterior para constituir sociedad independiente y autónoma, pretendió utilizar como marca y nombre comercial dicha razón social, lo que le fue negado registralmente.

El conflicto de intereses, que surge entre dichas empresas es por su coincidencia en el mercado con lo que constituye su objeto y propia actividad mercantil. La sentencia decretó la prohibición por parte de la referida demandada de utilizar su denominación como marca, nombre comercial y rótulos, por lo que el debate casacional queda delimitado a la impugnación de la desestimación que pronunció el fallo decisorio de apelación, en cuanto a la pretensión de la actora de que la sociedad competidora siguiera utilizando su nombre social, con la consiguiente alteración y modificación del mismo y en relación a su documentación estatutaria social e inscripción registral correspondiente, con exclusión por ello del distintivo "Hernández Pérez".

Conviene hacer constar pronto respecto a la cuestión planteada, que la razón o designación social es requisito para la v lida constitución e identificación de las sociedades anónimas [artículo 2 de la Ley de 17 julio 1951 (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) y correspondiente igual de la Ley vigente de 22 diciembre 1989 (RCL 1989\2737 y RCL 1990\206), en relación al 9 a)], presentándose como nombre propio, exigente para la vida jurídica de la empresa y para acceder al campo de los negocios y transacciones como sujeto de derechos y obligaciones.

Se mercantiliza el nombre social, al utilizarse como nombre comercial, y aplicarse a las transacciones del comercio, cuyo sujeto obligado sigue siendo la propia sociedad interesada e identificada por su propia denominación, con lo que se alcanza dinamismo pragmático en cuanto se proyecta sobre los servicios y productos que la entidad aporta a los mercados. El nombre comercial se introduce en la propia actividad empresarial y no está sujeto a rigorismo est tico, ya que puede ser sustituido y alterado sin que ello repercuta necesariamente en la propia razón social, que mantiene su condición de principal y generadora de los instrumentos legales de protección a las sociedades, como signos distintivos, en el ámbito competitivo de los mercados, para evitar situaciones de confusionismo o de competencia ilegal.

El artículo 76, en relación al 8 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 1988 (RCL 1988\2267), autoriza a utilizar la razón social de las personas jurídicas como nombre comercial, derecho que asiste a la recurrente como sociedad preexistente y que la sentencia en recurso le reconoce. Ahora bien la problemática del posible confusionismo de nombres sociales exige, según el artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se dé situación de identidad entre los confrontados, pues lo que se prohibe es la estricta identidad o igualdad nominal, lo que en el supuesto de autos no se da y así lo declaró el Tribunal de apelación como hecho firme, no debidamente combatido, pues la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es sólo de los apellidos Pérez Hermanos, pero no plena, ya que en ambas denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, pues contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud (artículo 1) y semejanza (artículo 31.1), pero con referencia sólo para las marcas, los nombres comerciales (artículo 81) y los rótulos (artículo 85).

La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda obligada a empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominación social, que no obstante conserva y a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores.

Lo expuesto conduce a la desestimación de los motivos primero y segundo que contienen alegación de haberse inaplicado los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas y 2.2.§ de la Ley de Sociedades Anónimas, pues la decisión del Tribunal de instancia, una vez valoradas adecuadamente las pruebas practicadas, no cabe ser alterada en casación, puesto que no se acreditó ni se justificó debidamente que fuera inadecuada o hubiera incurrido en manifiesta equivocación [Sentencia de 5 marzo 1993 (RJ 1993\2004), que cita las de 2 abril 1990 (RJ 1990\2685) y 4 abril y 8 junio 1991 (RJ 1991\2638 y RJ 1991\4432)].

SEGUNDO.-El motivo tercero, con residencia en el apartado 5.§ del artículo procesal 1692, denuncia infracción por inaplicación indebida del precepto 33.1 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 1988, al sostenerse que si bien la norma prescinde del titular de la marca y no impide a los terceros utilizar en el mercado su nombre completo y domicilio, siempre que el uso no sea precisamente como marca y se haga de buena fe, ello no afecta a las personas jurídicas.

El precepto no hace distinción alguna entre personas físicas y jurídicas. Lo que resulta decididamente claro es la prohibición del uso como marca: Ahora bien, concurriendo buena fe, como en el presente caso, pues la sentencia así lo declara, sin que se hubiera combatido tal circunstancia por la parte que recurre, evidentemente no se puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y obligaciones y por tanto llevar a cabo toda clase de contratos, negocios lícitos y adquirir y poseer bienes, conforme al artículo 38 del Código Civil, que resulta bien expresivo y autorizante. En otro caso, se convertirían en personas jurídicas muertas, lo que es contrario a su propia naturaleza y esencia, máxime tratándose de sociedades de capital.

La sentencia decididamente condena a la recurrida a utilizar su nombre como marca, pero no podía extender su sanción a negarle toda actividad empresarial, como pretende la recurrente. Los apellidos pueden constituir e integrar perfectamente el nombre social; designar y diferenciar a una sociedad de otras, lo que es del todo necesario para su adecuado y normal desenvolvimiento, por lo que el motivo carece de consistencia y ha de ser rechazado.

TERCERO.- La recurrente, invoca en su cuarto motivo inaplicación del artículo 7.2 del Código Civil, argumentando que el mantenimiento del nombre social y la inscripción de la entidad "José Hernández Pérez e Hijos, SA", vulnera sus derechos exclusivos y excluyentes que gozan de la protección del Registro de la Propiedad Industrial.

La sentencia atacada delimitó bien claramente la actividad que se prohibe a la recurrida, por lo tanto sancionó la persistencia y realización de las actividades consistentes en el empleo de la razón social como marca, nombre comercial, rótulo y utilizar cualquier otra denominación que resulte confundible y resulta por tanto perjudicial para la entidad "Hernández Pérez Hermanos, SA", con lo que de esta manera se puso coto a las actividades irregulares y no autorizadas, al cercenarse todo uso abusivo de derecho al empleo del nombre social fuera de los estrictos términos de su adecuada y lícita utilización.

No cabe aventurar actuaciones futuras, que podían ser abusivas de persistir la recurrida en conductas que judicialmente se le prohiben, pues incurriría en responsabilidad al contradecir y desobedecer la decisión judicial firme, que opera como ley para las partes. La estimación de situación del abuso del derecho lo determina el exceso en el ejercicio del mismo o la presencia de la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad legítima, seria y suficientemente justificativa, pudiendo sólo acudirse a su concurrencia en casos patentes [Sentencias de 11 mayo 1991 (RJ 1991\3658), 20 febrero 1992 (RJ 1992\1418), 17 diciembre 1993 y 27 abril 1994 (RJ 1994\3079)]; lo que no sucede en la presente cuestión por lo que el motivo claudica y así declaran las Sentencias de 14 marzo 1989 (RJ 1989\2047) y 5 marzo 1991 (RJ 1991\1718), que el abuso del derecho como la buena fe -cuestiones jurídicas de la libre apreciación del Tribunal sentenciador-, han de resultar premisas de hecho establecidas por la sentencia que se combate casacionalmente, procediendo la revisión fáctica por la vía del número 4.§ del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil, lo que no se planteó, máxime cuando la recurrente obtuvo remedio sentenciador a sus pretensiones, que quedan amparadas por la decisión favorable pronunciada.

CUARTO.- El último motivo contiene la denuncia de incurrir la sentencia recurrida en infracción por inaplicación del artículo 36.d) de la Ley de Marcas, que concede el derecho de que se proceda a la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. La sentencia del Juzgado accedió expresamente a esta pretensión, que oportunamente suplicó la sociedad recurrente. La sentencia de apelación no desestimó expresamente esta concreta solicitud, pues no atendió al recurso planteado por la entidad demandada y su fallo no ha sido correctamente entendido, pues contiene decisión confirmatoria plena de la de instancia, con lo que el motivo carece de toda consistencia impugnatoria y ha de ser forzosamente rechazado.

BIBLIOGRAFIA

1.- Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1.994 (RJ 9036), 16 de julio de 1.985 (RJ 4090), de 28 de noviembre de 1.989 (RJ 7917).

2.- Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 11 de octubre de 1.984 (RJ 5187), 4 de diciembre de 1.968 (RJ 5917), 2 de septiembre de 1.982 (RJ 5363).

3.- Derecho Mercantil, Uría Rodrigo, XXIV Edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1.997, Madrid.

La legitimidad de las expropiaciones legislativas

2006-02-03T17:34:00.000+01:00

Introducción

La intervención legislativa como expropiación forzosa o como delimitación del contenido de los bienes

El control por vía constitucional de la utilidad pública o interés social como causas legitimadoras de la expropiación

La valoración de la indemnización expropiatoria ante la expropiación legislativa

La jurisprudencia civil y la Ley de Costas

Bibliografía

Introducción

A raíz de la promulgación de la Constitución Española de 1.978, se abre un nuevo planteamiento constitucional del problema de las expropiaciones legislativas. Fundamentalmente, las bases para esta nueva visión de este aspecto de la expropiación forzosa viene dado por los artículos 33 y 53 de la Constitución Española.

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 53

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el Artículo 161, 1, a)

A este respecto, el Profesor García de Enterría se plantea tres problemas que resolverá con minuciosidad a lo largo de su trabajo.

En primer lugar se pregunta cuando una intervención legislativa sobre el mundo de los bienes puede calificarse como una expropiación forzosa y no como una mera delimitación de su contenido.

En segundo lugar el control por vía constitucional de la utilidad pública o interés social como causas legitimadoras de la expropiación.

Por último como valorar la extensión de la indemnización expropiatoria cuando nos encontremos ante una expropiación legislativa inequívoca y si la previsión de esta indemnización puede condicionar la constitucionalidad de la ley expropiatoria.

La intervención legislativa como expropiación forzosa o como de limitación del contenido de los bienes.

Partimos del principio general de que la propiedad privada no puede ser tomada para una utilidad pública sin una justa compensación, ya que toda medida expropiatoria exige una indemnización como condición necesaria para su validez, pero también es necesario diferenciar la medida expropiatoria propiamente dicha de la mera regulación o delimitación de la propiedad, que no lleva aparejada indemnización expropiatoria alguna.

Estos principios que recoge la jurisprudencia de los E.E.U.U. es trasladable al Derecho Constitucional español, que diferencia entre la expropiación forzosa indemnizable por razón de su causa, determinada en la utilidad pública o el interés social, y entre la delimitación del contenido de la propiedad que es una competencia legislativa ordinaria y que no requiere indemnización alguna. El profesor García de Enterría cita aquí el artículo 128.1 de la Constitución Española: "toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, esta subordinada al interés general" y el Tribunal Constitucional ha entrado en el problema señalando que la propiedad privada ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 348 del Código Civil. Efectivamente, la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer, ha producido una diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y alcance diversos. Debido a esto, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a este subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. (Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1.987 de 26 de marzo)

El profesor García de Enterría se muestra de acuerdo con esta concepción contemporánea del derecho de propiedad, alineándose así con la inmensa mayoría de la doctrina civilista. Si objeta que esta concepción desgaja o desnuda al derecho de propiedad de su categoría de derecho fundamental, pasando de ser una titularidad subjetiva plena a una mera concesión, resultando ser el Ordenamiento Jurídico español el país occidental en el que Legislador y la Administración Pública muestran una mayor falta de respeto con el otrora sacrosanto derecho de la propiedad privada. Quizás aquí el Profesor García de Enterría exagera un poco al entender que el concepto de propiedad ha pasado, debido a como se entiende hoy la función social del mismo, a convertirse en una concesión, algo que da a entender cierta inseguridad jurídica en cuanto a los bienes y derechos del particular frente a la Administración Pública. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1.986, una de las varias sobre el caso Rumasa, viene a decir que la expropiación forzosa se concibe en los orígenes del estado liberal como el último límite del derecho natural, sagrado, e inviolable, a la propiedad privada; y se redujo, inicialmente a operar sobre los bienes inmuebles con fines de construcción de obras públicas. La expropiación forzosa se ha convertido en un límite negativo del derecho absoluto decimonónico de propiedad poniéndose a disposición de la Administración Pública para el cumplimiento de los fines de ordenación y conformación crecientes en la sociedad actual, pero quedando garantizado siempre al titular del derecho, una causa justa de interés social, que a su vez limita la expropiación forzosa, y el contenido económico de su derecho, siendo estos aspectos fiscalizables por los Tribunales superiores. Además hay que señalar que el la expropiación se requiere el requisito de ser aprobada por ley de forma expresa y singular; algo que no siempre es exactamente así, como veremos después.

Pero con independencia de cada caso particular, hace constar el Profesor, que el concepto legal de expropiación no se reduce a la venta mas o menos forzosa de cosas por razón de obras y servicios públicos, sino que alcanza a toda privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos. Esta idea ha sido constitucionalizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1.988 de 29 de Noviembre extendiendo la garantía expropiatoria del artículo 33.3 de la Constitución Española a toda privación de intereses patrimoniales legítimos acordada imperativamente por los poderes públicos, siempre por causa justificada de utilidad pública o interés social, pudiendo hablarse de una expropiación de derechos más que de bienes.

El control por vía constitucional de la utilidad pública o interés social como causas legitimadoras de la expropiación.

El Tribunal Constitucional ha calificado en dos ocasiones como expropiación las operaciones realizadas por dos leyes en principio absolutamente generales y no referidas a casos particulares. Se trata de la Ley de Aguas de 1.985 y la Ley de Costas de 1.988.

Ambas normas fueron objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad basados en que atacaban el contenido esencial del derecho de propiedad y que incluso lo destruían, obligando a transferencias coactivas por parte de los propietarios a la Administración Pública y sin recibir a cambio compensación indemnizatoria alguna. Estos dos recursos fueron motivo de dos famosas Sentencias del Tribunal Constitucional, la 227/1.988 de 29 de noviembre y la 149/1.991 de 4 de julio.

Realmente resulta difícil de entender como una privación, sin compensación alguna, de un derecho de propiedad que pasa a ser de dominio público, pueda no afectar al contenido esencial del mismo, lo que hace que ni siquiera la forma de Ley que reviste la privación, la haga acorde con el artículo 53 de la Constitución Española.

No obstante esto, ambas sentencias consideraron acorde con la Constitución Española los efectos expropiatorios de las dos normas. En concreto la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1.988 considera que la delimitación legal del contenido de los derechos patrimoniales no puede desconocer su contenido esencial, máxime cuando se trata de una regulación general del derecho. Otra cosa es que esta delimitación suponga para determinadas situaciones jurídicas individuales un despojo, que en ningún caso será acorde a la Constitución Española si no media la correspondiente indemnización. Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo busca en el contenido de la ley, con ánimo integrador, algún tipo de compensación o indemnización que haga legítimas la expropiaciones a las que conduce esta delimitación de derechos o regulación general. Se apoyará para absolver a la Ley de Aguas en la fijación de plazos de hasta setenta y cinco años para todos los derechos de aprovechamiento ganados con anterioridad (antes perpetuos) para apoyarse en su tesis de la delimitación e incluso se servirá de ellos para precisar que la perpetuidad concesional no es compatible con la imprescriptibilidad del dominio público que recoge el artículo 132.1 de la Constitución Española .

En cuanto a las aguas subterráneas no alumbradas, la demanialización que respecto a ellas recoge la ley, no supone expropiación alguna por ser hasta entonces res nullius.

Además, el hecho de que la norma respete la titularidad de los derechos de aprovechamiento hidráulico, que también se demanializan, no se plantea el problema de la indemnización, pues se permite a los interesados mantener su aprovechamiento, con respeto, eso si, a las nuevas normas de aprovechamiento y limitaciones del dominio público hidráulico, no considerándose más que una mera regulación del contenido del derecho de propiedad.

Con ocasión de la demanialización completa de las costas y de la zona marítimo terrestre que se lleva a cabo con la Ley de Costas de 28 de julio de 1.988, vuelve el Tribunal Constitucional a utilizar esta doctrina, pero en este caso matizada y ampliada, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1.991 de 4 de julio. El Profesor García de Enterría entiende que en este caso, el Tribunal Constitucional ha rebajado el nivel de garantía constitucional de la propiedad al declarar ajustadas a la legalidad soluciones poco menos que confiscatorias.

Ciertamente, a pesar de que el Tribunal Constitucional recoge que la demanialización de las costas es una expropiación, y por lo tanto, intrínsecamente indemnizable, deja en cierta imprecisión la cuantificación correcta de la indemnización que corresponde. El Profesor critica abiertamente esta imprecisión, máxime cuando procede del máximo interprete constitucional, permitiendo así que la Administración Pública actúe con entera libertad en esta materia y dejando al expropiado en una situación de indefensión, dentro de un proceso claramente confiscatorio, como decíamos.

Hay diferencias en el régimen de la Ley de Costas que difieren del planteado en la Ley de Aguas y que antes analizaba someramente.

La Ley de Costas no reconoce un derecho de opción a los hasta entonces propietarios de los bienes ahora demanializados para permanecer en su régimen anterior, lo que sirvió al Tribunal Constitucional en el caso de la Ley de Aguas para justificar el carácter expropiatorio de la norma. En este caso lo que se articula es que los titulares dominicales privados de los ahora bienes de dominio público marítimo-terrestre pasan a ser titulares de un derecho de concesión por treinta años prorrogables otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes y sin obligación de abonar canon.

Ante estas disposiciones, el Tribunal Constitucional se ve en el dilema de salvar unas medidas obviamente expropiatorias, que convierten la propiedad privada en una concesión administrativa limitada en el tiempo. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional argumenta que en base al artículo 132.2 de la Constitución Española, todos los espacios en ella recogidos se integran en el dominio público, encomendándose al legislador el establecimiento de su régimen jurídico. El Profesor García de Enterría interpreta que el Tribunal Constitucional plantea este argumento para inmediatamente rechazarlo, además, esta presunta nacionalización no excusa de la correspondiente indemnización en aplicación del artículo 33 del texto constitucional. Ciertamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional recoge que el hecho de ejecutar el mandato del 132, no sólo implica establecer el régimen jurídico del dominio público, sino también ofrecer soluciones concordes con los derechos que, simultáneamente, la Constitución Española consagra, como son el derecho a la propiedad y a la indemnización en caso de expropiación. Viene entonces el Tribunal Constitucional a dejar sentado que la demanialización de propiedades privadas operada por Ley de Costas es, pues, rotundamente una expropiación y sólo puede justificarse si va acompañada de la pertinente indemnización.

La valoración de la indemnización expropiatoria ante la expropiación legislativa.

El Tribunal Constitucional resolvió en el recurso ante el presentado en relación al carácter expropiador de la Ley de Costas argumentando que la insuficiencia de la indemnización concedida comporta en principio la inconstitucionalidad de la norma que fija la indemnización. Es necesario matizar esta apreciación. Entiende el Tribunal Constitucional que la norma no puede atender a cada caso concreto, sino que ha de buscar un proporcional equilibrio entre el valor del bien expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida, y que solo puede considerarse inconstitucional cuando ese equilibrio no se de. No obstante, la valoración abstracta del bien expropiado es desde el punto de vista del Tribunal Constitucional el equivalente al valor del mismo, dejando siempre abierta la posibilidad de revisar esa valoración abstracta dentro de un juicio concreto que no puede negarse desde el punto de vista de el principio del derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución Española. Se deja abierta así la puerta a los propietarios de los bienes expropiados, ahora concesionarios, para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acto administrativo y solicitar un complemento a la indemnización fijada en la Ley.

Es decir, la previsible variedad de bienes demanializados a través de la Ley de Costas no admite un único baremo a la hora de indemnizar. Habrá que estar al caso concreto, y el Tribunal Constitucional sin negar la constitucionalidad de la norma y considerando ajustado a derecho la indemnización en forma de concesión, admite al mismo tiempo el derecho de los propietarios despojados de su derecho, acudir ante los tribunales para, si no consideran equitativa la indemnización, solicitar un complemento a la misma en función de las especialidades de su caso particular.

Esto resulta lógico. El Tribunal Constitucional no parece el órgano adecuado para ocuparse de los procesos de valoración de las numerosas situaciones individuales que provoca la Ley de Costas, y si la suficiencia o no de la indemnización implica o no la inconstitucionalidad de la norma. En este aspecto concreto, el Profesor García de Enterría, en un principio se lamentaba de que el Tribunal Constitucional no desarrollara de forma más explícita un mecanismo para solucionar estos problemas, pero posteriormente, a mi entender en un argumento contradictorio, explica que el Tribunal Constitucional no es el lugar adecuado a estos procesos de valoración. Entiendo que quizás se refiera a que hubiera debido establecer unas pautas generales a seguir por los tribunales inferiores.

Esta doctrina del Tribunal Constitucional es muy importante, pero actualmente tiene aún mayor interés de cara a la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a resultas del artículo 139 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En concreto, ahora las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos.

Esta nueva regulación tiene varias consecuencias, según el Profesor.

En primer lugar, las leyes de naturaleza expropiatorio que no prevean en su propio texto la correspondiente indemnización serán inconstitucionales.

Además la indemnización prevista ha de ser suficiente desde el punto de vista constitucional, en una visión abstracta de los supuestos.

Por otra parte, las normas expropiatorias que establezcan las indemnizaciones de forma taxativa y cerrada serán inconstitucionales, de acuerdo con la doctrina entes comentada, en vulneración del artículo 24 de la Constitución Española.

Los criterios genéricos de indemnización han de superar el criterio de proporcional equilibrio y estarán condicionados de manera que puedan ser ponderados, concretados y modulados por el juez.

Finalmente, la reclamación judicial en relación a la ponderación de indemnizaciones deberá articularse a través de la acción de responsabilidad patrimonial de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1.992, lo que supone un problema en relación a la brevedad del plazo de prescripción

El Profesor García de Enterría concluye admitiendo la constitucionalidad de la Ley de Costas una vez corregida la omisión que presenta con este régimen anteriormente descrito.

La jurisprudencia civil y la Ley de Costas

Como colofón a su exposición, el Profesor hace una referencia a la jurisprudencia civil, que ha admitido en alguna ocasión la pervivencia de titularidades dominicales privadas en enclaves de dominio público cuando estos resultan de sentencias firmes. Argumenta esta doctrina que el artículo 132 de la Constitución Española no suprime de forma imperativa y plena las titularidades dominicales privadas existentes amparadas en una legítima adquisición, ni puede tener una trascendencia confiscatoria que prohibe el artículo 33 del mismo texto constitucional.

El Profesor García de Enterría considera esta inesperada reviviscencia de los derechos dominicales privados tras la Ley de Costas, una consecuencia de la imperfecta resolución del problema de las indemnizaciones que dio la Sentencia del Tribunal Constitucional, y la necesidad de un estudio individualizado de las mismas.

Bibliografía

Revista de Administración Pública, nº 132, páginas 131 a 152, Eduardo García de Enterría, Las expropiaciones legislativas desde la perspectiva constitucional. En particular el caso de la Ley de Costas. Septiembre-diciembre de 1.993 Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Revista de Administración Pública, nº120, páginas 229 a 263, Juan Manuel Alegre Avila. El derecho de reversión en las expropiaciones legislativas. El caso Rumasa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Septiembre-diciembre de 1.989. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Curso de Derecho Administrativo II, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Editorial Civitas, 4ª Edición 1977-1993, Madrid.
Elementos de Derecho Civil III, Volumen 1º, José Luis Lacruz Berdejo y otros, Editorial José Mª Bosch, Reimpresión 1.991, Barcelona.