26 de febrero de 2007

Juzgados: Retrasos y falta de respeto

La desatención y el comportamiento irrespetuoso de funcionarios y jueces con ciudadanos inmersos en pleitos generó en 2006 un total de 1.078 quejas y denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial. El 52% de esas protestas fueron por mal trato dispensado por funcionarios, y un 35% se las repartieron los jueces (un 23,2%) y los fiscales (un 12,4%). Estos usuarios denuncian atención deficiente y trato descortés. Las quejas y reclamaciones contra el funcionamiento en general de la Administración de Justicia ascendieron el año pasado a 12.633 (frente las 11.000 de 2005), según un informe del Consejo del Poder Judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los retrasos, las instalaciones y la deficiente atención al ciudadano son los principales motivos de queja de los usuarios de los juzgados y tribunales españoles. El 75% de las irregularidades denunciadas a la Oficina de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, 9.518, fueron por el anómalo funcionamiento de los juzgados y tribunales, y de éstas, más del 50% son porque la justicia ni es ágil (retrasos) ni tecnológicamente avanzada.

La mayoría de las quejas obedecieron a las largas demoras que se producen desde que se plantea el pleito hasta que se cierra. Sólo la Sala Civil del Tribunal Supremo acumula entre tres y cinco años de retraso antes resolver un caso con sentencia. A ello se unen las demoras en los juzgados y luego en las audiencias provinciales. Los juzgados mercantiles de Madrid están señalando vistas ahora para 2009. "El número mayor de motivos de reclamación que se registra es el relativo a la dilación de la tramitación de los procedimientos (...) Y en la mayoría de los casos tiene que ver con una deficiente dotación de las plantillas y de los mecanismos para la cobertura de bajas, vacantes y vacaciones" del personal judicial, señala el Consejo en su informe.

Hasta 4.294 quejas fueron debido a que se vulneró el derecho del usuario a una justicia rápida y a ser informado de las causas del retraso. En España hay unos 4.400 jueces y magistrados, que en 2006 tramitaron la cifra récord de más de 8 millones de asuntos. 357 quejas lo fueron por falta de transparencia en órganos judiciales. Es decir, por deficiente información sobre horarios de juicios, acceso a las diligencias, o información telefónica inadecuada; 239 personas se quejaron de que sus juicios habían sido suspendidos sin haberles informado de ello, perdiendo una mañana o un día de trabajo. Y 51, por impuntualidad de jueces y funcionarios a la hora de cumplimentar los actos prefijados.

El Consejo destaca los problemas que están sacudiendo los juzgados de primera instancia e instrucción que hacen guardias y tienen que ver sobre la marcha asuntos de violencia doméstica urgentes. Según el Consejo, la dedicación del juez a la atención de estas causas está generando retrasos fuera de lo común en otras causas más complejas que llevan estos mismos juzgados.

También abundan las reclamaciones por deficientes instalaciones, que obligan a agresores y víctimas a esperar en el mismo pasillo a que el juez les reciba. "Sigue siendo un problema", señala el informe, "la adaptación de los edificios a la necesidad de proteger a las víctimas y facilitar el acceso a los discapacitados. Llama la atención que en edificios de reciente construcción que se han rehabilitado para la ubicación de dependencias policiales", añade, "sigan existiendo barreras arquitectónicas (111 quejas ha habido por este motivo) y que no existan salas de espera diferenciadas (un total de 25)".

La oficina que se encarga de tramitar las quejas de los ciudadanos pertenece al Consejo y con ellas trata de identificar los principales defectos del servicio público de la justicia en España y buscarles una solución. Y si entiende que la queja es disciplinaria, tiene obligación de derivarla a los servicios de inspección para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables. Pero apenas si se adoptan medidas contra nadie. El año pasado sólo se tramitaron cinco expedientes disciplinarios.

Fuente El País

2 comentarios:

Rafael del Barco Carreras dijo...

!UN PEDERASTA ANDA SUELTO!

¡ES VOMITIVO!



Rafael del Barco Carreras



¡Un pederasta anda suelto! Los que hemos sido empresarios sabemos que aplicando la FILOSOFÍA LABORAL que reina en la Administración Pública, la JUSTICIA, nuestra empresa hubiera QUEBRADO, o sea, todos a la CALLE. Es la gran diferencia, ¡y viene de siglos!, entre las decenas de millones de españoles que trabajan con el sudor de su frente, EMPRESARIOS Y TRABAJADORES, y los que lo hacen para el ESTADO. Simplemente es el Franquismo, lo de siempre, el Funcionariado no trabaja, FUNCIONA, ¡a su aire!. Y todos sabemos que sin un mínimo de disciplina, exigencia, sana ambición y entrega por ambas partes ninguna empresa humana consigue sus objetivos, y esa PROPIEDAD DEL CARGO O DESTINO cuando tras las “oposiciones”, entre comillas, se encaraman a la FUNCIÓN PÚBLICA convierte esa función en un chollo para el propietario y la mayoría de las veces en una pesadilla para el que pretende el SERVICIO PÚBLICO.

Los PROGRES CATALANES que ganadas las elecciones a la Generalitat metieron las narices en la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, sentenciaron que aquello era un desastre, el 30% de abstenciones laborales, eso… y que en la propia Generalitat había una larga lista de gente que nunca apareció por su lugar de trabajo, que nadie conocía. Pero ¿hubo despidos masivos? ¡Ni hablar! Todo sigue igual.

Yo estaba entonces en prisión y entre las absurdas esperanzas creí que se me agilizarían algunos de los eternos expedientes… y salí siete días después de cumplir la totalidad de la condena. El socialista juez de Vigilancia Penitenciaria Joseph Lluis Albiñana Olmos, primer presidente de la inicial Generalitat Valenciana, hoy ascendido a Magistrado de Sala, el del “arrepentido de Javier de la Rosa”, estaba de viaje, o eso dijeron sus empleados a mi mujer y abogado. Yo salí siete días después por una vieja estafa (las letras de una sociedad donde precisamente el presidente fuera Antonio de la Rosa, padre de Javier), y los asesinos y violadores de Hospitalet, o los violadores y asesinos de Nou Barris… bajo su jurisdicción… tan campantes de permiso…y violaron y asesinaron… 2004, y nadie se acuerda ni de los hechos, de las víctimas, la Junta de Tratamiento de Brians, ni menos del Juez que sigue impartiendo Justicia.

La JUSTICIA está en quiebra por culpa de sus trabajadores, y el PUEBLO, el dueño del negocio, cede por la fuerza de la Historia esa propiedad a sus TRABAJADORES, que controlan a su aire la empresa en perfecta AUTOGESTIÓN, y nadie quiere meter mano a esa BARBARIDAD. Total, un mejunje endogámico y amigocrático, donde tiene cabida toda la arbitrariedad y corrupción imaginable.

Rafael del Barco Carreras dijo...

RAFAEL JIMÉNEZ DE PARGA, EN EL BANQUILLO EL 5 DE MAYO PRÓXIMO,
Y REVOCAN EL TERCER GRADO A LUIS PASCUAL ESTEVILL.
INSISTIENDO EN LOS 30 AÑOS DE LA GRAN CORRUPCIÓN BARCELONESA.

Rafael del Barco Carreras

27-04-09. !!! HAN PASADO QUINCE AÑOS!!! No puedo menos que recomendar y adjuntar parte del artículo publicado hoy en EL CONFIDENCIAL, firmado por Antonio Fernández. Y no comentaré... en www.lagrancorrupcion.com y www.lagrancorrupcion.blogspot.com está más que claro en manos de que gentuza caí, Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Rafael Jiménez de Parga, abogado del Ayuntamiento de Narcís Serra... y demás... el porqué de mis tres años "preventivo" en La Modelo. Han pasado casi treinta años, algo clarea, pero poco... y de lo del artículo (cuyos créditos bancarios provenían del Banco Garriga Nogués, o sea, Javier de la Rosa... QUINCE años!!!... de juzgado en juzgado, de sobreseimiento... a más corrupción... hasta que algunos JUECES Y FISCALES dignos... que por lo que veo también los hay, !a mí no me tocaron, más mala suerte la mía!...

http://www.cotizalia.com/cache/2009/04/27/noticias_64_supremo_sienta_banquillo_antigua_cupula_banesto_denuncia.html

El próximo día 4 de mayo, el ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el ex director general, José Ángel Merodio, se sentarán en el banquillo de los acusados. Al día siguiente, lo harán el ex director regional de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama y el abogado externo del banco Rafael Jiménez de Parga. ¿El motivo? Cuatro delitos continuados de acusación y denuncia falsa y un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa, según las acusaciones particulares y la calificación del Ministerio Fiscal.

Es uno de los flecos que todavía colea y que está relacionado con las delictivas actuaciones que el ex juez Luis Pascual Estevill había desplegado desde los juzgados barceloneses en su época de mayor gloria. Y de un tema que la Audiencia había archivado hace unos años se ha llegado al banquillo de su Sección Tercera porque el Supremo ordenó proseguir el caso hasta el final, hasta la última depuración de responsabilidades.

Ciertamente, los designios del destino son inescrutables. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acaba de estimar un recurso de la fiscalía y ha anulado el tercer grado penitenciario al ex juez Luis Pascual Estevill, condenado por prevaricación y por delito fiscal. El ex magistrado gozaba de los beneficios del régimen abierto desde noviembre pasado, cuando la Generalitat de Cataluña le permitió salir de la cárcel y volver a ésta sólo para dormir.